YSMEL SERRANO : "La Fiscalía debe investigar cómo ingresan armas y drogas a las cárceles"

Por Venezuela Real - 25 de Mayo, 2008, 16:15, Categoría: Seguridad/Inseguridad

EDGARD LÓPEZ
El Nacional
25 de mayo de 2008

Aunque se duplicaron los grupos técnicos de evaluación psicosocial de los internos, Serrano admite que son insuficientes, al igual que los encargados de evitar la reincidencia de reos con medidas alternativas de cumplimiento de pena
Diez funcionarios administrativos fueron denunciados por corrupción
Esperamos que con la creación de una policía penitenciaria se elimine ese gran flagelo que tenemos con la Guardia Nacional, dijo Serrano

Desde hace tres meses, Ysmel Serrano está al frente de la Dirección de Custodia y Rehabilitación del Recluso del Ministerio del Interior y Justicia, tiempo suficiente para verificar que los funcionarios civiles y militares encargados de la seguridad en las prisiones son piezas clave de la violencia y corrupción que vician el sistema penitenciario, ya sea para combatir el delito o para promoverlo.

Serrano, quien es abogado y politólogo, informó que desde enero hasta principios de mayo se han realizado 55 requisas en las 31 cárceles del país, las cuales han permitido incautar 48 revólveres, 61 pistolas, 21 escopetas, dos subametralladoras, 33 granadas y 5.165 proyectiles, así como 2.341 porciones de marihuana y 451 de cocaína. Sin embargo, destacó el funcionario, que nada ha trascendido sobre las averiguaciones que debería realizar el Ministerio Público para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

"En la actualidad, tenemos excelentes relaciones con el Ministerio Público, pero cuesta ver a fiscales metidos en las cárceles, investigando todo lo que allí ocurre, porque ¿quién mete drogas y armas en las cárceles? ¿Será que tienen paticas? Esperamos que con la creación de una policía penitenciaria se elimine ese gran flagelo que tenemos con la Guardia Nacional. Ahora va haber un solo ente rector de la custodia tanto interna como externa de las cárceles.

La idea es que esta institución forme parte de la nueva policía nacional, pero bajo el mando de la Dirección de Custodia y Rehabilitación del Recluso.

–La adscripción de la policía penitenciaria a dicha dirección podría violar las disposiciones de la nueva ley en materia del órgano rector.
–No, no debería haber ningún problema. Ya tenemos 300 muchachos al pie del cañón que van a formar parte de la policía penitenciaria. El propósito es entrenarlos como custodios asistenciales humanistas para cambiar la visión actual del vigilante represor a la del servidor humanista.


Crearemos la universidad de las ciencias penitenciarias para contar también con técnicos superiores y licenciados.

A pesar de la insistencia periodística, Serrano no quiso precisar el número de vigilantes que laboran en las prisiones. Sólo informó que, en lo que va del año, han ingresado 825 nuevos custodios, luego de realizar un curso intensivo de dos meses en el Instituto Universitario de Policía Científica (Iupolc). Deben ser bachilleres y no tener antecedentes penales.

A mediados de abril se habría aprobado un ajuste de las remuneraciones de los custodios. Aunque siguen devengando salario mínimo, percibirían un aumento de la prima de riesgo hasta 500 bolívares fuertes, y de cestatickets hasta 300 bolívares fuertes. Se espera que la ejecución de tales incrementos se ejecute antes de que culmine 2008, porque depende de la aprobación de un crédito adicional.

–¿Por qué se ha prescindido del Instituto Universitario de Estudios Penitenciarios?
–El Iunep fue creado bajo una concepción no sé si neoliberal, pero sí elitesca. Yo, personalmente, he llamado a 56 egresados del instituto y ninguno quiere trabajar en el sistema penitenciario, a menos que sea en cargos de director.

Lo que se hizo con esos muchachos del Iunep fue caerles a mentiras. Los formaron bajo un engaño y de espaldas a la realidad administrativa.

Vigilancia extramuros.

La reciente decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que permite la concesión de beneficios procesales y medidas alternativas de cumplimiento de la pena a reos de delitos graves, como homicidio, violación y secuestro, obliga a una mayor diligencia del Ministerio del Interior y Justicia en la evaluación psicosocial requerida por el juez que, en definitiva, aprobará o no, la excarcelación.

Serrano reveló que hasta hace aproximadamente un mes sólo existían once equipos técnicos. Cada uno integrado por un abogado, un trabajador social y un psicólogo para realizar los respectivos exámenes. Que sólo las siete prisiones de la región capital contaban con un equipo, y los cuatro grupos restantes prestaban servicios en forma itinerante para las otras 34 cárceles del país. Aseguró que ahora existen 12 equipos más, y que la meta es crear un total de 40 en el transcurso de 2008, para lo cual hay 120 profesionales en fase de captación.

–¿Qué información tiene sobre hechos de corrupción en estos equipos de evaluación?
–Estamos revisando todo eso.

Hemos puesto a la orden de la Fiscalía cerca de diez funcionarios por presunción de hechos de corrupción. En Maracay, por ejemplo, detectamos el caso de tres personas presuntamente incursas en este tipo de irregularidades.

–¿Y en La Planta, donde algunos presos han denunciado que deben pagar hasta dos millones de bolívares por obtener un informe psicosocial favorable?
–A través de una Dirección de Asuntos Internos estamos recabando información y hemos pedido la participación del Ministerio Público.

Igual de preocupante, y así lo admite el Director de Custodia y Rehabilitación del Recluso, es el déficit de delegados de prueba, que son los funcionarios encargados de hacerle seguimiento a los reos beneficiados con alguna modalidad de prelibertad, lo cual incluye el contingente que se supone saldrá de las cárceles como consecuencia del referido fallo del TSJ.

Hay 246 delegados de prueba para atender 14.596 presos, a los cuales se ha concedido destacamento de trabajo, régimen abierto, libertad condicional, confinamiento, suspensión de la ejecución del proceso o suspensión de la ejecución de la pena. Es decir, cada delegado de prueba debe atender, en promedio, a 59 reos. Y la atención implica: visitar el hogar del recluso, entrevistarlo a él y a sus familiares, constatar su actividad laboral, visitar los tribunales de cada causa y verificar el estado en que se encuentran y, si fuera necesario, proporcionar orientación y promover medidas para evitar que el preso reincida en el delito.

En total, hay 22.832 presos en Venezuela.

–¿Esta proporción entre el número de delegados de prueba y los reclusos que deben atender permite un cabal acompañamiento del reo que sale de la cárcel?
–Como revolucionarios que somos, estamos aquí para admitir las debilidades estructurales que existan y hacer el mayor esfuerzo por corregirlas. Yo le decía al ministro –Ramón Rodríguez Chacín– que la humanización de nuestras cárceles comienza con la dignificación de nuestros funcionarios.

 

Ya tenemos 300 muchachos al pie del cañón que van a formar parte de la policía penitenciaria
El Iunep fue creado bajo una concepción no sé si neoliberal, pero sí elitesca
 





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