BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN : "Estamos ante una ley totalmente represiva"

Por Venezuela Real - 1 de Junio, 2008, 12:32, Categoría: Estado de Derecho

VANESSA GÓMEZ
El Nacional
01 de junio de 2008

Ficha personal: Abogada ; graduada en la UCV; especialista en derecho penal : Magistrada de la Sala Penal
Criticó la nueva norma de inteligencia y contrainteligencia
La magistrada de la Sala Penal del TSJ asegura que el decreto de la Ley Habilitante es peor que el derogado código de enjuiciamiento criminal. En relación con la denuncia en su contra, que cursa ante el Consejo Moral Republicano, dijo que tiene elementos suficientes para demostrar que actuó de acuerdo con la ley

La nueva Ley del Servicio Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia sigue levantando opiniones en contra por parte de expertos penalistas y criminalistas, entre ellos una de las autoridades de la máxima instancia judicial del país.

La magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia Blanca Rosa Mármol de León manifestó que se siente horrorizada por la norma que se dictó bajo el amparo de la Ley Habilitante. Dice que atenta contra el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Penal y, por supuesto, contra la Constitución.

"Esta ley horrorosa viola el derecho a la defensa que está establecido en el COPP y la carta magna, el control de la prueba establecido en el COPP y el control judicial de las pruebas, también del COPP y la Constitución", señaló Mármol de León.

Manifestó que no se debe olvidar que el derecho al debido proceso es uno de los preceptos de los tratados internacionales, especialmente el Pacto de San José.

Indicó que no existe motivo justificable para aplicar una ley que calificó de represora, inoportuna y descontextualizada.

"Este es el código de enjuiciamiento criminal pero reforzado, un COPP paralelo, es volver al enjuiciamiento criminal en peores condiciones.

Mi opinión es que esta es una ley totalmente represiva que además fomenta la delación", expresó la magistrada.

–Ya la ley es un hecho, ¿hay algo que se pueda hacer para evitar su aplicación?
–Hay que intentar un amparo contra la norma o un recurso de nulidad. La diferencia es que el de nulidad se hace por un procedimiento por la vía contenciosa, y el de amparo es a través de la vía constitucional contra el acto del Presidente.

–¿Quiénes pueden intentar esos recursos?
–Yo creo que los penalistas y abogados en general deben ejercer todos los recursos necesarios para ir contra esta norma, absolutamente.

–¿No cree que pueden acusarla de estar adelantando opinión como magistrada del TSJ?
–Yo me puedo pronunciar al respecto como penalista. Además, no formo parte de la Sala Constitucional ni de la Sala Político Administrativa. Puedo dar mi opinión, porque las objeciones a la ley no las va a decidir la Sala Penal.


–¿Qué consecuencias cree que tendrá esta ley?
–Lo que más se va a entender es que se obliga a la delación. Indudablemente la gente se va a atemorizar. Es peligrosa la aplicación porque las personas, aunque no sepan nada de lo que les preguntan, por temor a ser juzgadas pueden comprometer a alguien inocente.

Sin sentido.

En relación con la denuncia que cursa en su contra ante el Consejo Moral Republicano, Mármol de León dijo: "No tiene sentido.

Primero, por lo extemporáneo; segundo, porque hay cosa juzgada por parte de la Sala Constitucional; y tercero, porque como una reacción –que no sería deseable– a alguna actuación de mi parte, resultaría inexplicable".

Sostuvo que si se aplica la equivalencia con el proceso disciplinario de los jueces, debe determinarse que la acción prescribió, porque data de cuatro años. El caso por el que es investigada tiene que ver con una solicitud de avocamiento de los directivos de Súmate en 2004, que alegaron que la fiscal 6ª, Luisa Ortega Díaz, violaba sus derechos.

La magistrada decidió solicitar el expediente a la funcionaria para verificar si procedía el avocamiento y un día después se armó el escándalo.

–¿Siempre que se va a resolver un avocamiento se pide el expediente?
–Sí, eso no significa declarar con lugar el avocamiento. De hecho, un mes después, en la Sala Penal, se declaró procedente un nuevo avocamiento solicitado por Súmate, en el cual se les concedió que el juez de control les diera acceso a las actas, les admitiera las pruebas y ordenó hacer frente al juicio en libertad. Esa fue una sentencia de Alejandro Angulo Fontiveros.

–¿Entonces sí se podía revisar el expediente?
–Claro, esa decisión me dio la razón.


–¿No hubo reacción de la Fiscalía ante esa segunda decisión?
–Nada, yo lo único que hice fue un movimiento mínimo y la reacción fue más que máxima.

–¿Por qué tenía tanto celo Ortega Díaz para mostrar el expediente?
–Hace pensar que había irregularidades, como en efecto quedó demostrado con la decisión del otro avocamiento que le dio la razón a los solicitantes.

–¿Por qué cree que la Fiscalía tuvo dos reacciones tan contrastantes?
–Para mí es inexplicable. Me he hecho esa pregunta mil veces, porque era la misma situación. La respuesta a esa pregunta la tendrá ella.

Consecuencias

–¿No cree que haber salvado el voto en el caso de la audiencia de Carlos Giménez pudo haber acarreado este proceso? Decidieron investigarla en una sesión extraordinaria del Consejo Moral Republicano, justo después de su voto salvado.
–No tendría coherencia, porque la fiscal Ortega Díaz, al finalizar esa audiencia, me dio la razón sobre la realización del juicio en ausencia.


–¿No puede ser que existan presiones para sacarla de su cargo?
–No tengo la menor idea.

Y me sorprendería mucho, porque yo he visto mucho apoyo de los magistrados aquí. Más bien no ven bien el procedimiento.

–¿Se jubilaría para evitar el procedimiento ante el Consejo Moral Republicano?
–Ni me jubilo ni me jubilan, en ningún caso lo haría. En mi caso, el período se termina en 2012. Por eso me gusta decir que me voy el mismo año que Hugo Chávez.

¿Independencia?

–Hay sectores que opinan que no existe independencia judicial en el país. ¿Cuál es su percepción desde el Poder Judicial?
–El problema es que no hay estabilidad para los jueces.

Se evidencia por las innumerables destituciones que ha habido. Jueces que han sido destituidos por una simple comunicación, sin que se les haya hecho un procedimiento disciplinario y sin haber tenido derecho a la defensa. Eso es lo que determina la inseguridad, la inestabilidad y, en definitiva, el miedo.

–Usted es una magistrada del TSJ, ¿no le correspondería tomar acciones para que esa situación no continúe? –Yo me siento muy mal y preocupada porque no puedo impedirlo, porque a pesar de que estoy en el TSJ no estoy en el área que se ocupa de los asuntos de los jueces, que corresponde a la Comisión Judicial. Yo luché como presidenta de la Asociación de Jueces para que se eliminara el Consejo de la Judicatura, para que fuera el TSJ el que tuviera el control disciplinario.

Para mí es triste comprobar que no resultó como yo me lo esperaba.

–¿Tienen razón los informes de instancias internacionales como la CIDH, que muestran preocupación en materia de aplicación de justicia en el país?
–Bueno, yo estoy preocupada. Quisiera que los jueces no siguieran siendo destituidos sin procedimiento, que tuvieran derecho a la defensa y que se respetaran sus decisiones.

Esos informes, en lo que se refiere a la parte judicial, sí están en lo cierto.

–¿Cree que esto pueda mejorar?
–Yo nunca pierdo las esperanzas. Durante toda mi carrera he luchado por eso. Esta debería ser una etapa más, ya vivimos la del Consejo de la Judicatura; estamos en la del TSJ, de la DEM y la Comisión Judicial.

Confío en que haya una reflexión y que en algún momento decidamos que si queremos tener tranquilidad debemos darle estabilidad a los jueces, porque esa es la única garantía de paz.

–¿No es usted ahora víctima del tipo de procedimiento que critica?
–Exactamente. La situación es esa porque yo hoy como magistrada estoy siendo investigada, pero por una decisión que ni siquiera llegué a tomar; es todavía más extremo. En todo caso, es un acto derivado de mi condición de juez. Los magistrados estamos expuestos igualmente, sufrimos lo mismo que pasa con todos los jueces de la República.

–¿Qué mensaje enviaría a los jueces que comienzan sus carreras en esta coyuntura?
–Cada juez en Venezuela, si quiere ser autónomo, cuando toma una decisión tiene que pensar que puede ser la última.
 
 "Quisiera que los jueces no siguieran siendo destituidos sin procedimiento, quisiera que tuvieran derecho a la defensa y que se respetaran sus decisiones"






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