Inhabilitaciones antidemocráticas

Por Venezuela Real - 1 de Junio, 2008, 12:56, Categoría: Estado de Derecho

Juan Martín Echeverría
El Universal
01 de junio de 2008

El Poder Electoral está pronunciándose contra su propia jurisprudencia

El populismo desemboca, irreversiblemente, en negar la representación de las múltiples tendencias que deben hacer vida política en el país, cuando en democracia son indispensables las vinculaciones entre las distintas organizaciones partidistas, por ello debe resaltar tanto la capacidad de confrontación como la disposición al diálogo. En definitiva, ningún partido político puede dedicarse a destruir el orden establecido, porque tarde o temprano éste será esencial para su propia existencia.

En ese escenario la Contraloría procede a la inhabilitación de conocidos dirigentes de la oposición, con posibilidades reales de convertirse en gobernadores y alcaldes por elección popular. Mas grave aún, en fecha reciente el titular del organismo se permitió mofarse de los afectados, al sostener que no habían ejercido oportunamente sus derechos. Por supuesto que no mencionó la diabólica triangulación Ejecutivo-Contraloría-CNE, que niega los derechos políticos de electores y elegidos.

Abuso de poder

Está en discusión no sólo que la Contraloría, en un abuso de poder, inhabilite a determinados opositores, sino que es injustificable la combinación con el CNE y la evidente manipulación para beneficiar a los candidatos del régimen. Si a todo lo anterior agregamos las decisiones de la Sala Constitucional, es indudable que los ciudadanos nos encontramos en un callejón sin salida, ya que mediante la acción de un funcionario nos arrebatan el derecho a elegir a los mejores. Como lo resalta Alberto Arteaga, la pretendida inhabilitación política puede convertirse en un indulto popular, al expresarse el pueblo respaldando a los candidatos inhabilitados a dedo.

Se quiere desconocer el derecho que tiene cualquier ciudadano a ser juzgado por sus jueces naturales, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el principio de legalidad, ante las inhabilitaciones que son la expresión manifiesta de la desviación de poder. Por si fuera poco, la normativa se refiere a funcionarios públicos designados y jamás a funcionarios públicos de elección popular: se atropella la segura investidura de gobernadores y alcaldes por ser disidentes, y sin lugar a dudas los mejores.

La inhabilitación política es una pena accesoria de una sanción principal, que condena en base a una sentencia definitivamente firme a un funcionario. En el caso que nos ocupa se trataría de multas, pero la presunta pena accesoria es muy superior a la sanción principal y evidentemente no hay proporcionalidad, que es un principio universal del derecho. Es nefasta la discrecionalidad que le permite a la Contraloría inhabilitar a quien le dé la gana, sin disponer los afectados, en la práctica, de los recursos que existen en nuestra normativa, por la preponderancia que ejerce el Ejecutivo. El Poder Electoral está pronunciándose contra su propia jurisprudencia y de espaldas a la Constitución.

Degradación

La degradación política nos hace un daño inmenso, la violencia verbal enardece a las masas populares y el toque de fascismo duro no resuelve las desigualdades sociales y potencia la conflictividad. Las libertades conquistadas se han logrado en base al crecimiento de los espacios democráticos y la participación no es la simple protesta (hay demasiadas y por innumerables razones), sino el anhelo de los ciudadanos en que se resuelva la crisis de la vivienda, la inseguridad, el trabajo permanente, la salud y la educación. La oposición debe unificar el discurso y la acción, seleccionando el candidato con mas probabilidades de triunfo, aparte de luchar en la calle y en todas las tribunas contra estas inhabilitaciones y tomar los espacios públicos, rechazando la antipolítica, que culmina aniquilando la convivencia. La participación política es la dinámica de los ciudadanos exigiendo la aplicación de los principios constitucionales: eso si es democracia.

El desiderátum es que una organización partidista puede ser gobierno y después oposición, y para ello necesita un marco de fondo que garantice el respeto a las minorías, porque así puede gobernar y luego hacer oposición. Se puede ser gobierno una y muchas veces y él o los partidos políticos que gobiernan pueden ser desplazados una y muchas veces; la alternabilidad es básica, porque el ejercicio del poder político desgasta, corrompe, enloquece a la larga a quienes lo ejercen y nuestra obligación es sustituirlos.

Preocupa el respaldo a la FARC, intimida la excesiva militarización del régimen, los rasgos antipolíticos del oficialismo y la calidad y cantidad de sus desvaríos y arbitrariedades.





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