Sólo los jueces pueden inhabilitar a candidatos a cargos de elección

Por Venezuela Real - 1 de Junio, 2008, 12:19, Categoría: Estado de Derecho

JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
01 de junio de 2008

El contralor Russián ha dictado centenas de inhabilitaciones desde 2002

El contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, no puede impedirle a ningún ciudadano postularse para presidente de la República, diputado, gobernador, alcalde o concejal, pues esa es una potestad que tienen única y exclusivamente los jueces.

La Constitución de 1999, en su artículo 65, establece que "no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito".

Por su parte, la Ley contra la Corrupción, en su artículo 39, señala que "quedarán inhabilitados para ejercer cualquier cargo público": El funcionario que cese en sus funciones y no presente su declaración jurada de patrimonio; el que falseare o ocultare datos en dicha declaración; quien hubiera sido sancionado por el contralor general por no haber informado sobre sus bienes; los fiscales del Ministerio Público que no hubieran hecho todo lo posible por hallar la verdad, que fueran negligentes o que no brindaran la debida protección al procesado; y, por último, todo aquel funcionario o empleado público que haya sido condenado por cualquiera de los delitos contemplados en ese instrumento legal.

Sin embargo, en el último párrafo de la norma antes citada se advierte que en el caso de los fiscales cuestionados y de los burócratas declarados culpables por algún delito contra la cosa pública corresponderá al "juez que conozca el caso en sentencia definitiva" establecer la inhabilitación, la cual no podrá ser mayor a 15 años.

Russián sustenta sus resoluciones contra personalidades como el alcalde de Chacao, Leopoldo López; o el ex gobernador de Miranda, Enrique Mendoza; en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría.

Sobre el particular, el ex magistrado del Tribunal Supremo y ex consultor jurídico de la Contraloría, José Peña Solís, señaló: "La Constitución es muy categórica y allí no cabe ninguna interpretación. No se puede interpretar la Constitución a la luz de una ley (...) Las inhabilitaciones no iban dirigidas a los funcionarios de elección popular, sino a los que son designados o contratados. La idea era evitar que una persona que cometió una falta en un organismo público ingresara a otro donde pudiera hacer lo mismo".

Por último, criticó al Máximo Juzgado por no haberse pronunciado sobre este asunto hasta el momento.
 





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