Inteligencia en bruto

Por Venezuela Real - 3 de Junio, 2008, 12:30, Categoría: Historia Oficial

Patricia Clarembaux
TalCual
03 de junio de 2008

Como un modelo puro, ni de Cuba ni de Estados Unidos, dice Rodríguez Chacín que fue pensado el texto del decreto Ley
Un testigo, a los efectos de la ley, automáticamente se convierte entonces en una prueba con carácter procesal y penal que podría considerarse necesaria y urgente, refuerza el ministro

El ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, enfrentó ayer las opiniones de quienes desestiman la ley del Servicio de Inteligencia y Contrainteligencia decretada el pasado miércoles.

"En Venezuela siempre han existido actividades de este tipo", dijo, "pero no se habían regulado".

Ése, considera, es el logro del documento legal que redactó desde su despacho, con la ayuda de asesores como el mayor del Ejército Menry Fernández, pues garantizarían que no se repitan organismos como la Seguridad Nacional que funcionó hasta 1958 en Venezuela o como la Disip: "Ambas tenían ideas represivas".

Alejado de la opinión de los juristas y magistrados, Rodríguez Chacín aseguró que el modelo está limpio de influencias foráneas: "No tomamos como patrón ningún país. Ni Estados Unidos ni Cuba serán una guía para nosotros". También dio fe de que todos cuantos realicen estas labores serán venezolanos. Eso sí, la condición para ellos será "que les quepa el país en la cabeza", que calcen en el perfil del Estatuto de la Función Policial –aún en confección– y que tengan varios postgrados que les permitan "entender la realidad".

La colaboración de los ciudadanos –consagrada en el artículo 24 del texto– no es algo que le preocupe al ministro, pues a su entender "todos los venezolanos tenemos corresponsabilidad". Las alternativas se reducen para el ciudadano que vea o escuche algo irregular, pues explica: "Si usted es testigo de un delito y busca ocultarlo es un cómplice". Un testigo, a los efectos de la ley, automáticamente se convierte entonces en una "prueba con carácter procesal y penal que podría considerarse necesaria y urgente", refuerza el ministro.

Y como para llamar a la calma nacional hizo dos aclaraciones. La primera es que "las personas tienen derecho a controvertir las pruebas" en un juicio justo. La segunda es que la vigilancia y seguimiento de alguien que se presuma conspirador, "sólo puede ser realizada por el Estado".






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