Miguel Henrique Otero: "Venezolanos se convertirán en delatores obligatorios"

Por Venezuela Real - 5 de Junio, 2008, 16:18, Categoría: Política Nacional

CARLA NAVARRO  / ALEXANDRA BLANCO
El Nacional
05 de junio de 2008

Integrantes del Movimiento 2-D se entrevistaron con representantes de la Iglesia
El presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, señaló que la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia es inconstitucional
El Movimiento 2-D planteó ante los representantes de la Iglesia los peligros que representa la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia

Como violatoria de los derechos humanos consagrados en la Constitución, calificó el Movimiento 2 de Diciembre / Democracia y Libertad la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, publicada en Gaceta Oficial el 28 de mayo.

El presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, señaló que el jefe del Estado, Hugo Chávez, no puede legislar sobre materias que únicamente deben ser reguladas por ley orgánica y sólo dictarlas la Asamblea Nacional. "Los decretos leyes no pueden versar sobre limitación de derechos humanos. Esto es inconstitucional", dijo.

Manifestó que el sistema judicial se verá directamente afectado, pues se convertirá en accesorio de un sistema de inteligencia. "El único que controlará este proyecto es Chávez. Se podrán cometer todos los atropellos que países totalitarios como Cuba y Corea del Norte utilizan para reprimir a los ciudadanos y eliminar definitivamente la libertad de expresión y la libre publicación", añadió.

Indicó que con es e instrumento jurídico el derecho a la defensa queda eliminado. "Es la ley sapo, pues los venezolanos serán delatores obligatorios. Principalmente es una ley para implantar el miedo a los periodistas, que se sientan amenazados y perseguidos. Se puede detener a los periodistas, interrogarlos y hacerles juicio sin que se conozcan las pruebas. Es una legislación totalitaria; cualquier cosa es posible", expresó.

Otero formuló estas declaraciones después de la reunión que mantuvieron representantes del Movimiento 2-D con el cardenal Jorge Urosa Savino y el segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Roberto Lückert, sobre los peligros de esa ley. "La Iglesia está preocupada por lo que ocurre en el país y responderá en su momento", dijo Otero. Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, aseguró que los sectores populares, fronterizos y del interior del país serán los más afectados con los abusos de las autoridades policiales.

"Qué garantías van a tener los ciudadanos frente a funciones desmedidas e ilimitadas de un sistema nacional de inteligencia que trastoca los valores de la democracia", dijo San Miguel.

Agregó que esa norma atenta contra elementos fundamentales como la independencia del sistema judicial y la presunción de inocencia, y obliga a los venezolanos a ser delatores. "Ha sido una ley muy mal redactada y carente de técnica legislativa. Apunta a atentar contra elementos fundamentales del sistema democrático", expresó.

Señaló que en el articulo 17 se establece la subordinación del sistema judicial al sistema nacional de inteligencia.

"Los funcionarios están en el deber de coadyuvar al sistema nacional de inteligencia; es decir, el sistema de justicia está al servicio del sistema de inteligencia", dijo.

 Críticas
Red de Apoyo exigió enmienda de la norma
La organización no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz exigió al presidente Hugo Chávez que haga una enmienda de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, por considerar que va en contra de los derechos humanos. En un boletín de prensa explicaron que el decreto presenta ambigüedades sobre todo en lo vinculado con el control de la prueba, el derecho a la defensa y la publicidad de las investigaciones. Demandaron la revisión del decreto con rango, valor y fuerza de ley. "En caso de mantener el presente decreto en iguales términos, resulta urgente corregir estas ambigüedades en los reglamentos que se elaborarán para desarrollar sus contenidos". En la protesta, la ONG pidió a la Sala Constitucional del TSJ "revisar la constitucionalidad del decreto en cuestión" y a la Asamblea Nacional estudiar "la pertinencia de reformar y mejorar el decreto". Recordaron que los cuerpos policiales nacionales han sido denunciados en muchas oportunidades por violaciones de los derechos humanos.






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