Chávez reformará uno de los artículos más polémicos de ley de inteligencia en Venezuela

Por Venezuela Real - 7 de Junio, 2008, 18:48, Categoría: Prensa Internacional

VALENTINA LARES MARTIZ
El Tiempo  - Colombia
07 de junio de 2008

Fueron tantas las críticas que al parecer recibió este sábado el Presidente, que decidió dejarla sin efecto temporalmente.

"Si a mí me piden que defienda esto, no puedo. Nos equivocamos, yo no voy a defender lo indefendible", dijo el presidente Hugo Chávez durante un acto del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

"El artículo 16 es un error, yo le echaba el cuento a muchos de lo que he vivido, yo conduje una rebelión militar y luego desde la cárcel apoyé una segunda rebelión (...) Me acojo al precepto constitucional y no quiero declarar, nadie va a obligarme a declarar, cualquier cosa que yo dijera podían usarla contra alguien", añadió.

Este artículo incluye a las personas naturales como "órganos de apoyo" a las labores de inteligencia y contrainteligencia y advierte que quienes "incumplan con las obligaciones establecidas" son "responsables" según la Ley de Seguridad de la Nación, que establece penas de cárcel de entre 2 y 10 años. "Fue un error del Gobierno, yo lo asumo, vamos a corregir esta ley. Ya nombré una comisión para borrar estas cosas y redactarlas de otra forma, oiremos críticas".

Creada bjo la supervisión directa del Presidente, y con solo 29 artículos, la recién promulgada (a finales de mayo) Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia es el nuevo hito que enfrenta a seguidores y detractores del Gobierno.

Estos últimos aseguran que no solo promueve la cultura de la delación o el 'sapeo', en términos coloquiales, sino que pone a los ciudadanos y al Poder Judicial al servicio de las instituciones que ejercerán las labores de inteligencia en el país. También señalan que violenta el principio de presunción de inocencia y varios procedimientos jurídicos, al permitir la introducción de pruebas sin previo aviso a la defensa.

Rocío San Miguel, experta en seguridad y defensa, advierte sobre el artículo 20, que establece que ante la comisión inminente de un delito pueden recabarse pruebas sin orden judicial y que las mismas pueden ser incluidas sin previo aviso en un proceso judicial. "Esto viola el principio de la presunción de inocencia e introduce la 'prueba secreta' en los procesos judiciales, que antes no existía", dice.

San Miguel añade que todo se justifica bajo el concepto de 'defensa de la seguridad nacional', una idea que en opinión de la jurista "es muy vaga y no tiene explicaciones específicas en esta ley".

'Temor infundado'

El diputado oficialista Calixto Ortega asegura que tales observaciones buscan "infundir temor en la población" y destaca que la ley solo quiere dar un marco jurídico a las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Rechaza la idea de que la ley pone a ciudadanos y jueces al servicio de la Policía o suprime la presunción de inocencia.

"La ley especifica que sólo en casos en que la comisión de un delito es inminente se puede actuar sin orden judicial, y eso es lógico. La oposición sólo dice una parte de la historia, pues los artículos señalan que cualquier requerimiento debe hacerse respetando los derechos humanos", le dijo Ortega a EL TIEMPO.

Otro artículo polémico es el 28, que señala que la publicación de información 'clasificada' "acarreará responsabilidades civiles, penales y administrativas". Los periodistas de la Coalición Pro Acceso a la Información Pública advierten que este y otros artículos (como el que establece el secreto absoluto del material 'clasificado') atentan contra la libertad de expresión y contra el derecho de los reporteros a mantener la confidencialidad de sus fuentes.

También lamentan que esta ley, que a su juicio pone cortapisas a derechos fundamentales, sea producto del Gobierno y no de una discusión en el Legislativo

Cinco puntos delicados

Todos los ciudadanos deben cooperar con las autoridades, de lo contrario podrían ser penados por la ley.

Ante la comisión inminente de un delito o crimen las autoridades pueden actuar sin necesidad de una orden judicial.

Permite la introducción de nuevas pruebas en los procesos judiciales que se llevan a cabo, sin que se necesite previo aviso.

Los miembros del Poder Judicial de Venezuela tienen la obligación expresa de colaborar con los cuerpos de seguridad del Estado en todo momento.

La publicación de cualquier información que se considere 'clasificada' por parte de los organismos de inteligencia acarrea responsabilidades penales.






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