Seguridad del régimen

Por Venezuela Real - 8 de Junio, 2008, 12:40, Categoría: Derechos Humanos

ELSA CARDOZO
El Nacional
08 de junio de 2008

Cada mañana, al despedirnos en casa para salir a las faenas del día, nos preguntamos si volveremos ilesos al final de la jornada. Una de esas mañanas nos enteramos de la aprobación de una ley que se nos presenta como garante de "la seguridad integral". No es necesario convertirse en experto para detectar que la tal seguridad se refiere a la del Gobierno, no a la del común de los sufridos venezolanos. Es decir, que ahora el susto del día a día es mayor.

Al juntar una tríada de leyes –las de Seguridad de la Nación (2002), Fuerza Armada Nacional (2005) y Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia (2008)– no podemos menos que recordar el modelo de seguridad en el que se sustentaron los regímenes militares que se establecieron en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, distribuidos irregularmente entre mediados de la década de los sesenta y comienzos de los noventa. Sus peores prácticas represivas se apoyaron en una doctrina de seguridad nacional cuyos elementos esenciales ya están presentes en un régimen que, pese al rechazo popular de la reforma que pretendía constitucionalizarlos, sigue intentando imponerse entre nosotros, como si nada. Veamos los rasgos que caracterizaron a gobiernos como los de Augusto Pinochet, Rafael Videla, Aparicio Méndez o Humberto Castelo Branco, algunos nombres de una larga lista.
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La seguridad nacional fue definida por esos autoritarismos militares de forma, precisamente, "integral"; es decir, en sus componentes militares, políticos, sociales, económicos y culturales (para hacer una lista más larga puede leerse el artículo 2 de nuestra Ley Orgánica de Seguridad de la Nación). El propósito no era democratizar la participación y supervisión de los ciudadanos sobre los temas de seguridad, sino subsumir todos los ámbitos de la vida social en la agenda de defensa del régimen.

Las implicaciones de esos conceptos se entienden mejor al añadir un segundo ingrediente de la doctrina de seguridad: el asedio externo –en nuestro caso definido como la amenaza imperialista– que definía un estado de alerta permanente ante el cual no bastaba el crecimiento del sector militar con fines defensivos. Lo fundamental era, en realidad, fortalecer el aparato represivo nacional para someter al "enemigo interno", siempre acusado de estar asociado a la amenaza exterior. De allí la calificación de traición a la patria para cualquier manifestación opositora, incluida la menor disidencia, expresión de desacuerdo o información inconveniente para el régimen.

Las prácticas de inteligencia y contrainteligencia eran cruciales para la criminalización y castigo judicial y parajudicial, incluidos la tortura y toda suerte de abusos contra los derechos humanos que el admirable y denodado empeño de comisiones de la verdad no ha permitido olvidar.

Hay pues razones de sobra para preocuparse y ocuparse por nuestra seguridad, para seguir haciendo el esfuerzo por evidenciar que el camino por el que nos conducen decisiones, leyes y medidas acumuladas nos lleva a un abismo por el que ya se precipitaron sociedades muy cercanas a nosotros. Para ellas, la seguridad del régimen se convirtió en inseguridad de su gente, en desconocimiento de todos sus derechos. Es eso, sin atenuantes, lo que se perfila en Venezuela.
 
 No es necesario convertirse en experto para detectar que la tal seguridad se refiere a la del Gobierno

 





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