Ejecutivo elevó montos para efectuar obras en procesos abiertos

Por Venezuela Real - 9 de Junio, 2008, 11:19, Categoría: Política Nacional

MAYELA ARMAS H.
EL UNIVERSAL 
09 de junio de 2008


El Gobierno en marzo de este año decidió sustituir la Ley de Licitaciones por la Ley de Contrataciones Públicas, debido a que este marco legal se adapta a las líneas del plan económico y social a ejecutar en seis años.

En el nuevo instrumento se amplían las motivaciones para realizar más contrataciones directas, en especial para la seguridad alimentaria; se incrementan los montos para proceder a la compra de bienes y ejecución de proyectos en contrataciones abiertas y se incluye a los consejos comunales.

Este texto, según explica la abogada María Fernanda Zajía, unifica todas aquellas normativas vinculadas con las contrataciones, de manera que los procedimientos ahora se estarán rigiendo por un solo marco legal.

Procesos básicos

De acuerdo con lo previsto en el texto, los entes oficiales contarán con cuatro procedimientos para realizar las contrataciones que impliquen desarrollo de proyectos o compra de bienes.

Uno de los procesos previstos es el concurso abierto (antes licitación general), el cual se realizará cuando la adquisición de bienes por el ente sea superior a las 20.000 unidades tributarias (920.000 bolívares fuertes) o cuando las obras a construir tengan costos mayores a 50.000 unidades tributarias (2,3 millones de bolívares fuertes). Anteriormente, las licitaciones generales se hacían cuando las compras de insumos o las obras a ejecutar tuvieran costos superiores a las 11.000 o 25.000 unidades tributarias.

Los concursos cerrados (antes licitaciones selectivas) se aplicarán cuando la adquisición de bienes y servicios esté entre 5.000 y 20.000 unidades tributarias (230.000 y 920.000 bolívares fuertes) y los proyectos de obras oscilen entre 20.000 y 50.000 unidades tributarias (920.000 y 2,3 millones de bolívares fuertes). Con el marco legal anterior las licitaciones selectivas se hacían si la compra de insumos estaba entre 1.100 y 11.000 unidades tributarias y las obras tuvieron presupuestos de entre 11.500 y 25.000 unidades tributarias.

A esos dos procedimientos, el Gobierno añade la consulta de precios, la cual regirá si los bienes que serán adquiridos tienen precios hasta 5.000 unidades tributarias y los proyectos a realizar registran un costo de hasta 20.000 unidades tributarias. En el texto se indica que ese proceso se puede aplicar cuando las instituciones tengan previsto efectuar obras o servicios que "por razones de interés general deban ser contratados en un plazo perentorio el cual será fijado en los planes excepcionales".

Más supuestos

El último procedimiento previsto es la contratación directa (antes adjudicación directa).

En la Ley de Licitaciones esos procesos aplicaban cuando se efectuaba la adquisición de suministros para la continuación de los procesos productivos, en los casos en que se requiriera fabricar equipos y no procedieran las licitaciones, cuando se decretaba estado de alarma, para las emergencias de los entes públicos y en los casos en que las obras se tuvieran que ejecutar en un lapso de 180 días.

Ahora con el nuevo marco legal son más las razones para contratar de manera directa.

Más allá de mantenerse algunos de los supuestos previstos en el anterior instrumento, ese mecanismo se aplicará cuando las contrataciones tengan por objetivo adquirir bienes o desarrollar obras sobre las cuales una modalidad de selección de contratistas pudiera comprometer secretos o estrategias comerciales, cuando los bienes a adquirir surjan de convenios firmados para desarrollar la industria nacional, cuando las contrataciones sean para la continuidad de los servicios públicos y cuando se trate de obras que están en ejecución y se requiera de un tercero para terminar el proyecto.

También se aplicará cuando los procedimientos directos sean para adquirir bienes o se requieran servicios de pequeños y medianos productores nacionales y cuando se compren bienes para la comercialización ante los consumidores. Esos supuestos se complementan con otros apartes que permiten las contrataciones directas en aquellos casos en que las autoridades decidan, como por ejemplo "adquisición de bienes, servicios, productos alimenticios y medicamentos declarados como de primera necesidad, cuando existan condiciones de desabastecimiento por no producción o producción insuficiente". Esas disposiciones en gran medida se aplicarían para las actuaciones de entes como CASA o Pdval.

Los asesores jurídicos explican que los ajustes a las modalidades de contrataciones han implicado mayores montos para efectuar procesos abiertos y cerrados, de manera que esa situación llevaría a los entes oficiales a terminar realizando más contrataciones directas.

Otro de los puntos que se incluyen en el texto es la adjudicación directa de oferta única. Implica que cuando se realiza la convocatoria de contratación y se presenta una sola oferta, que cumpla con los requisitos, se realizará la adjudicación.

En el anterior marco legal se declaraba desierto el procedimiento si sólo se habían presentado dos ofertas.

Términos

Aunadas a los nuevos procesos se suman las modificaciones en los términos de los contratos.

Los entes que participen en las contrataciones tendrán que cumplir ahora con otros requisitos, siendo uno de ellos la responsabilidad social. Según el texto, la responsabilidad social implica: la ejecución de proyectos de desarrollo sociocomunitario, creación de nuevos empleos, formación socioproductiva de una comunidad y venta de bienes a precios solidarios.

María Fernanda Zajía señala que cada pliego de condiciones incluirá el cumplimiento de la responsabilidad social y los entes oficiales decidirán cuál de los supuestos previstos en el renglón se deberá acatar, de acuerdo con las condiciones que tengan los proyectos.

Comunidades

La Ley de Contrataciones incluye a los consejos comunales. Según el instrumento esas instancias, para ejecutar proyectos especiales, tendrán que aplicar la modalidad de selección de contratistas, y de las opciones existentes ellos podrán instrumentar la denominada consulta de precios.

Esas instancias tendrán que crear la comisión comunal de contrataciones (la cual será nombrada en una asamblea de ciudadanos) y la contraloría social será la encargada de fiscalizar esos procedimientos.






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