Crimen institucional - La ley y yo

Por Venezuela Real - 10 de Junio, 2008, 14:49, Categoría: Estado de Derecho

El Editorial
El Nacional
10 de junio de 2008

El Decreto Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contra Inteligencia era indefendible, como lo apuntó el mandatario nacional en su intervención el sábado.

Sin embargo, a pesar de lo sorpresivo de la rectificación, la ley sigue vigente porque no ha sido derogada. Lo que debe hacer el Ejecutivo es dejar que la Asamblea Nacional, con un seguimiento escrupuloso de la sociedad civil, elabore otra propuesta legal, si ello resulta indispensable.

Vale la pena revisar la situación que se generó por esta ley aprobada entre gallos y madrugadas. Resultó indefendible tanto para el Presidente como la sociedad civil organizada, aunque fue apoyada por varias figuras prominentes del Poder Legislativo, quienes salieron a aplaudirla y a criminalizar a sus detractores.

Esta actitud es una fiel radiografía del déficit institucional vigente en el país.

La primera reflexión que debemos hacer es que "sólo el Presidente" se pronunció contra la ley decreto. La Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial en su conjunto permanecieron callados, sin el más mínimo gesto institucional propio de un Estado democrático y de derecho. Y todo ello a pesar de que, con este decreto, se establece el precedente de que el Ejecutivo legisle sin reserva alguna en materia de derechos humanos, una situación inaceptable en una democracia.

Como lo estableció la Corte Interamericana, hace 22 años, "la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental, no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona".

Esto es fundamental y no puede ser desconocido (e ignorado olímpicamente) por ninguno de los poderes del Estado. Que el Poder Legislativo lo haga, y que el Tribunal Supremo baje la cabeza, les indica a los ciudadanos que una ley decretada por el Ejecutivo puede ir en contra de lo establecido por la Constitución y todo el mundo oficialista dice amén. Y seguirían diciendo amén por los siglos de los siglos hasta que, ¡milagros de los milagros! el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela decrete por vía oral que la susodicha ley ya no tiene vida.

De manera que el silencio institucional que ha prevalecido hasta ahora ante la gravísima situación planteada por el Decreto Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia nos demuestra, en su máximo esplendor y miserable imagen, la profunda crisis institucional que vive nuestro país, en manos de una sola y suprema instancia de decisión. Con ello queda más que claro el desamparo legal y judicial en que vivimos los venezolanos.

En verdad, ya no se permite a las minorías (oficialistas u opositoras) expresar su inconformidad con el gobierno bolivariano, y ni siquiera proponer iniciativas distintas, o participar en la formación de la voluntad política e influir sobre la opinión pública para evitar que la mayoría sea arbitraria. Nada de nada.





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