Ejecutivo paralizó el desarrollo del sistema de inteligencia

Por Venezuela Real - 10 de Junio, 2008, 13:36, Categoría: Estado de Derecho

JUAN MARTÍN ECHEVERRÍA
El Universal
10 de junio de 2008

Ojalá rectificara de verdad
El régimen, si se pretende demócrata, debe respetar la Carta Magna

El Ejecutivo reconoce errores en la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, mientras sigue aún vigente y por ello cualquier ciudadano puede ser detenido sin jamás enterarse de los motivos de su encarcelamiento, ante una actuación de las autoridades sin control judicial y declarada confidencial, cuando crece la indignación frente a la figura de la delación revestida de oscuras connotaciones. El régimen, si se pretende democrático, tiene que comenzar por respetar la Constitución y los espacios políticos de la participación ciudadana, que fueron vulnerados con nocturnidad, alevosía y brutal radicalismo.

La Carta Magna califica de orgánica toda ley que afecta derechos fundamentales y el texto de esta Ley atropella de principio a fin el artículo 49 constitucional referido a los derechos civiles, por lo que su texto ha debido conocerse con antelación y discutirse de manera abierta y pública. En cambio, se prefirió la vía del secreto y aún hoy en día después de todo el escándalo, no se conocen con exactitud sus redactores. Estamos en presencia y a cuerpo entero, de la doctrina seguida por las dictaduras del Cono Sur, Cuba y el Nazismo.

La Ley Orgánica de la Administración Pública consagra la indispensable consulta con el soberano, en especial cuando se trata de normas vinculadas de forma directa con la libertad personal, el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

Si el régimen pone siempre por delante al soberano, ¿por qué se obvió un paso esencial en la elaboración de la ley? Por eso hace falta el pleno funcionamiento de la división de poderes, pero si el Ejecutivo depura, controla y ordena en forma absoluta, es la fuerza de los ciudadanos y la vigilancia permanente de la contraloría social la que puede torcerle el cuello al autoritarismo.

Insistimos, si se cometieron errores de tal entidad en la promulgación de la Ley, ¿cuál es la explicación del silencio de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y los altos funcionarios del Poder Ejecutivo que apoyaron hasta la saciedad los veintinueve artículos y las disposiciones transitorias, al extremo de que cuando el Ejecutivo rectificó y fue primera noticia en los medios de comunicación, todavía en páginas interiores los genuflexos predicaban las bondades de la ley? ¿Radicalismo contra el sentido común?, ¿saboteadores de las elecciones del 23 de noviembre?, ¿afán de conservar el cargo?; ¿fue a través de una encuesta que se conoció el rechazo de la población?

El Ejecutivo designó una comisión que va a revisar y corregir la Ley, sin embargo, tiene que comenzar por derogarla e impulsar un amplio debate nacional, tomando en cuenta las opiniones de los expertos, oficialistas u opositores. La política no puede ser degradada al extremo de que una persona decida por 26 millones de venezolanos y las libertades están por encima de los caprichos personales, porque se trata de principios universales que van más allá de la violencia de las palabras y de los designios del jefe máximo.

Las desigualdades sociales se combaten con planificación, programas específicos y la estrecha coordinación entre el sector público y el sector privado.

Nunca sólo con dádivas y las conquistas democráticas se sustentan de acuerdo con la historia, en la apertura de los espacios donde se escuche al pueblo soberano. Nunca con policías secretas, grupos paramilitares y la impunidad de organizaciones criminales que han penetrado hasta el tuétano la estructura burocrática y partidista.

La reacción cívica ha sido unánime contra el cierre de Radio Caracas Televisión, el proyecto de Ley de Educación, el currículo bolivariano y ahora contra la Ley que promueve la delación y la cárcel sin que el detenido sepa jamás por qué.

El Gobierno y la oposición deben respetar al pueblo soberano, consultarlo, educarlo y coordinar las mejores iniciativas de empleo, vivienda social y lucha contra la inseguridad, que, indispensablemente, requieren de la colaboración irrestricta de las comunidades.

El compromiso es vigilar y ejercer a fondo la contraloría ciudadana.

¡Ojalá que fuera una verdadera rectificación!






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