Bush y Chávez

Por Venezuela Real - 12 de Junio, 2008, 11:40, Categoría: Derechos Humanos

El Editorial
El Nacional
12 de junio de 2008

Vale la pena, ya para terminar esta serie de editoriales sobre la derogada Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, que pasemos a referirnos a las gravísimas implicaciones que tiene, para los ciudadanos, suprimir el debido proceso, la rotunda repercusión en el Estado de Derecho que ello conlleva y el daño inevitable para libertades públicas. Nunca una democracia formal había llegado tan lejos en sus afanes autoritarios y policiales en Venezuela.

Examinemos, por ejemplo, cómo de manera artera este “Decreto Ley” otorga al Ejecutivo la potestad única en materia de inteligencia y contrainteligencia, siendo ésta, como muy bien se sabe, una atribución otorgada al Poder Público Nacional en general, como lo consagra nuestra Constitución en su artículo 156. Nada ni nadie puede modificar esto sin cambiar la inevitable naturaleza democrática del Estado moderno.

Pero en la ley Gestapo se establece un Estado represivo y se institucionaliza el espionaje, abriéndose un inmenso espacio a la discrecionalidad policial, y militar. Todas las personas están bajo sospecha y todos somos objeto de vigilancia (artículos 2, y 16). Todos somos potenciales enemigos de la Nación. ¿Es esto democracia participativa y protagónica?

En los artículos 4, 20 al 24 del decreto ley se elimina la separación de poderes, otorgándosele competencia única al Ejecutivo, y se deja sin efecto las atribuciones del Poder Judicial. Con ello se establece una “justicia policial y militar” sin rostro, y una denuncia “sin rostro”, que no responden a control alguno, vulnerándose con ello los estándares de un Estado democrático y derecho.

Tomemos un ejemplo: si una persona es denunciada no tiene la posibilidad de conocer la identidad de su acusador, no sabrá sobre qué se le investiga, ni podrá contradecir oportunamente las pruebas que se presenten por parte de la policía o las autoridades militares. En Suramérica estas fueron prácticas recurrentes en las dictaduras chilena y argentina. Más recientemente, la figura de los “Jueces sin Rostro” fue el arma del régimen fujimorista para acallar la disidencia, bajo el subterfugio de eficiencia de las labores de Inteligencia y de la lucha antiterrorista. Sobran los ejemplos de estas arbitrariedades que enlutaron a miles de hogares.

Con este decreto ley se viola la presunción de inocencia, el derecho que tiene toda persona de ser oída en cualquier clase de proceso, el derecho de ser juzgado por un juez natural en la jurisdicción ordinaria, y se pierde el control de la prueba.

Las pruebas pierden dos elementos fundamentales con la ley de inteligencia: el control judicial y la oportunidad de contradicción de las partes. Sin este par de elementos no puede hablarse de pruebas en un Estado democrático.

Lo anterior es muy similar al régimen aplicado a los detenidos en las cárceles de Guantánamo de Bush. Está claro que la izquierda totalitaria y la derecha represiva siempre usan las mismas técnicas para suprimir las libertades públicas. .






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