Inhabilitados con derecho a voto existen desde 2006

Por Venezuela Real - 18 de Junio, 2008, 12:43, Categoría: Electorales

EUGENIO MARTÍNEZ
EL UNIVERSAL
18 de junio de 2008

Los integrantes de Súmate exigieron al CNE que publique sus cuentas y aclare cómo invirtió los recursos del año 2007
Sandra Oblitas exhorta a sancionados por el contralor a que acudan al TSJ

La "inhabilitación para ejercer funciones públicas" no es nueva. El CNE tiene tres años aplicando esta objeción a los ciudadanos que ostentan sanciones administrativas impuestas por el contralor general.

La denominada lista Russián -en la que se incluye a 368 venezolanos, entre ellos los precandidatos opositores Leopoldo López, Enrique Mendoza y Antonio Barreto Sira- tampoco es novedosa. La objeción que permite votar, pero no postularse para cargos de elección popular, se estrenó con 81 casos a mediados del año 2006; es decir, la lista Russián y el estatus electoral de inhabilitado para ejercer funciones públicas existe desde hace 36 meses.

Sandra Oblitas, presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral, explica que el estatus criticado por impedir la postulación de los inhabilitados se ideó a partir de la auditoría que se realizó al Registro Electoral, antes de la última elección presidencial.

Concluido el trabajo de los partidos políticos, la auditoría de los universidades experimentales y el análisis digital efectuado por los técnicos de la UCAB, USB y UCV, se decidió homologar las bases de datos del CNE con la Onidex.

Aunque la tabla de objeciones que se emplea para conocer la situación electoral de los venezolanos (ver infografía anexa) existe desde el año 1973, fue sólo a partir del mes julio del año 2006 que se decidió ampliar la objeción denominada "inhabilitado político", para construir tres categorías: inhabilitado político, inhabilitado para ejercer funciones públicas e inhabilitado por interdicción civil.

¿El CNE posee facultades para realizar esta división? Según Oblitas, el Poder Electoral "está asumiendo un ordenamiento jurídico". La rectora explica que este ordenamiento proviene de la Ley Orgánica de la Contraloría, promulgada el 17 de diciembre del año 2001. Además de asegurar que el único propósito que persigue el Poder Electoral "es darle cumplimiento a la ley", recuerda "a las personas que se sienten afectadas, que tienen la posibilidad de acudir al TSJ y exponer su caso".

Desde la perspectiva de la rectora el argumento que debe discutirse no es la supuesta negación de los derechos políticos de los venezolanos sancionados por el contralor general.

"Este es un tema de sensibilidad política -explica Oblitas- nosotros no tenemos competencia ni intención de asumir posiciones, sólo estamos acatando una disposición legal (...). Nosotros no estamos permitiendo o cercenando el ejercicio de derechos políticos. Estamos acatando una ley que establece que determinadas personas tienen una sanción administrativa que les imposibilita el ejercicio de la función pública".

Como el CNE sólo está "acatando" la sanción impuesta por el contralor, Oblitas descarta que el Poder Electoral deba acudir al TSJ para solicitar que se interprete el alcance del artículo 105 de la Ley de Contraloría

"El CNE no se ha planteado el tema en términos de duda, argumenta la rectora. Los afectados son los que tienen la potestad y el derecho de acudir a otras instancias".

No obstante considera pertinente que el TSJ "se pronuncie con la oportunidad suficiente, en tanto que los procesos de postulación comienzan el 5 de agosto" . Oblitas descarta analizar por qué los afectados no han presentado recursos ante el máximo tribunal para aclarar su situación, o las causas que provocaron que la asociación Ciudadanía Activa retirar el recurso de nulidad por inconstitucionalidad que presentaron en contra del artículo 105 de la Ley de la Contraloría.

"Obviamente estamos hablando de actores políticos -explica- que tienen estrategias políticas, yo no voy a opinar sobre estas estrategias, sin embargo les recuerdo que como ciudadanos les asiste un derecho, y hemos dicho, por una posición de consenso entre los rectores, los hemos invitados a que ejerzan el derecho de acudir al TSJ"

Para Oblitas tampoco es materia de análisis la supuesta violación a la disposición constitucional que relaciona la inhabilitación política a la sentencia firme de un juez.

La rectora insiste en que el CNE "no está haciendo consideraciones sobre el tipo de sanción, las causas o la constitucionalidad del artículo, estos son temas que forman parte de la discusión que se da en el ámbito político. Nosotros, como rama del poder público, con facultad para regular el tema de las postulaciones, asumimos las normativas y la legalidad vigente, nosotros no tenemos ningún intención especial en facultar o no a un candidato. Sólo le estamos dando validez al ordenamiento jurídico vigente".





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