Establecen cuota obligatoria a empresarios para el proyecto socialista venezolano

Por Venezuela Real - 20 de Junio, 2008, 20:01, Categoría: Prensa Internacional

VALENTINA LARES MARTIZ
El Tiempo - Colombia
20 de junio de 2008

Aquellos que quieran tener alguna contratación con el Estado deberán comprometerse a colaborar con proyectos comunitarios. Ya hay críticas y se habla de una especie de impuesto indirecto.

No importa si el barril de petróleo tiene meses por encima de los 100 dólares o que las reservas internacionales del país no bajan de los 35.000 millones de dólares. Para el gobierno venezolano todos los sectores deben colaborar con recursos en el proyecto socialista que propone, sobre todo aquellas empresas privadas que de ahora en adelante quieran tener algún negocio con el Estado.

Así lo señala la nueva Ley de Contrataciones Públicas del país, decretada por el presidente Hugo Chávez en el marco de las facultades de las que todavía goza por la Ley Habilitante. Esta establece como condición obligatoria que toda aquella empresa que quiera trabajar para el Estado debe establecer un compromiso de responsabilidad social, lo que ya es asumido por algunos empresarios como una especie de impuesto indirecto destinado a la inversión social.

Este compromiso, según explica la misma ley son "todos aquellos acuerdos (...) para la atención de por lo menos una de las demandas sociales relacionadas con:

1. La ejecución de proyectos de desarrollo sociocomunitario;
2. La creación de nuevos empleos permanentes;
3. Formación socioproductiva de integrantes de la comunidad;
4. Venta de bienes a precios solidarios o al costo;
5. Aportes en dinero especies a programas sociales determinados por el Estado o a instituciones sin fines de lucro y
6. Cualquier otro que satisfaga las necesidades prioritarias del entorno social del órgano o ente contratante".

Expertos en la materia comentan que la exigencia de este compromiso no es un asunto nuevo, y que cada vez en más países -como en la Unión Europea- se utiliza como un mecanismo para evaluar contrataciones y para incentivar la responsabilidad social empresarial. En Venezuela, antes del decreto de esta ley, la medida se aplicaba solo a aquellas empresas que ofrecían servicios a Petróleos de Venezuela.

Sin embargo, los empresarios venezolanos no se sienten muy confiados al respecto. "¿Qué va a hacer el gobierno con ese dinero?, solo Dios lo sabe", comentó a EL TIEMPO el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Nelson Maldonado.

"A final de cuentas ¿quién paga eso? La gente. A nosotros nos acusan de acaparadores y generadores de inflación cuando son esas medidas la que aumentan los precios, porque una cosa como esa genera costos".

Maldonado advierte que eso no significa que la empresa privada no deba colaborar. "En Venezuela hay un número importantísimo de proyectos y planes beneficiados por la empresa privada, lo que pasa es que el Gobierno no nos da espacio para la actividad social sino con este tipo de cosas, con un impuesto indirecto".

Aún cuando la nueva ley señala que toda oferta de quien no presente el compromiso de responsabilidad social será rechazada, Maldonado explica que esto no disminuirá el interés de las empresas en trabajar para el Estado. "No importa que pidan esas cosas porque aquí es el Estado el que tiene la plata, el país es del Gobierno y no de los propietarios".





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