Venezuela Real
Información y Opinión
¿Existe la comisión de defensa del parlamento?
Por Venezuela Real - 26 de Junio, 2008, 11:15, Categoría: Temas Militares
ROCÍO SAN MIGUEL
TalCual 26 de junio de 2008 No se tienen noticias de revisión alguna, reparo, consulta, investigación, interpelación o de actividad –la que sea– que justifique la existencia de la comisión de defensa de la Asamblea Nacional. Menos aún de diligencia alguna efectuada que indique que fue leída la Memoria y Cuenta anual que debe presentar el Ministerio de la Defensa a la Asamblea Nacional. Es decir, no cumple la comisión de defensa en lo particular, ni la Asamblea Nacional en general, la principalísima función contralora que le asigna la Constitución. Nueve disputados. Ocho del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y uno del Movimiento V República conforman la comisión de defensa del parlamento en Venezuela, incluida en esa lista la diputada Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional. Y todos –sin excepción– le deben a la fecha una rendición de cuenta al país. Explicación mediante la cual se debería dar cuenta de la falta de cumplimiento de sus obligaciones legales. En un país democrático, al menos 20 temas deberían formar parte de la actividad permanente de comisión de defensa del parlamento. Lo inaudito es que en Venezuela ni siquiera sesiona esta comisión. Ni siquiera produce las leyes pendientes en el sector de acuerdo al mandato constitucional y mucho menos ejerce actividad de contraloría alguna sobre el Ejecutivo Nacional. Incluso, un simple cuestionario de consulta extendido a los diputados, que nos indique a los ciudadanos el grado de formación en temas de seguridad y defensa –me atrevo a señalar– los inhabilitaría por incompetentes para el cargo, aún siendo algunos ex militares. La doctrina internacional ha establecido entre las condiciones para una eficaz fiscalización parlamentaria del sector de la defensa 4 requisitos: 1) Poderes legales y constitucionales claramente definidos; 2) Prácticas consuetudinarias; 3) Recursos y conocimientos especializados; 4) Voluntad política. Sólo la primera de las condiciones se da en Venezuela. Las otras tres, que dependen del factor humano, lamentablemente no han sido desarrolladas, ni interesa al poder ejecutivo se ejerzan por parte del parlamento. El fortalecimiento del control civil y democrático de las estructuras de seguridad y defensa de los Estados, ocupa un lugar central en la agenda política de la comunidad internacional. Lamentablemente en Venezuela esto no es posible en el estado actual de funcionamiento de los poderes públicos. No interesa al parlamento, tampoco al llamado consejo moral republicano conformado por la defensoría del pueblo, el contralor general y el Ministerio Público, ejercer ese rol. Queda entonces a la sociedad civil, a través de ONG´S especializadas en el tema, las instituciones académicas, centros de investigación y a los medios de comunicación social, ejercer la función fiscalizadora permanente. Esto es lo que ha venido sucediendo en la práctica, sin embargo, enormes desafíos se ciernen sobre esta labor independiente y casi titánica, por causa de los límites impuestos a los ciudadanos para el acceso a la información pública de los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional en Venezuela. Y por la ausencia de rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública como piedra angular de la cultura institucional burocrática. Es inaudito que 5 temas básicos: a) Presupuesto, b) Adquisiciones de sistemas de armas, c) Memoria y cuenta del Ministerio de la Defensa, d) Legislación y reglamentación del sector y, e) Seguimiento a los tratados internacionales de cooperación en materia de seguridad, defensa y Fuerzas Armadas, no sean temas públicos en Venezuela, de fácil seguimiento a través de los portales electrónicos de los organismos públicos y sobre los cuales el parlamento debiera estar en capacidad de dar información. De allí, la importancia del derecho de contraloría ciudadana sobre este sector. Un desafío y una necesidad, en un país donde las instituciones públicas –como la comisión de defensa en particular– no cumplen sus obligaciones. |
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