YSMEL SERRANO FLÓREZ: "Muchos de los que han pasado por aquí han tenido deficiencias"

Por Venezuela Real - 6 de Julio, 2008, 12:27, Categoría: Derechos Humanos

HUGO PRIETO
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06 de julio de 2008

Entrevista - Titular de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso
El puesto que ocupa Ysmel Serrano Flórez parece una silla eléctrica.

Hasta la fecha, han desfilado por la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso 16 directores, incluido el propio Serrano, quien fue designado en febrero de este año.

"Se han producido muchas deficiencias", afirma. No ha habido una "visión integral", y el balance de la violencia carcelaria no admite sino el calificativo de trágico: en 2007, por ejemplo, hubo 498 muertos y 2.023 heridos, de acuerdo con cifras no oficiales que Serrano, sin embargo, no desmiente.

A pesar de que una de sus primeras medidas fue crear una sala situacional que organiza toda la data que registran las cárceles, Serrano no informa sobre el número de muertos que se ha registrado hasta el primer semestre. Muestra, eso sí, un gráfico comparativo, entre 2007 y 2008, sobre hechos de violencia. El balance es el siguiente: entre enero y junio de 2007 se registraron 856 hechos violentos y en el mismo lapso de 2008 fueron 631, lo que arroja una disminución de 35,6%. Un dato que, sin duda, forma parte de la rectificación, es el plan piloto que se implementa en Tocorón para llevar la Misión Che Guevara a las cárceles venezolanas. Por algo había que empezar.

De la población carcelaria venezolana (23.212 reclusos), 58% corresponde a personas procesadas. ¿Realmente ese hecho no refleja lo que siempre se ha dicho: ineficacia en la administración de justicia, retardo procesal, por decir algo?
Los centros penitenciarios fueron concebidos como depósitos de seres humanos y yo le agrego, incluso, como depósitos de funcionarios públicos. Nunca hubo una visión de Estado. Existe un desequilibrio entre reos penados y procesados, y una de las causas, por ejemplo, es el déficit de fiscales y jueces. Luisa Ortega Díaz, fiscal general, elaboró un informe que señala, efectivamente, que hay colapsos en esa rama del poder público. Eso incide en el retardo procesal y ha traído, entre otras consecuencias, hacinamiento, violencia y frustración. Es un síntoma que hay que atacar de manera integral. Nosotros estamos proponiendo el Código Orgánico del Sistema Penitenciario, que recoja el marco jurídico disperso.

La gestión del presidente Chávez cumplió nueve años y un gran talón de Aquiles es el tema de la seguridad y la realidad penitenciaria. Uno se pregunta: ¿dónde están las tres erres?
Al asumir el cargo, hace cinco meses, lo primero que hicimos fue revisar ¿por qué en nueve años no hemos podido avanzar en esto? Luego de esa revisión, definimos un plan de trabajo, producto de las deficiencias que se produjeron aquí. Hay que reconocerlo: muchos de los camaradas que han pasado por aquí han tenido deficiencias en cuanto a la visión integral que tiene que tener el sistema penitenciario. Puedo decir, por ejemplo, que ya está funcionando la comunidad penitenciaria de Coro, una cárcel única en América Latina, que tiene los tres componentes de la nueva visión penitenciaria: infraestructura, que va de la mano con el componente tecnológico; la nueva institucionalidad contraria a la estructura paquidérmica y obsoleta, que no sea un órgano concentrado y tenga autonomía presupuestaria y de recursos humanos y, por último, los protocolos de clasificación de la población carcelaria.

En 2007 hubo 498 muertes en las cárceles venezolanas y 2.023 heridos. 2008 se inauguró con una masacre en Apure. Las personas que han ocupado su cargo duran un promedio de seis meses. ¿Una vez que ocurra la próxima masacre, a usted le van a pedir la renuncia?
El tema está en que debemos aplicar las acciones en forma inmediata. Digo esto porque hemos determinado cómo atacar la violencia. Lo hemos hecho a través de cinco acciones.
Una: el plan desarme, a cargo del grupo Eric (Equipo de Respuesta Inmediata de Custodios) y lo hemos hecho de forma eficiente.
Dos: la normalización judicial, en la medida que tengas personas a las que se le violentan sus derechos y el debido proceso, incides en la violencia; hemos garantizado los traslados y las audiencias, hemos fortalecido los equipos técnicos, eran 11 para atender a toda la población penal, actualmente son 27 y la meta es llegar a 40, conformados por psicólogos, criminólogos y sociólogos, encargados de hacer las evaluaciones psicosociales.
Tres: la dinamización del deporte y la cultura: hemos tenido una experiencia muy valiosa en la recuperación de los espacios físicos, hemos realizado los Juegos Regionales Penitenciarios, vamos a organizar los festivales de cultura y artesanía.

Cuatro: la integración de las unidades de producción carcelarias con las familias, tenemos 10 comités incorporados que están comercializando la producción artesanal y, cinco: la sala integral de atención al interno.

Al iniciar el segundo semestre, ¿usted podría asegurar que la cifra de muertos no llega a 125 muertos?
Tenemos que evaluar los hechos de violencia. Al comparar el primer semestre de 2008 versus el mismo lapso de 2007, se advierte una reducción de 35,6%. La cantidad de heridos ha disminuido considerablemente.

La tipología del delito ha cambiado, al igual que los motivos de las huelgas. Anteriormente eran un ataque directo contra el Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia. En la actualidad apuntan al Poder Judicial o al Ministerio Público. El ambiente en las cárceles sigue siendo pesado, fuerte. Por eso me declaré en guerra las 24 horas del día.

¿Usted cree, como abogado y criminólogo, que una persona que ha cometido los peores delitos debe tener acceso a beneficios procesales?
Sí, nosotros partimos del hecho de que la mente humana es vulnerable y de que el Estado venezolano debe garantizarle al individuo sus necesidades básicas. Creemos que el problema de la inseguridad es de naturaleza estructural. Muchas veces hablamos de reeducación, pero en este caso se comete un error, porque esas personas nunca tuvieron acceso a la educación ni a la salud.

La mayoría viene de familias disfuncionales. Ahí se genera un caldo de cultivo que lleva al individuo a cometer errores. Creemos en la reinserción, en la cual el Estado debe garantizar condiciones.

¿Qué le diría usted a los familiares de las víctimas cuando estas personas salgan en libertad?
Este es un problema de visión, de cultura.
Es difícil que los familiares vean a la persona que cometió el delito en la calle, porque la tendencia es que se quede en la cárcel y muriéndose si es necesario.

Pagando su condena, ¿no?
En Venezuela hay una progresividad en el cumplimiento de la pena. Hay que respetar el marco jurídico. Si bien es cierto que eso produjo una huelga hace dos meses, el Ministerio de Interior y Justicia actuó como un facilitador para que se canalizaran las demandas de los internos, porque la competencia es exclusiva del Poder Judicial, específicamente del Tribunal Supremo de Justicia, y la Sala Constitucional declaró con derecho el recurso que había incorporado la Defensoría del Pueblo, entre otras cosas, porque todos somos iguales ante la ley. Más allá de una opinión, nosotros nos sometemos al marco jurídico.

En sectores del chavismo se maneja una hipótesis según la cual la inseguridad aumentó en Venezuela debido a la liberación de presos de alta criminalidad que supuso la aplicación del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, justo antes de que Chávez asumiera el poder. ¿Usted qué cree?
Actualmente, Venezuela tiene una población carcelaria similar a la que tenía al momento de entrar en vigencia el Copp (1999) y la tendencia es a aumentar. Es por eso que el presidente Chávez ha girado instrucciones al Vicepresidente para que convoque una mesa de trabajo donde todas las instancias de gobierno se inserten en el sistema penitenciario. Es ahí donde se va a construir la nueva visión de Estado a la que hice referencia, justamente para acabar con el hacinamiento y la violencia carcelaria.

¿No se trata de una hipótesis simplista?
No sé quién ha dado esa explicación. Aquí se hizo un estudio (a cargo de la Comisión Nacional para la Reforma Policial) que evalúa las causas de la delincuencia en Venezuela y se mencionan muchas aristas. Quizás pudo ser un elemento, pero no es el más importante. Quizás fue lo que hizo la IV República, que dejó el país al revés.

¿Cuál es la médula del problema entonces?
Aquí hay una crisis de valores. En Venezuela nunca se vio a la familia como la médula central del proceso de formación del individuo. Al estudiar el perfil psicológico de alguien que delinque, adviertes que la disfunción viene de la familia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para cuatro centros penitenciarios en Venezuela. ¿El Gobierno le ha dado cumplimiento a esas medidas?
En efecto, son cuatro penales: Uribana, La Pica, Yare y recientemente El Rodeo. La Corte ordena varias medidas para que se protejan los derechos de las personas privadas de libertad. Nosotros los hemos acatado, pero no porque lo ordene la Corte, porque yo podría decir que ampare los derechos de los presos en Guantánamo (base militar estadounidense, ubicada en Cuba). Lo hemos hecho como Estado humanista, como revolución que somos. Aquí no ocultamos nada. Sencillamente decimos la verdad.

Más allá de ese argumento político, que pudiera entenderse, le pregunto nuevamente, ¿se están acatando esas medidas?
Uno de los indicadores es la disminución de hechos de violencia en esas cuatro cárceles. Estamos atendiendo lo que es la parte de infraestructura y actualmente estamos trabajando en un plan para acondicionar espacios físicos de lo que es la visita de los niños. Aquí las cárceles, repito, fueron concebidas como depósitos de seres humanos y no como centros de rehabilitación psicosocial.

Aquí no había un concepto humanista e integrador. Nosotros remitimos informes bimensuales a la Corte y esperamos que se levanten al menos dos de esas medidas. Yare III va a ser un modelo: una cárcel nueva, moderna, donde realmente hay condiciones para la reinserción social: tiene aulas de clase, tiene biblioteca, va a tener Infocentro, tiene canchas deportivas, tiene comedor en cada uno de los módulos. Algo similar estamos haciendo en una dependencia de Tocuyito.
 SU PERFIL
Ysmel Serrano Flórez
San Cristóbal (Tách) 1978
Obtuvo los títulos
en paralelo de abogado y politólogo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes.


Realizó una maestría
en la especialidad de Negociación y Resolución de Conflictos en Seguridad y Defensa de la Nación en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Iaeden).

Ha ocupado distintas
posiciones en el Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia. En febrero de este año fue designado director general de Custodia y Rehabilitación del Recluso.

REGISTRO VERBAL
Durante el primer semestre de 2008 se han realizado 65 requisas en 10 cárceles de Venezuela. Se han incautado 79 revólveres, 81 pistolas, 31 escopetas, 2 subametralladoras, 38 granadas, 985 chuzos, 284 chopos, 6.324 proyectiles y 1.150 cartuchos. A pesar de este arsenal, Ysmel Serrano Flórez, a cargo de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, afirma que las requisas se han reducido en número pero se han vuelto más efectivas.

La idea es propiciar condiciones para que disminuyan los hechos de violencia en las cárceles y, además, romper con la lógica represiva que, a su vez, retroalimenta la violencia. En materia de drogas, se decomisaron 3.154 envoltorios de marihuana, 568 de cocaína y 521 de crack. Se detectaron casos de tuberculosis y VIH en la Región Capital y se otorgó el respectivo tratamiento.

Las autoridades carcelarias, adscritas al Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia, requieren el apoyo de gobernadores y alcaldes, entre otras cosas, porque la mayoría de los establecimientos presentan serios problemas de aguas servidas y de salubridad en general. Se ha creado la figura de jueces itinerantes para garantizar el debido proceso: en total son 10 equipos, conformados por jueces y fiscales, instalados en las cárceles de San Juan de los Morros, Uribana y Sabaneta, que atienden a 3.937 internos. Se han creado, igualmente, 12 nuevos equipos técnicos, integrados por psicólogos, sociólogos y criminalistas.

En total son 27, y la meta para este año es llegar a 40.

Estos equipos elaboran los informes psicosociales de los internos, que se convierten en valiosa información para que los tribunales decidan acerca de los beneficios procesales.






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