Proceso fraudulento

Por Venezuela Real - 10 de Julio, 2008, 18:19, Categoría: Corrupción

Juan Pablo Arocha
TalCual
10 de julio de 2008

Trabajadores de la AN denuncian –con nombre y apellido– irregularidades en los concursos de oposición y ventajismo de familiares que entrevistaron a beneficiados
Los trabajadores despedidos, que se reunieron ayer con la diputada Pastora Medina, desmienten a la presidenta del Legislativo, Cilia Flores

A Jazmín García le faltaba poco menos de un mes de su permiso posnatal cuando fue notificada de su despido como investigadora legislativa en la Asamblea Nacional. En sustitución, el cargo lo asumió Johanna Delgado –supuesta nuera de Eva Carrillo, directora de análisis político del Parlamento. Su cesantía respondió a los cambios que sobrevinieron luego de la resolución en diciembre del concurso de oposición pública para cargos en el Poder Legislativo; proceso que Cilia Flores calificó el martes de "transparente" para defenderse de las denuncias de irregularidades realizadas por la prensa.

El caso de García –al que se le habría violado el año de inamovilidad contemplado en la ley por maternidad– forma parte de una lista de casi sesenta trabajadores que reclaman irregularidades en su proceso de despido. Una delegación de estos ex empleados se reunieron ayer con la diputada Pastora Medina, quien solicitó infructuosamente el martes en plenaria, una investigación sobre la materia que intercediera por su reenganche.

"La diputada Cilia Flores violó las normas de su propio concurso", se queja García. Los trabajadores afectados denuncian que el veredicto final todavía no se les ha entregado a los empleados que participaron en el concurso, requisito indispensable para conocer el record que obtuvieron contra otros aspirantes. Esto violaría el artículo 20 de las normas del proceso –publicadas en la Gaceta Oficial del 13 de julio de 2007– donde se permite a los afectados apelar una decisión del comité.

La falta de entrega del veredicto hace dudar sobre la transparencia del proceso a Mirna Leal, otra trabajadora despedida que ocupaba hasta enero la secretaría de la oficina del bloque parlamentario Región Central. "Esto es un presunto concurso. Eso fue muy amañado". La afectada –miembro del comité disciplinario del Sindicato Bolivariano de la Asamblea Nacional– dice ignorar cuál es el puntaje que obtuvo en la evaluación, pues sólo se publicó en el portal de Internet del Parlamento quiénes resultaron favorecidos con la medición.

"Esto hace que hasta los momentos la AN no pueda probar ante la Inspectoría de Trabajo el veredicto del concurso". La explicación de Leal busca revertir la opinión que diera Flores el martes sobre la decisión de los tribunales en contra del reclamo de los empleados. La jefa del Legislativo dijo que la Sala Político Administrativa del TSJ había declarado la improcedencia de un recurso de amparo. Sin embargo, Leal sostiene que "ésa fue una acción de dos personas únicamente. Todavía estamos a la espera del pronunciamiento de la Inspectoría".


JURADO PARCIALIZADO
Los trabajadores afectados también reclaman la poca "transparencia" con que se produjo el concurso, pues, según explicaron, varios de los beneficiados de la selección fueron entrevistados por sus propios familiares. "El consultor jurídico de la AN, Manuel Galindo, entrevistó a su hija, Maira Galindo, que ahora es enfermera. Ése es sólo uno de los casos. Si eso es un ingreso transparente en la administración pública, estamos en la isla de la fantasía", reflexiona Leal.

El resultado del proceso de selección de funcionarios debía ser publicado en noviembre de 2007, dice García, pero los trabajadores debieron esperar hasta el 23 de diciembre para conocer la resolución. Leal confirma que muchos de los trabajadores seleccionados tienen vinculación familiar con la presidenta del Legislativo, Cilia Flores.

Estiman que por esta situación es que resultaron perjudicados en la selección, incluso cuando contaban con cierta ventaja, pues sumaban en su expediente un punto por cada año de servicio.

De las irregularidades sobre el concurso se hizo eco el 2 de enero el Sindicato Funcionarios y Funcionarias de Carrera Legislativa (Sinfucan), el mismo gremio de trabajadores que acompañaron a Flores el martes en el hemiciclo de la AN cuando desmintió las informaciones publicadas en prensa. En una misiva del grupo recibida por la división de Desarrollo Humano del Parlamento en esa fecha se lee: "Nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra preocupación ante el tratamiento que han dado al tratamiento final de los concursos públicos (...), pues consideramos que la presentación de los resultados tiene vicios. La coordinadora del jurado, Nominía Flores (familiar también de la presidenta del Legislativo), nunca convocó a los integrantes del jurado para conocer los resultados y avalar los mismos, el proceso culminó de manera turbia" La diputada Medina acordó con los trabajadores afectados solicitar ante la oficina de Recursos Humanos el informe sobre su situación, para anexarlo a la investigación que ha emprendido sobre la materia. "Nosotros no queremos politizar el caso, queremos se regularice la situación como tiene que ser", dice Leal. La legisladora intentará presentar el caso –cuando culmine la recaudación de evidencias– ante la Plenaria del Parlamento, sin descartar acudir a otras instancias legales.





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