Para el PSUV-TV y sus cómplices

Por Venezuela Real - 11 de Julio, 2008, 16:10, Categoría: Gente de Chávez

ÓSCAR LUCIEN
El Nacional
11 de julio de 2008

Si un funcionario de alto escalafón de una oficina federal consiente en que su mujer vaya a la peluquería en el automóvil que el Estado ha asignado a su servicio, conducido por el chofer de su despacho, ese funcionario ofende a la ley; si un director de una escuela pública da preferencia a los hijos de sus copartidarios en la distribución de los cupos de la institución, ofende, antes que nada, a la Constitución Federal. Discurría sobre estos ejemplos y en esos momentos las personas comenzaban a entender: si en una escuela pública el privilegio para los copartidarios era prohibido y chocaba a la opinión pública, ¿por qué en las emisoras públicas tales privilegios son consagrados por la costumbre? ¿Por qué somos tan tolerantes cuando los abusos ocurren con los micrófonos, las cámaras y las antenas estatales? Por supuesto que tal nivel de reflexión no cabe en la mollera de algún señor Romero Anselmi, y mucho menos en ninguno de los tenientes o capitanes al frente del PSUV-TV, antiguo VTV.

Quien nos ofrece estos comentarios sobre el medular asunto del compromiso del Estado con el derecho a la información de la ciudadanía en una sociedad democrática, es el periodista Eugenio Bucci, presidente de la estatal Radiobrás durante el primer mandato del presidente Lula da Silva, en su reciente libro En Brasilia, 19 horas (La guerra entre los chapa-blanca y el derecho a la información bajo el primer gobierno de Lula).

Durante cuatro años estuvo Bucci al frente de Radiobrás, y su texto recoge el testimonio de la experiencia, de las iniciativas que pudo adelantar, de sus logros y de sus fracasos. Cierto paralelismo con lo que acontece en Venezuela (claro, en nuestro país llevado a los niveles de degradación por los responsables del PSUV-TV) con la comunicación pública hacen recomendable la lectura de este libro.

El hábito, nos recuerda Bucci, independientemente del partido que ocupe la Presidencia, es usar los medios de comunicación del Estado para la promoción de las autoridades; la costumbre es dedicar los medios a hacer propaganda de las ideas de los gobernantes. Ese periodismo promocional, lisonjero y adulador, contrario a toda ética informativa y periodística, que es inseparable de la ética republicana que debe gobernar toda la institución democrática, es lo que llaman en Brasil periodismo "chapa-branca".

Constata el periodista e investigador brasileño que la mayoría de las instituciones encargadas de la comunicación en Brasil cuando presentaba noticieros en la radio, en la televisión o Internet, no ejercía el periodismo, no informaba al ciudadano con la objetividad que merece y a la que tiene derecho; lo que se hacía era propaganda.

Por inercia, por rutina, porque dependían directamente de recursos gubernamentales, los responsables y periodistas de los medios de comunicación públicos vivían de adular a los funcionarios poderosos: ofrecían a los ciudadanos un remedo de comunicación promocional, de mala calidad, que aparentaba ser información. La lisonja era la regla, sin duda, pero una regla cultural contraria a la ley. Sin embargo, en ninguna línea la ley determina que las emisoras de radio y televisión vinculadas con los gobiernos estadales o al Gobierno federal deban hacer promoción de las personas o de sus partidos. Por el contrario, la ley y la Constitución condenan la utilización de equipos e instituciones públicas al servicio de fines particulares o partidistas.

El Estado anunciante, nos advierte Bucci, es una deformación contraria al compromiso democrático de difundir informaciones de interés público.

En una democracia el poder emana del pueblo, el ciudadano es la fuente de todo poder: y para escoger mejor, para saber qué decidir y cómo participar sobre los destinos del país el ciudadano requiere estar bien informado. Los medios públicos se deben al ciudadano y no a parcialidad alguna.

Leo el testimonio y las reflexiones de Bucci, en conocimiento de sus iniciativas para relanzar una comunicación pública de auténtico aliento democrático, como un bálsamo frente a la vivencia cotidiana del nivel de obsceno uso que de los medios del Estado hace el gobierno del teniente coronel Chávez.

En Venezuela, de igual forma que en Brasil, el servilismo de los medios del Estado arrodillados al exclusivo culto a la personalidad del Presidente es contrario a la ley y a la Constitución.

Las penas establecidas en la ley contra la corrupción, aprobada por este mismo Gobierno, van de seis meses a cuatro años.





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