INHABILITACIONES - Sólo 2 de 16 expedientes están en fase de sentencia

Por Venezuela Real - 14 de Julio, 2008, 10:01, Categoría: Estado de Derecho

EDGAR LÓPEZ
El Nacional
14 de julio de 2008

Lapsos procesales superan plazo para postular candidatos
Si quisieran, los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ podrían aclarar todas las dudas de inmediato
La movilización de la sociedad civil no ha perturbado al contralor Clodosbaldo Russián

La mayoría de los abogados que representan a candidatos a gobernadores o alcaldes inhabilitados por la Contraloría General de la República para ejercer cargos públicos están conscientes de que sus demandas han quedado enredadas en vericuetos procesales, por lo cual es casi imposible que el Tribunal Supremo de Justicia las resuelva definitivamente antes del próximo 12 de agosto, cuando vence el lapso de postulaciones para los comicios regionales del 23 de noviembre.

Algunos, como José Luis Villegas, quien asesora al candidato a la gobernación de Táchira William Méndez, agotan cartuchos jurídicos sin muchas esperanzas de éxito. Lo último que hizo Villegas fue pedir que se levante la inhabilitación por prescripción de la causa; es decir, en vista de que los hechos sancionados por la Contraloría ocurrieron hace más de cinco años.

Enrique Sánchez Falcón, apoderado del aspirante a la Alcaldía Mayor Leopoldo López, explicó que a pesar de haber realizado todas las diligencias que le corresponden, la demanda que intentaron el 21 de junio de 2006 se comenzó a tramitar el 31 de enero de 2007 y que, año y medio después, siguen a la espera de la convocatoria a una audiencia previa a la fase de sentencia.

Sin embargo, existe la posibilidad (insospechada para muchos) de que el TSJ desempolve la inhabilitación de Mari Pili Hernández, ex viceministra de Relaciones Exteriores y sancionada por una de sus actuaciones como concejal del municipio Libertador, entre 1996 y 1999. Aunque sería paradójico, fuentes del TSJ no descartaron que al atender la demanda de una figura del Gobierno se acabe con la incertidumbre que ha puesto plomo en el ala a varias candidaturas de la oposición con opción de triunfo.

Hernández acudió al TSJ el 2 de septiembre de 2005 y, apenas 25 días después, se determinó que estaban en peligro las relaciones entre Venezuela y América del Norte que coordinaba la ex viceministra. Le fue concedido un amparo que dejó sin efecto las resoluciones que en su contra había dictado el contralor Clodosbaldo Russián, al condenar su participación en la transferencia de aportes al Instituto de Previsión Social del Concejal del Municipio Libertador. Además de imponerle una multa de 285,60 bolívares fuertes, Russián destituyó a la ex viceministra del cargo y la inhabilitó para ejercer funciones públicas durante tres años.

El 24 de marzo de 2006, el mandamiento de amparo a favor de Hernández fue revocado de oficio. Sin rubor alguno, la Sala Constitucional estableció que era infundado el peligro que esa misma instancia había advertido seis meses antes, pues "los cambios de los sujetos que asumen el ejercicio de cargos públicos no inciden en la continuidad y ejecución de las políticas y fines del Estado", reza el documento de tan solo tres páginas.

En todo caso, la causa de María Pilar Hernández Domínguez es una de las dos que están en fase de sentencia y que le permitiría a la magistrada, presidenta y ponente, Luisa Estella Morales, pronunciar la última palabra en materia de inhabilitaciones de cara a los comicios del 23-N. Hoy mismo, si quisieran, Morales y el resto de los integrantes de la Sala Constitucional podrían despejar el panorama electoral.

Opción B.

El abogado Sánchez Falcón planteó la posibilidad de que la respuesta definitiva que se espera del TSJ provenga de la otra causa que está en etapa de sentencia. Pero, quienes conocen intimidades del máximo tribunal dudan que se deje a cargo de Pedro Rondón Haaz, un magistrado no vinculado al oficialismo y, además, el que más ha favorecido a los inhabilitados, la tarea de administrar justicia en un asunto de tanta trascendencia.

Se trata de una de las más antiguas impugnaciones del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, interpuesta el 21 de enero de 2004 por Myriam Ramírez Duarte, Edgar Rafael González y Florinda De Lima Gámez, sancionados por la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad de Carabobo por presunta violación de la Ley de Universidades; es decir, por una situación de hecho que nada tiene que ver con cargos de elección popular.

El 27 de julio de 2004, la Sala Constitucional declaró con lugar la acción de amparo que acompañaba la demanda y, para evitar daños irreparables, impidió que en este caso se aplicara el artículo 105.

Para la época, la Sala Constitucional estaba integrada por cinco magistrados, dos de los cuales, presuntamente vinculados al oficialismo, se opusieron al mandamiento de amparo: Jesús Eduardo Cabrera argumentó que el daño no era inminente, mientras que Iván Rincón reivindicó la discrecionalidad que la Constitución otorga al contralor general de la República.

Otros inhabilitados intentaron obtener el mismo amparo concedido por la Sala Constitucional, entre ellos 18 legisladores regionales representados por Carlos Escarrá, en el transcurso de su libre ejercicio de la profesión de abogado, luego de ser magistrado del TSJ y antes de ser diputado de la AN.

A través de una segunda sentencia elaborada por Rondón Haaz y publicada el 29 de mayo de 2006 (cuando, como hasta el presente, la Sala Constitucional estaba integrada por siete magistrados), se determinó que sólo merecían la extensión de los efectos del amparo expedido dos años antes los demandantes María Luisa Aguilar de Maldonado, José Angel Ferreira García y Juan José Macías Pavón.

En cuanto a los clientes de Escarrá, el máximo tribunal dijo que el no haber realizado las diligencias necesarias para impulsar la causa era evidencia de "pérdida de interés".

En todo caso, este es el segundo expediente "vivo", en términos de una eventual sentencia antes de que sea demasiado tarde para que varios de los inhabilitados intenten ganar terreno al oficialismo en gobernaciones y alcaldías.
 





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