EEUU multa con $1.1 millones a empresario bolivariano

Por Venezuela Real - 16 de Julio, 2008, 20:50, Categoría: Prensa Internacional

GERARDO REYES
El Nuevo Herald
16 de julio de 2008

Después de mantener el caso en secreto durante más de un año, la fiscalía federal de Miami llegó a un acuerdo con los abogados de uno de los empresarios más cercanos al presidente venezolano Hugo Chávez sobre un avión ejecutivo confiscado en mayo de 2007 por la Dirección Antinarcóticos (DEA).


Según el acuerdo, la empresa American Food Grain (AFG), cuyo propietario es Ricardo Fernández Barruecos, tendrá que pagar al gobierno federal $1.1 millones como multa parcial y se compromete a poner en venta la aeronave, evaluada en más de $5 millones.

El acuerdo estipula reiteradamente que el avión, con matrícula N700SA, fue decomisado a AFG solamente por el tipo de matrícula con que lo registraron en Estados Unidos.

La aclaración se debe a que en un informe preliminar la DEA planteó que la utilización de la matrícula "N'' es un recurso usado con frecuencia por narcotraficantes y lavadores de dinero para evitar inspecciones en los aeropuertos internacionales.

"Quisimos que en la estipulación, y el gobierno aceptó, quedase bien claro que no hubo ninguna actividad ilegal relacionada con el narcotráfico, que no hay cargos criminales, sino un problema con el registro del avión, que él [Fernández] ha reconocido'', dijo el abogado de Fernández, Joseph DeMaría, del bufete Tew Cárdenas de Miami.

DeMaría afirmó que su firma investigó en toda América Latina y que no encontró "absolutamente nada'' que indicara que el avión se haya usado para alguna actividad ilegal.

Las empresas de Fernández han sido los principales proveedores de alimentos del programa Mercal del gobierno de Venezuela. Fernández, de 43 años, es considerado uno de los pocos empresarios de confianza de la familia Chávez. Se ganó esta posición tras su cooperación con el gobierno en el abastecimiento de la población durante el paro patronal de 2002.

A raíz de los contratos oficiales, su empresa matriz de alimentos, Proarepa, multiplicó sus ingresos, lo que permitió a Fernández y a su familia vincularse a grandes proyectos de inversión en astilleros y embarcaciones de pesca en Panamá y Ecuador.

En virtud del acuerdo, AFG a debe entregar el avión a una firma intermediaria para que lo ponga en venta. El producto de la venta será para la empresa, previo pago al gobierno de la suma acordada. La AFG se compromete además a no formular ninguna denuncia contra los funcionarios que participaron en la confiscación.

Según la ley, para comprar una aeronave y mantenerla con matrícula de Estados Unidos el comprador debe ser ciudadano estadounidense o pertenecer a una empresa en la que dos terceras partes de los propietarios sean ciudadanos de este país.

La AFG es una sociedad registrada en Delaware y en cuya junta figuran como directores Fernández, Arturo Minarro, y como secretario Wladimir Abad (quien registró una dirección de Miami). Ninguno es ciudadano estadounidense.

Sin embargo, el avión, un Raytheon Hawker 800 modelo 1981, obtuvo la matrícula N. El 17 de mayo la aeronave fue confiscada en Fort Lauderdale.

DeMaría explicó a El Nuevo Herald que Minarro "actuó incorrectamente'' y registró la aeronave en este país "sin el consentimiento'' de los propietarios.

Cuando Fernández se enteró de la confiscación del avión, agregó DeMaría, "fue el primer asombrado pues siempre ha cumplido la ley''.

El informe premliminar de confiscación de la DEA no se incluyó en el expediente del caso. Cuando la fiscalía federal conoció en diciembre pasado que un reportero de este diario publicó una información basándose en dicho documento, uno de los fiscales adjuntos exigió al periodista la devolución de la copia y el retiro de la noticia de la página internet del periódico, argumentando que esa información estaba bajo reserva de sumario.

El documento fue obtenido por el reportero en la secretaría del tribunal.

El Nuevo Herald cumplió la primera solicitud de la fiscalía pero no retiró la información de su página de internet, que ya se había publicado en el periódico impreso.

En el expediente se radicó un nuevo reporte de confiscación en que el gobierno insiste que el avión fue decomisado exclusivamente por el problema de la matrícula y no menciona ninguna relación con el narcotráfico ni el lavado de dinero.





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