Ponencia de Rondón Haaz anula las inhabilitaciones

Por Venezuela Real - 16 de Julio, 2008, 10:29, Categoría: Estado de Derecho

EDGAR LÓPEZ
El Nacional
16 de julio de 2008

Proyecto de sentencia declara la inconstitucionalidad de sanciones del contralor
El magistrado verificó la violación de los derechos al debido proceso y a la participación política. Sólo requiere el apoyo de la mayoría de la Sala Constitucional
El magistrado del TSJ plantea que la inhabilitación sólo procede mediante sentencia firme
 

El proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Pedro Rondón Haaz, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, concluye que las inhabilitaciones políticas impuestas por el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, que impedirían la postulación de varios candidatos a gobernadores y alcaldes con opción de triunfo el 23 de noviembre, son inconstitucionales porque violan los derechos al debido proceso, así como a elegir y ser elegido.

El documento de 66 páginas fue distribuido personalmente y en sobre cerrado a cada uno de los demás integrantes de la Sala Constitucional. Constituiría la resolución definitiva de la demanda de nulidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que fue interpuesta por Myriam Ramírez Duarte, Edgar Rafael González y Florinda De Lima Gámez el 21 de enero de 2004. Los tres demandantes, cuyos cargos no eran de elección popular habían sido sancionados el 28 de octubre de 2003 por presuntas violaciones de la Ley de Universidades. El 27 de julio de 2004, la Sala Constitucional dictó un mandamiento de amparo, mediante el cual se suspendió la aplicación del artículo 105 hasta que se resolviera el fondo de la controversia. Con la asistencia jurídica de Carlos Escarrá, 18 legisladores regionales que también habían sido inhabilitados por Russián intentaron obtener el mismo amparo. Pero Escarrá no hizo las diligencias necesarias y la Sala desestimó la solicitud por pérdida de interés.

Desde el 26 de julio de 2007, la causa de Ramírez Duarte, González y De Lima Gámez estaba en fase de sentencia; es decir, desde hace casi un año la Sala Constitucional ha podido acabar con la incertidumbre que se ha acrecentado con la proximidad de los comicios regionales del 23 de noviembre.

Contra la arbitrariedad. Rondón Haaz razona que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que fundamenta las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, no es suficientemente preciso y concede una discrecionalidad inaceptable al contralor general para calificar la gravedad de las eventuales lesiones al patrimonio público y aplicar sanciones.

Además, se argumenta en la ponencia, la aplicación de sanciones sin un procedimiento previo viola ocho componentes del debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución: la defensa y asistencia jurídica, la notificación oportuna, la presunción de inocencia, la escucha del imputado, el juez natural, la prohibición de confesión en causa propia, la sanción específica y preestablecida, la responsabilidad patrimonial ante el error y el retardo u omisión en la tramitación de un proceso judicial.

El magistrado ponente recuerda que la Sala Constitucional había limitado las facultades punitivas del contralor general, específicamente cuando se trata de funcionarios electos popularmente. El 20 de octubre de 2004 quedó prohibida la destitución, aun cuando figura entre las sanciones enunciadas en la norma impugnada.

En esta oportunidad, Rondón Haaz propone ir más allá, de modo de sentenciar que la sanción de inhabilitación constituye una suspensión de derechos políticos que "sólo procede mediante sentencia judicial firme –lo cual– debe entenderse necesariamente como sentencia condenatoria dictada en proceso penal". En respaldo de tal convicción, el magistrado citó la jurisprudencia sentada cuando la extinta Corte Suprema de Justicia rechazó la inhabilitación de Hugo Chávez como candidato.

La ponencia aclara que la nulidad del artículo 105 tiene efectos "desde la iniciación de su vigencia", lo cual implica que la sentencia favorece, sin excepción, a todos los que han sido inhabilitados. En forma expresa, Rondón Haaz plantea que todo los sancionados por Russián sobre la base de la norma impugnada pueden solicitar la extensión de los efectos de esta sentencia.
 
 





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