Ponencia deroga el 105

Por Venezuela Real - 16 de Julio, 2008, 11:02, Categoría: Estado de Derecho

Redacción TalCual
TalCual
16 de julio de 2008

Un proyecto de sentencia en el TSJ echa por tierra las inhabilitaciones políticas de la Lista Russian
La ponencia de la Sala Constitucional considera que el artìculo 105 imposibilita el derecho a la defensa
E l magistrado Pedro Rondón Haaz considera inconstitucional la redacción del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

En la ponencia que fue entregada este lunes a los demás magistrados de la Sala Constitucional (SC), Rondón Haaz declara con lugar la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Lubín Aguirre en representación de los ciudadanos Myriam Ramírez Dugarte, Edgar Rafael González y Florinda de Lima Gámez, todos empleados de la Universidad de Carabobo.

La decisión propuesta por el magistrado anula "parcialmente, con efectos ex tunc, el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Locgr) y del Sistema Nacional de Control Fiscal, específicamente el siguiente segmento de la norma: Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo a la gravedad de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites pertinentes.

En aquellos casos en que sea declarada la responsabilidad administrativa de la máxima autoridad, la sanción será ejecutada por el órgano encargado de su designación, remoción o destitución.

Por lo tanto, la norma queda redactada, con efectos ex tunc, como sigue: La declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con los previstos en los artículos 91 y 92 de este Ley, será sancionada con la multa prevista en el artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren causado".

La ponencia agrega además que todo aquel que se considere afectado podrá (una vez adquiera eficacia la sentencia definitiva), solicitar la extensión de los efectos de este veredicto a su situación jurídico y obtener así la nulidad de actos administrativos que contengan sanciones disciplinarias en su contra.

SANCIONES SIN RESTRICCIÓN

Aguirre demandó ante la Sala Constitucional, en enero de 2004, la nulidad del artículo 105 de la Locgr por considerar que "el referido artículo no establece reglas para la graduación y escala de las sanciones y que por el contrario da una amplísima libertad al contralor general para determinar la magnitud de estas sobre la base de una amplia discrecionalidad para inferir los hechos que la justifican".

La pretensión de nulidad fue admitida el 5 de febrero de 2004 por el Juzgado de Sustanciación y posteriormente el 27 de julio del mismo año, la Sala Constitucional declaró procedente en la sentencia 1420 la medida de amparo cautelar y se inaplicó el artículo 105.

Esta fue la primera sentencia en que la correlación de fuerzas oficialistas de la SC para la fecha se rompió pues los magistrados José Delgado Ocando, Rondón Haaz y Antonio García García votaron a favor, mientras Iván Rincón y Jesús Eduardo Cabrera lo hicieron en contra.

Esto generó que varios diputados regionales de Anzoátegui inhabilitados, representados por el abogado Carlos Escarrá, solicitaran a la Sala que se le "extendiesen los efectos de la medida cautelar de amparo" que se acordó en la sentencia 1420.

ARGUMENTO A LA MEDIDA

Entre los alegatos de la ponencia de la SC para declarar la nulidad del artículo 105, el documento señala que dicho articulado: "Agravió este principio sancionador porque estableció una gradación sumamente amplia de las sanciones que el Contralor puede imponer como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa, esto es, que se otorga a este alto funcionario una discrecionalidad amplísima en la determinación de la gravedad de la irregularidad que hubiere sido cometida".

También considera la ponencia que el contralor impondría sanciones sin "la sustanciación de un procedimiento" que permita el "cabal ejercicio del derecho a la defensa y del derecho a la certeza jurídica de los eventuales sancionados".

Otro de los argumentos es que el artículo 105 tal cual como está redactado: "carece de una gradación certera y concreta de correlación entre cada una de las posibles sanciones que pueden ser impuestas".

Así pues la ponencia considera inconstitucional "las sanciones administrativas de suspensión respecto de los funcionarios de elección popular y la sanción administrativa de inhabilitación política respecto de cualquier funcionario público". Ahora le tocará a los otros magistrados de la SC acoger la ponencia o rechazarla.






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