Juristas respaldan restricción de sanciones de la Contraloría

Por Venezuela Real - 17 de Julio, 2008, 18:12, Categoría: Estado de Derecho

EDGAR LÓPEZ / VANESA GÓMEZ QUIROZ
El Nacional
17 de julio de 2008

INHABILITACIONES -  Ponencia de Pedro Rondón Haaz prevé multas solamente y según el daño causado
La propuesta del magistrado implica que sólo los jueces penales pueden suspender derechos políticos, como pena accesoria por delitos de corrupción
La presidenta del TSJ dijo que la ponencia trascendió por una infidencia

Los juristas Fernando Fernández y Juan Carlos Apitz manifestaron su apoyo al proyecto de sentencia elaborado por el magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Pedro Rondón Haaz, en cuanto a limitar a multas las sanciones establecidas en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el cual sustenta las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos que pesan sobre 272 funcionarios o ex funcionarios públicos, entre ellos varios candidatos a gobernadores y alcaldes.

La norma vigente establece que, luego de haberse determinado la responsabilidad administrativa de un funcionario público por irregularidades en la administración de fondos públicos, el contralor general de la República, "sin que medie ningún otro procedimiento" y "en atención a la entidad del delito cometido", puede: 1) suspenderlo sin goce de sueldo hasta por dos años, 2) destituirlo o 3) inhabilitarlo para el ejercicio de funciones públicas hasta por 15 años.
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En la ponencia, que comenzó a circular el lunes entre los magistrados de la Sala Constitucional, se declara la inconstitucionalidad de las inhabilitaciones y se propone una nueva redacción del artículo 105: "La declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 92 de esta ley, será sancionada con la multa prevista en el artículo 94, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren causado".

Al calificarla como falta y no como ilícito, se despenaliza la responsabilidad administrativa. En la lógica de Rondón Haaz, ello no implicaría que los que puedan pagar una multa no tendrían nada que temer, pues la posibilidad de pagar con cárcel daños al patrimonio público sigue abierta. De hecho, cuando la Contraloría General de la República presume que los hechos investigados tienen carácter penal, está obligada a solicitar la intervención del Ministerio Público, a efectos de la correspondiente investigación y eventual juzgamiento y sanción de los responsables.

Facultad judicial.

El penalista Fernando Fernández considera acertada la propuesta de Rondón Haaz, en la medida en que delimita las competencias de los órganos del Estado encargados de prevenir y sancionar daños al patrimonio."Desde todo punto de vista, las inhabilitaciones que están en discusión son competencia exclusiva de los jueces penales; los únicos funcionarios con competencia para imponer penas que impliquen la restricción de derechos políticos", explicó Fernández.

Según el abogado, la facultad excesiva concedida al contralor implica también una usurpación de las funciones atribuidas a la Fiscalía General de la República, que detenta el monopolio de la acción penal.

Principal y accesorio.

"La ponencia -de Rondón Haaz- ratifica lo que hemos dicho y reiterado: hace falta una sentencia de carácter penal para imponer una inhabilitación política, por lo cual no basta un acto administrativo como los de la contraloría", señaló el administrativista Juan Carlos Apitz.


Explicó que las penas accesorias no pueden ser de mayor entidad que la principal. Y en el caso de las inhabilitaciones, lo más penoso para algunos inhabilitados sería la imposibilidad de postularse como candidatos a gobernador o alcalde.
 
 
 





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