TSJ: ¿verdugo de la democracia?

Por Venezuela Real - 18 de Julio, 2008, 16:15, Categoría: Política Nacional

ÓSCAR LUCIEN
El Nacional
18 de julio de 2008

E ntre las pancartas más visibles, de las tantas que se mostraron en la marcha del pasado sábado contra la pretensión del teniente coronel Chávez de privar de sus derechos políticos a potenciales candidatos que lideran los sondeos de opinión, se destacaba una suerte de "dummy" de la Constitución, el librito azul, identificado con la inscripción: Misión Constitución, y en la parte inferior con la frase "No a la inhabilitación".

Días antes, en un acto de repudio al dictador Mugabe ante la sede de la ONU en Caracas, jóvenes estudiantes enarbolaban un modesto cartel que también hacia alusión al tema de la inhabilitación de Chávez, en términos más crudos ciertamente, pero igualmente reveladores: los estudiantes denunciaban la discriminación y la persecución de opositores políticos, afirmando: "Mugabe los mata, aquí los inhabilitan".

Traigo a colación ambas consignas para compartir la extraña sensación que me ha producido la reciente noticia sobre la ponencia del magistrado Pedro Rondón Haaz, contraria a la inhabilitación política que intenta Chávez con la complicidad de la Contraloría General, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, de la Asamblea Nacional, del CNE y, hasta hoy, del Tribunal Supremo de Justicia.

Efectivamente, siendo la inhabilitación una suerte de aniquilamiento de los opositores políticos, que atenta igualmente contra el derecho de elegir, ¿se arriesgará el TSJ a convertirse en el verdugo de la democracia? El proyecto de sentencia del doctor Rondón Haaz ratifica lo que han denunciado y argumentado diversos voceros políticos, gremios, la Conferencia Episcopal, el movimiento estudiantil, la Internacional Socialista, la ODCA y la Red Liberal de América Latina, contra la arbitraria medida del contralor Rufián (sic): "Las inhabilitaciones políticas impuestas por el contralor general de la República que impedirían la postulación de varios candidatos a gobernadores y alcaldes con opción de triunfo en los comicios del 23 de noviembre son inconstitucionales porque violan los derechos al debido proceso, así como a elegir y a ser elegidos".

La ponencia de Rondón Haaz confirma todo lo que se ha argumentado en relación con la inconstitucionalidad de la medida del Rufián (sic), la flagrante violación del artículo 49 donde se consagra que "el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas"; la violación del artículo 42 que establece que "el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley", y el artículo 65 que consagra: "No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones...".

En consecuencia, tan importante como el contenido de la ponencia de este magistrado, claramente apegada a la Constitución, es valorar el tema de la inhabilitación en su justa dimensión de persecución política y en la claudicación de las instituciones a los designios del presidente Chávez.

El TSJ ha dispuesto de mucho tiempo para pronunciarse sobre tan candente asunto que ha causado preocupación y malestar en la opinión pública venezolana y también internacional; el TSJ ha tenido suficiente tiempo y varios actos jurídicos engavetados sobre los cuales decidir, aclarar la situación y ofrecer sosiego a la sociedad venezolana.

Pero ha actuado como muda y displicente comparsa, sometida a la conveniencia política del teniente coronel Chávez y no al interés de la ciudadanía, del imperio de la Constitución y el respeto a la democracia. Al igual que los morosos rectores del CNE, que desde el 25 de febrero tienen en su poder la lista que les entregó el contralor Rufián (sic) y hasta la fecha no han sostenido una posición firme en relación con la defensa del derecho de los ciudadanos a elegir, y se han escondido ahora en las faldas del TSJ.

¿Podemos confiar en un fallo de la Sala Constitucional que defienda la Constitución? ¿Se arrodillarán los otros seis magistrados a la voluntad del comandante en jefe? ¿Se escudarán en tecnicismos y leguleyerismos cuando el artículo 257 les impone que "no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales? El derecho de elegir es un derecho humano, esencial para la democrática. Las inhabilitaciones atentan contra el derecho ciudadano de elegir libremente a los candidatos de su preferencia. ¿Se convertirá el TSJ en el verdugo de la democracia?

 






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