Ofensiva de Chávez contra la oposición

Por Venezuela Real - 19 de Julio, 2008, 21:53, Categoría: Prensa Internacional

Christopher Toothaker
El País - España
19 de julio de 2008

La Contraloría General ya inhabilitó 272 candidatos; los sectores contrarios al presidente buscan unificar sus listas

CARACAS.- Cuando faltan más de cuatro meses para los comicios locales en Venezuela, la Contraloría General, organismo cercano al presidente del país, Hugo Chávez, recalentó la campaña electoral al inhabilitar a 272 candidatos, en su mayoría opositores.

Ante la embestida oficial, los distintos partidos de la oposición redoblaban sus esfuerzos para definir listas comunes y tener así más posibilidades de obtener triunfos en los comicios del 23 de noviembre, en los que estarán en juego 23 gobernaciones y 350 alcaldías.

Varios de los candidatos afectados, acusados en su mayoría de uso indebido de fondos públicos, recurrieron ante el Tribunal Supremo para demandar la nulidad de lo actuado, con el argumento de la Contraloría General los excluyó de los comicios sin que tuvieran una condena firme por los supuestos delitos.

Sin embargo, los opositores afectados no creen que se revierta la medida y afirman que detrás del jefe de la Contraloría, Clodosbaldo Russián, y de varios jueces del Tribunal Supremo está el presidente, Hugo Chávez.

"El cobarde Chávez debe decirle al país que él fue quien ordenó inhabilitar a toda esa gente", afirmó Manuel Rosales, dirigente del principal partido opositor, Un Nuevo Tiempo.

Entre los candidatos inhabilitados para los comicios se encuentra el candidato a la alcaldía de Caracas, Leopoldo López, sancionado porque siendo trabajador de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) recibió en 1998 una donación de 60 millones de bolívares (28.000 dólares). La persona que le otorgó el dinero fue su madre, Leonor Mendoza de López, gerente de Asuntos Públicos de la petrolera estatal.

"Chávez ve las encuestas y sabe que la única forma de ganar en Caracas es mi inhabilitación", denunció López.

Este nuevo embate contra la oposición llega cuando los partidos contrarios al chavismo aún no se han recuperado de la decisión, adoptada en 2005, de no presentarse en las elecciones legislativas por temor a un fraude. En la práctica, la decisión permitió consolidar el proyecto oficial de implantar el Venezuela el socialismo del siglo XXI.

No obstante, a fines del año pasado, Chávez resultó derrotado en un referéndum para habilitar su reelección ilimitada, y, antes de la decisión de la Contraloría General, se afirmaba que la oposición, que actualmente gobierna en dos estados, podía lograr un fuerte avance en las elecciones locales.
Según los sondeos, los candidatos antichavistas tienen una opción clara de ganar en seis estados y buenas posibilidades en otros cinco, ya que las candidaturas unificadas incrementan la posibilidad del triunfo opositor.

Omar Barboza, presidente de Un Nuevo Tiempo, dijo que ya hay listas unificadas en siete estados. Las candidaturas de otros cuatro estados están "en proceso de diálogo para un consensos", mientras se esperan los resultados de sondeos en 11 estados para definir también allí a las candidaturas opositoras unificadas.

Sin embargo, todo indica que las inhabilitaciones cambiarán estas perspectivas. "Hay estados en que el candidato más popular está inhabilitado. Es una situación muy difícil. Yo dudo que el gobierno permita al Tribunal Supremo habilitar a estos políticos", dijo Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis.

"Si algo podemos ver en la oposición hoy es una gran descoordinación y una desesperación [...]. A esa oposición la tenemos que barrer el 23 de noviembre", dijo Chávez hace unos días.

La lista de la Contraloría llegó a tener 368 nombres, pero ha sido depurada porque se retiraron aquellos que ya cumplieron el período de inhabilitación. De ese número original, 103 eran funcionarios electos por votación popular que militan en partidos opositores.

Los afectados alegan que la Contraloría sólo impone sanciones administrativas, y que, para perder el derecho político a ser elegido para un cargo público, debe existir una condena firme por parte de un tribunal penal.

Al respecto, el artículo 65 de la Constitución dice que no podrán postularse para cargos públicos únicamente quienes hayan sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Russián, por su parte, argumenta que la Ley de la Contraloría lo faculta a impedir que una persona sancionada ejerza un cargo público.

Chávez dio un espaldarazo a las disposiciones de Russián en junio pasado, cuando lo felicitó públicamente por su trabajo contra la corrupción.





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