Política y negocios

Por Venezuela Real - 20 de Julio, 2008, 20:52, Categoría: Política Internacional

Editorial I
La Nación - Argentina
20 de julio de 2008

La hostilidad, aparentemente coordinada, entre funcionarios públicos y sindicatos oficialistas, que se ha manifestado en los últimos días a través de distintas medidas de corte intervencionista, ha creado un conflicto injustificado en Aerolíneas Argentinas y ha demostrado, una vez más, la política del Gobierno tendiente a intervenir en el sector de los servicios públicos con el objeto de transferir activos privados hacia el sector público o, peor aún, a manos de empresarios ligados al Gobierno. Esta tendencia peligrosa, ya sistemática, expresa una concepción según la cual el poder político tiene derecho a extender su control a todos los ámbitos de la sociedad.

El caso de la compañía aérea se asemeja al que caracterizó al proceso de estatización de los activos franceses y españoles de Aguas Argentinas, con llamativa injerencia del Sindicato de Obras Sanitarias. También se parece a la forma en que, inducidos de manera directa por altos funcionarios del Gobierno, los ejecutivos de Repsol vendieron parte del paquete accionario de su filial YPF a un grupo empresarial que se expandió fuertemente en los últimos años, adquiriendo bancos provinciales y actuando notoriamente en la obra pública.
 

La misma matriz puede hallarse en la intervención del Gobierno en la venta de las acciones de Transener, controlada por Petrobras, para evitar que fueran a parar a manos de capitales de los Estados Unidos y favorecer, en cambio, a otra empresa que, amparada por la administración kirchnerista, ha conseguido hacerse de importantes contratos de obra pública. Escasamente conocida hasta la llegada del presidente Néstor Kirchner al poder, hoy se ha convertido en la adjudicataria de gran parte de las licitaciones para el tendido de redes de transmisión eléctrica de 500 kW. También se benefició con el concurso para la construcción de una importante usina de ciclo combinado en Campana.

Se repiten nombres a la hora de asignar la construcción de obras públicas o importantes concesiones de juego.
Este tipo de relación entre lo público y lo privado fue acompañado, a partir de mayo de 2003, por un discurso que aconseja favorecer desde el Estado la formación de una supuesta "burguesía nacional". El argumento aduce que la calidad de las prestaciones privadas está determinada por la nacionalidad del prestador y, muy a menudo, por la identidad de quienes conducen las empresas.
La exaltación de la "burguesía nacional" fue desplegada en el mismo momento en que la Argentina se aislaba de las grandes corrientes de inversión internacional y en medio del marcado deterioro de la capacidad de los organismos de control estatales, que son los verdaderos encargados de garantizar a los consumidores la calidad de los servicios. El último ejemplo del descuido de esta función ha sido la designación de un ex diputado, de nulos antecedentes en materia energética, como director del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

Semejantes prejuicios y prácticas, que amparan relaciones e intereses personales espurios, se intentan fundar en el supuesto de que el poder político sólo encuentra condiciones de viabilidad si se completa con un capítulo empresarial. O, para ponerlo en otros términos, que es imposible gravitar en una sociedad si no se controlan segmentos decisivos de su economía, en especial los que tienen impacto sobre los servicios esenciales.

No hace falta hacer notar la semilla autoritaria y corrupta que se cobija en esta visión de la vida pública. Es la que anida en experiencias como la que lideran Vladimir Putin en Rusia o Hugo Chávez en Venezuela. La crónica rusa de los últimos años está plagada de episodios en los que se ha utilizado el poder arbitrario del Estado para favorecer a un empresario o condenar a otro. Hubo procesos tan escandalosos (el de la compañía petrolera Yukov, por ejemplo, cuyo titular fue condenado a trabajos forzados en Siberia) que incluso hicieron levantar la voz a los institutos de derechos humanos de la Unión Europea.

Otro tanto sucede en la Venezuela de Chávez, donde avanza una ola de estatizaciones tan arbitrarias como poco transparentes. El régimen venezolano ha fomentado la prosperidad de empresarios adosados al poder político, integrantes de lo que en Caracas se denomina "burguesía bolivariana" o "boliburguesía", cosa que ha copiado el kirchnerismo. Son los beneficiarios de los contratos de comercialización de hidrocarburos o servicios petroleros que prodiga Pdvsa, o de negocios transnacionales como las operaciones con bonos argentinos en el mercado secundario.

Sobresale, en este orden, el caso reciente de Sidor, compañía de capitales argentinos cuya virtual confiscación no inspiró en el gobierno de Cristina Kirchner más que un llamativo silencio. Una actitud diametralmente opuesta a la conducta del gobierno socialista de España, que reclamó, a través de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, la inclusión del caso Aerolíneas en la agenda de los dos países.

A semejanza de la estatización de compañías privadas de capitales extranjeros, el apañamiento de estos burgueses parasitarios del Estado se inspira en un arcaísmo: la idea del "desarrollo endógeno", tanto más inviable cuanto más profunda y extendida resulta la globalización de la economía.





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