Carlos Escarrá acusó en 2004 a Russián de usurpador

Por Venezuela Real - 22 de Julio, 2008, 19:28, Categoría: Estado de Derecho

VANESSA GÓMEZ QUIROZ
El Nacional
22 de julio de 2008

INHABILITADOS -  Consideraba que las sanciones podían convertirse en un arma política
El diputado de la Asamblea Nacional aseguraba que sólo una sentencia judicial firme podría evitar a un ciudadano ejercer sus derechos políticos
Escarrá criticaba que no se le permitiera a los funcionarios presentar pruebas para defenderse de la inhabilitación
 
Violación a la garantía del juez natural, al debido proceso y al derecho a la defensa. Lo anterior pareciera un resumen de los argumentos que han esgrimido algunos de los inhabilitados por la Contraloría; sin embargo, tales premisas fueron formuladas en el año 2004 por Carlos Escarrá en su rol de abogado en ejercicio.

En esa oportunidad, el hoy diputado de la Asamblea Nacional exigió a la Sala Constitucional del TSJ lo mismo que ahora piden los sancionados: la nulidad del artículo 105 de la Ley de Contraloría.

Esas afirmaciones fueron expuestas en un recurso de nulidad interpuesto ante el TSJ el 3 de agosto de 2004 cuando fue contratado por un grupo de 10 legisladores regionales del estado Anzoátegui que habían sido sancionados por Clodosbaldo Russián.

En su escrito de 13 páginas sostuvo que el contralor Russián había incurrido "en el vicio de usurpación de autoridad recogido en el artículo 138 (de la Constitución) y por ende en una afrenta de la garantía al juez natural".

Asentaba entonces que las sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos no podían ser decididas por el contralor porque para ello debía privar únicamente una sentencia penal.

"La sanción de inhabilitación sólo puede ser consecuencia de una sentencia judicial firme, una decisión dictada en el marco de un proceso sustanciado y decidido por el Poder Judicial (resaltado del documento) en donde se garantice el derecho a la defensa y al debido proceso que pacta el artículo 49 del texto constitucional".

Más de cuatro páginas utilizó Escarrá para defender a sus clientes de la inhabilitación administrativa, la cual, reiteró en varios fragmentos, "sólo podrá ser consecuencia de la imposición de una pena privativa de libertad".

Sin defensa.

El abogado también criticó la ausencia del derecho a la defensa porque si bien se puede participar en el procedimiento sancionatorio hasta que el contralor declare la responsabilidad administrativa no es así para establecer la pena: "Para la inhabilitación política no se establece la obligatoriedad de sustanciar un procedimiento que permita oír al interesado".

Desmedido.

Otro de los argumentos de Escarrá para rechazar el artículo 105 de la Ley de Contraloría fue el uso desmedido y discrecional que podía darle Russián. Lamentaba que no se establecieran reglas para la graduación y escala de las sanciones: "Se le otorga una amplísima libertad al contralor para determinar la magnitud de las sanciones sobre la base de una amplísima discrecionalidad para inferir los hechos que la justifican".

Por ello señalaba que el derecho a la defensa estaba vulnerado: "Expresamente establece que el contralor determine la sanción sin que medie ningún otro procedimiento".

Ese era uno de los principales motivos de preocupación del abogado Escarrá, pues según su análisis las inhabilitaciones podrían tener un uso político por parte de Russián y afectar a altos funcionarios, incluido el Presidente.

"La no mediación de procedimiento alguno para imponer las sanciones previstas fácilmente puede constituirse en arma de naturaleza política y en una afrenta a la democracia que permitirá al contralor proceder contra cualquier funcionario, sin tener que motivar su actuación a través de un procedimiento sancionatorio previo".

Sorpresas.

El pasado 26 de junio, Escarrá participó en el debate de la AN en el que calificó de "choros y ladrones" a los inhabilitados por la Contraloría, por lo que los clientes del diputado expresaron su sorpresa por tales epítetos, pues el expediente sigue abierto en el TSJ y además el abogado tiene un poder que lo autoriza a actuar en nombre de los legisladores.

Harold Padilla y Adelmo Rondón, dos de los afectados, esperan que Escarrá renuncie como abogado de la causa, en caso contrario lo denunciarán ante el Colegio de Abogados.
 





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