El ABC de las inhabilitaciones

Por Venezuela Real - 23 de Julio, 2008, 11:01, Categoría: Estado de Derecho

Alberto Arteaga Sánchez
El Universal
23 de julio de 2008

El contralor no es juez, ni puede dictar sentencias penales ni puede imponer penas

El pasticho político en el que nos movemos nos ha hecho perder la perspectiva en asuntos que, a la luz del derecho, no ofrecen duda alguna. Trataré de sintetizar en algunos puntos los planteamientos más importantes:

1. La inhabilitación política, degradación cívica que afecta los derechos políticos, porque así lo dispone el Código Penal y lo recoge la Constitución, es una pena o una sanción penal accesoria que acompaña a la condena por cualquier delito que tenga asignada pena de presidio o de prisión.

2. Esa pena accesoria o bien se cumple durante el tiempo de la condena, como regla general o adicionalmente, se cumple una vez extinguida ésta, cuando se trata de delitos que afectan el patrimonio público.

3. Una pena no puede ser impuesta sino por un juez penal, después de un proceso con todas las garantías y ejecutada después de una sentencia firme de condena. El Código Penal prevé la pena de extrañamiento del territorio inaplicable por mandato constitucional y los trabajos forzosos, como pena infamante, igualmente inaplicables. Pero además muchas leyes u otros instrumentos aún vigentes, prevén la privación de libertad por orden de funcionarios públicos, lo cual es contrario a la Constitución, que sólo permite a un juez imponerla.

4. El contralor no puede aplicar penas, porque no es juez penal, pero sí puede declarar la responsabilidad administrativa y aplicar multas.

5. Si el contralor considera que hay elementos que comprometen la responsabilidad penal de un funcionario público, tiene la obligación de remitir lo actuado al Ministerio Público, órgano que tiene a su cargo la persecución penal. Antes de una sentencia penal firme, se presume la inocencia de cualquier persona acusado por un delito.

6. La Constitución de 1999 no modifica el concepto de inhabilitación política como pena y sin lugar a duda expresa, de manera inequívoca, que sólo impide la elección para un cargo de representación popular una condenatoria por un delito que afecte el patrimonio público.

7. Una sanción administrativa no es una pena y una pena no puede convertirse en sanción administrativa por la simple voluntad de la ley. En todo caso, la inhabilitación política no es sanción administrativa por voluntad de la Constitución (Arts. 42 y 65).

8. El contralor no es juez, ni puede dictar sentencias penales ni puede imponer penas y si la inhabilitación es una pena, no le corresponde aplicarla, aunque el Art. 105 lo prevea, contra la Carta Magna.

9. El Art. 105 de la Ley de Contraloría es un dispositivo inconstitucional, prevé como sanción administrativa la inhabilitación política y la considera accesoria de una sanción menor como la multa. Muchas leyes contienen dispositivos que coliden con la Constitución y por ello deben ser desaplicados o declarados nulos. Pero, además, esa disposición no se refiere a cargos de elección popular.

10. Una inhabilitación política administrativa no es más que un manifiesto abuso de poder que, ante los argumentos constitucionales y penales aportados, se convierte en un acto arbitrario que hace dudar de la buena fe del funcionario y califica su hecho como de franca hostilidad al derecho o de ceguera jurídica punible.







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