Se buscan culpables

Por Venezuela Real - 27 de Julio, 2008, 14:05, Categoría: Estado de Derecho

Francisco Olivares
El Universal
27 de julio de 2008

Ninguna de las experticias practicadas por los investigadores determinó que las armas de los PM dispararan los proyectiles recuperados de dos de los fallecidos y de los 29 heridos, promovidos en el juicio.

El destino de los once acusados por el caso del 11A debe decidirse a partir del 4 de agosto. Más de 450 pruebas aportó la Fiscalía que, para la defensa, ninguna demuestra culpabilidad.

Caso 11 de abril

El lunes 4 de agosto, se iniciarán las conclusiones del juicio en contra de los tres comisarios y los ocho funcionarios de la Policía Metropolitana, acusados por muertes y lesiones a ciudadanos, en el caso del 11 de abril. Es el juicio oral y público más largo registrado desde que se aprobó el Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela. Han transcurrido más de seis años de los sucesos, cinco años de iniciado el proceso en contra de los funcionarios policiales y tres años en el de los comisarios.

Presiones políticas, procesos investigativos cuestionados, impugnación de testigos, intervención del ejecutivo, son algunos de los eventos que han acompañado este juicio. Al final del camino el destino de estos 11 acusados debe decidirse, ya no sobre las especulaciones políticas que han circulado dentro y fuera del juicio, sino sobre la base de las pruebas que fueron aportadas en el abultado expediente que conoce el tribunal cuarto en funciones de juicio del circuito penal de Maracay a cargo de la juez Marjorie Calderón. Difícil decisión que quedará escrita en la historia política venezolana, contenida en más de 600 páginas de las audiencias públicas y que recae en la juez Calderón y los escabinos: Heisel Hernández, Malvis Moreno y el escabino suplente Juan de Dios Hernández.

Los tres comisarios

La historia judicial para los comisarios: Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas comenzó el 7 de enero del año 2005 cuando la entonces fiscal del caso, Luisa Ortega Díaz, actual Fiscal General de la República, acusó a los comisarios como "cómplices necesarios" en la comisión del delito de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, en contra de Rudy Urbano Duque y Erasmo Enrique Sánchez, quienes murieron en la avenida Baralt el 11 de abril.

La segunda calificación fue: Concurso ideal de lesiones personales gravísimas, en grado de complicidad correspectiva, en perjuicio de Jorge Recio París, Wilmer Pérez, Francisco Abad Mora Y Daniel Isaac Trino Colina. Es decir dos muertos y cuatro heridos.

Luego, el 20 de marzo de 2006, la Fiscalía amplió la acusación. Esta es una figura que está prevista en el Código Penal, pero que, según el abogado de la defensa, José Luis Tamayo, no era aplicable al caso del 11 de abril, porque la ampliación se tiene que basar en hechos o circunstancias nuevas. En este caso, incluyeron nuevas víctimas y un tercer fallecido: Josefina Rengifo, quien murió de Truco a Balconcito, al norte de Puente Llaguno y a 25 heridos más, quedando entonces la acusación por tres fallecidos y 29 heridos.

Cómplices necesarios

Cómplice necesario es una calificación que significa que sin la participación de la persona señalada no se hubiese podido cometer el delito. En este caso, los 8 funcionarios de la Policía Metropolitana son acusados de autores materiales de los tres fallecidos y los 29 heridos porque los acusadores suponen que ejecutaron las acciones de matar y herir a esas personas.

Mientras que los comisarios son acusados de cómplices necesarios, que consiste en haber realizado un aporte importante a los perpetradores materiales, de tal magnitud, que si en teoría se eliminara ese aporte, el delito principal no se hubiese cometido.

Según explica el abogado José Luis Tamayo, el artículo 84, numeral 2 del Código Penal describe la complicidad necesaria, que se produce en este caso y es: "Dando instrucciones o suministrando medios para realizarlo... "

Para acusar sobre esos dos hechos la fiscal Luisa Ortega Díaz argumentó: "Los Policías Metropolitanos, se apostaron, por órdenes de sus superiores, entre las esquinas de La Pedrera, Muñoz y Piñango, ocupando la vía central, utilizando como barricada los vehículos blindados, la Ballena y el Rinoceronte. Siendo aproximadamente las dos de la tarde, al presenciar la situación que reinaba en el momento, en el referido Puente Llaguno comenzaron a disparar, cumpliendo instrucciones giradas por radio por sus superiores" (... ) "entre otros los comisarios Simonovis, Vivas y Forero. En contra de las personas que se encontraban en el lugar. Situándose en la esquina de Piñango, acondicionándose encima de los vehículos blindados (... ) quienes procedieron a hacer uso excesivo de las armas de fuego que portaban, por habérselas suministrado sus superiores. Conducta ésta que no era la adecuada para disuadir".

En resumen, el primer hecho sería: "cumpliendo instrucciones giradas por radio". El segundo hecho con: "armas de fuego suministradas por sus superiores". Esos son los dos hechos que debieron demostrarse en el juicio.

Ante esa acusación, la defensa se planteó que si dieron instrucciones por radio, eso debía estar grabado en el control maestro de la Metropolitana, en donde se graban todas las comunicaciones radiales que utiliza el cuerpo policial. En la investigación se ubicaron 15 cintas grabadas correspondientes a ese día con las transmisiones del Control Maestro. Pero en relación a las supuestas instrucciones de disparar, lo único que se encontró fue la transmisión del comisario Lázaro Forero hechas como a las tres de la tarde donde dice: "Necesitamos un personal aquí de refuerzo ya que los talibanes estos están aquí, ah, en la esquina de Muñoz y hay un grupo grande de la oposición... están disparando... entonces necesitamos mantenerlos a raya"

Según explica el abogado Tamayo, ese dicho de Forero "los talibanes... están disparando", fue difundido en los medios como: "Dispárenle a los talibanes". Luisa Ortega Díaz ordenó inclusive una prueba de voces a Vivas, Forero y Simonovis, durante la fase de investigación. José Rojas fue el experto que analizó la cinta y estableció su autenticidad. Pero debido a que la cinta no tenía el contenido adecuado para sostener la acusación, nunca se promovió como prueba por parte de la Fiscalía. La defensa sí la promovió y fue escuchada en la audiencia. De manera que, concluye el abogado Tamayo, la Fiscalía nunca contó con una prueba material que demostrara que hubo órdenes, por parte de los comisarios, de disparar contra los manifestantes oficialistas.

En relación al segundo aspecto de la acusación de suministrar las armas. Explica Yajaira Forero, esposa de Lázaro Forero y abogada del equipo de defensa, que la Metropolitana, como cualquier cuerpo policial, tiene su parque de armas el cual se rige mediante un reglamento interno y las armas están resguardadas por un parquero. Existen otras armas llamadas, "armas orgánicas" de la PM. Los funcionarios cuando van a recibir su servicio van al parque de armamento. El parquero, que es un sargento de gran experiencia, es quien hace entrega de las armas. Allí tienen que firmar un libro donde consta que le están entregando esa arma y una vez que finaliza el servicio, ese funcionario debe entregar de nuevo el arma y firmar el libro donde queda constancia de la devolución.

Las armas especiales como subametralladoras, se les entregan a funcionarios con jerarquía, de acuerdo con la función que van a cumplir, mediante el mismo procedimiento.

Según el abogado Tamayo, es absurdo haber acusado a los comisarios por el hecho de haber suministrado armas, ya que las que tenían los policías ese día se rigieron por el mecanismo normal que se utiliza en el parque de la PM.

Un caso sin pruebas

Para la Fiscalía intentar demostrar esos dos hechos presentó durante el juicio 450 pruebas aproximadamente. Según el estudio hecho por la defensa, prueba por prueba, al descartar todas aquellas que no nos llevaban a demostrar a alguna relación con los imputados, sólo quedaron dos y son los testimonios de dos testigos: los ex funcionarios Gonzalo Sánchez Delgado, ex director de la comisaría de Ruiz Pineda, y Emigdio Delgado, ex jefe de operaciones de la PM. Ambos señalaron en la audiencia que los tres comisarios les dieron órdenes de disparar contra "los talibanes" o manifestantes oficialistas, al tiempo que se negaron a detener la marcha que se desvió al Palacio de Miraflores.

Para el abogado Tamayo, el conjunto de supuestas pruebas conforman un abultado "mamotreto" de inspecciones y testimonios, que no llevan a sostener la pretensión probatoria de la Fiscalía. En resumen las investigaciones arrojan entre otras cosas:

Las experticias y planimetrías demostraron que el origen de los disparos sobre las tres víctimas, no se corresponde con el punto donde estaban ubicados los PM.

Ninguna de las experticias practicadas a los proyectiles recuperados de los cuerpos de dos de las tres víctimas pudieron ser relacionadas con ninguna de las armas del parque de la PM, ni con las armas que llevaban asignadas ese día los PM acusados de asesinar a estas tres personas. Tampoco se encontró ninguna relación con los proyectiles recuperados de los cuerpos de algunas las 29 víctimas que resultaron heridas.

Ninguno de los ocho funcionarios acusados como autores materiales confesó haber recibido órdenes de disparar en contra de los manifestantes como tampoco reconocieron haber disparado contra ninguna de las víctimas.

Arube Salazar, el único funcionario que fue visto disparando, y que reconoció que lo hizo desde la Ballena, accionó su arma como a las cinco de la tarde, una hora y media después que fueran asesinados Erasmo Sánchez, Rudy Urbano y Josefina Rengifo.

El parquero de armas de la Policía Metropolitana declaró en el juicio que ninguno de los comisarios le ordenó entregar armas a determinados funcionarios.






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