Escenarios

Por Venezuela Real - 1 de Agosto, 2008, 11:13, Categoría: Estado de Derecho

Gerardo Blyde
El Universal
01 de agosto de 2008

La Sala podría darle la razón al Contralor y usted será quien juzgue si existe democracia

La Sala Constitucional del TSJ tiene en sus manos la inmensa responsabilidad de demostrar que la Constitución es la ley de leyes. Es obligación indeclinable del juez constitucional hacer que se respete e imponga la supremacía constitucional y, en consecuencia, ejercer el control jurisdiccional que anule cualquier norma o acto de inferior jerarquía que pretenda violentar o menoscabar el ejercicio de derechos fundamentales consagrados en la carta magna. No valen atajos, no valen excusas referidas al volumen de causas, no vale correr la arruga y guardar silencio ante lo que se ha constituido, sin duda, en un tema de interés nacional e internacional.

Las democracias constantemente se están probando a sí mismas. La prueba máxima que un sistema democrático puede dar está en la capacidad que tengan sus instituciones de actuar de manera independiente y, aun en contra de la voluntad de quien ejerce el poder, producir decisiones que controlen ese poder y hagan de la norma constitucional letra viva que se imponga a todos por igual.

Las explicaciones que se han dado para sostener (quienes lo hacen) la supuesta constitucionalidad de las inhabilitaciones chocan contra el muro levantado por el propio constituyente al redactar los artículos 65 y 42 constitucionales que señalan la necesaria y previa sentencia judicial penal condenatoria y firme para que el derecho fundamental a ser elegido pueda ser suspendido. Si no hay condena penal, no puede haber inhabilitación política. Ni el constituyente ni el texto constitucional previeron que podía haber otra forma distinta para producir la suspensión de ese derecho.

Cuando el Contralor señala que sus inhabilitaciones son distintas a las previstas constitucionalmente, cuando alega que son inhabilitaciones administrativas con origen distinto y efectos parciales (porque sus inhabilitados conservan parte de sus derechos políticos al dejarlos elegir suprimiéndoles el ser elegidos), establece una diferenciación inexistente en la propia Constitución, texto que consagra el derecho a elegir, ser elegido y la única forma de suspenderlo.

Toca al juez constitucional ejercer el control de la constitucionalidad de los actos del Contralor. Cuando un juez constitucional tiene dudas, siempre debe abrazarse a los principios fundamentales del Estado democrático de Derecho. Debe partir del bien supremo protegido por el orden constitucional en el caso concreto que deba sentenciar. La necesaria protección de la voluntad popular enfrentada a la voluntad individual de una institución del Estado. El pueblo venezolano debe estar siempre en el primer lugar de las prioridades de un juez constitucional.

Una de las más importantes manifestaciones de la soberanía popular esta en el derecho al sufragio. Mediante el ejercicio de este derecho el pueblo elige (de entre ese mismo pueblo) a sus representantes. Cuando el pueblo no puede ejercer libremente este derecho, cuando se le colocan obstáculos para elegir libremente, el sistema democrático se vulnera en su propia raíz. Es tan consustancial con la democracia la libre elección de sus autoridades que el texto constitucional fue muy celoso y estricto al consagrar la

necesaria intervención del Poder Judicial en decisión penal firme (es decir inapelable e irrecurrible), para limitarlo.

La Sala Constitucional puede decidir anulando parcialmente el artículo 105 de la Ley de Contraloría en lo que respecta a la inconstitucional competencia dada al Contralor para producir inhabilitaciones. En ese caso todos los inhabilitados quedarían en pleno ejercicio de sus derechos políticos y el Contralor no podría inhabilitar a más nadie a futuro.

También podría dictar decisión en el recurso de interpretación. En ese caso valdría mucho que se estableciera que el régimen sancionatorio con pena accesoria de inhabilitación establecido en el mismo artículo 105 de la Ley de la Contraloría, no es aplicable a funcionarios de elección popular, porque para ellos el régimen de inhabilitaciones está constitucionalmente previsto y requiere sentencia penal firme y no un acto en instancia administrativa.

La Sala también podría no decidir nada ahora, justo antes de comenzar el proceso de inscripción de candidatos, lo cual produciría daños irreparables a futuro pues el derecho político fundamental a ser elegido habría sido vulnerado sin respuesta efectiva y a tiempo del juez constitucional cuyo deber fundamental es impedir que las violaciones constitucionales se sucedan.

Por último podría darle la razón a la interpretación extensiva que hace el Contralor. Quedarían vigentes las inhabilitaciones y usted, estimado lector, será quien juzgue si existe democracia en nuestra patria.






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