Inhabilitados en el TSJ

Por Venezuela Real - 1 de Agosto, 2008, 9:58, Categoría: Estado de Derecho

Carlos Crespo
TalCual
01 de agosto de 2008

Los magistrados de la Sala Constitucional escucharon en audiencia los argumentos de los representantes legales de 15 inhabilitados que pidieron la anulación del artículo 105

L uego de meses de controversia una cadena presidencial impidió que se televisara el debate en el TSJ entre los representantes legales de 15 inhabilitados, quienes volvieron a pedir la anulación del artículo 105 de la Ley de Contraloría por considerarlo inconstitucional y los representantes de cuatro poderes públicos que solicitaron que éste se declare con rango constitucional por el "avance" que ha representado en la lucha contra la corrupción.

El único de los inhabilitados convocados que decidió tomar la palabra, fue el alcalde de Chacao, Leopoldo López, quien pidió a los magistrados que anulen el artículo 105 debido a que viola el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes populares: "En concreto venimos a plantear el derecho que tiene el pueblo a elegir, que es un derecho que tienen todos los venezolanos. Si no hay condena no hay inhabilitación y nosotros no hemos sido ni juzgados, ni condenados".

El dirigente, cuyo discurso utilizó más argumentos de tipo político, recordó que hace diez años la extinta Corte Suprema de Justicia, negó una solicitud para inhabilitar al actual presidente de la República, a pesar de que este había confesado haber planificado un golpe de Estado: "Diez años después nos enfrentamos a la misma decisión y es el pueblo el que debe decidir en este caso".

En su discurso el alcalde argumentó que la medida viola los artículos 42 y 65 de la Carta Magna, así como el 23 de la Convención Americana y por tanto pidió a los magistrados que tomen una decisión antes de que se venza el lapso de las postulaciones el próximo 12 de agosto. Las palabras de López fueron aplaudidas por los presentes, en su mayoría seguidores del alcalde, lo que ocasionó que la presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, amenazara con suspender la audiencia.

Los seguidores de López, así como dirigentes políticos y estudiantiles, se concentraron a las afueras de la instancia judicial desde horas de la mañana. Sólo fue permitido el acceso a un grupo reducido de éstos, pues los funcionarios de la Guardia Nacional apostados a las afueras impidieron el paso a las personas alegando que la sala estaba llena. Sin embargo, la audiencia se celebró en con el recinto a media capacidad. Igualmente, a los que ingresaban se les solicitó que se quitaran cualquier prenda alusiva al tema de las inhabilitaciones.

ARGUMENTOS CONOCIDOS

Los abogados de los afectados dieron todo tipo de argumentos para pedir la nulidad de los actos de Clodosbaldo Russián, la mayoría ya conocidos por la opinión pública Manuel Egaña, representante legal de María Trinidad Ramírez, recordó que la aplicación del artículo 105 viola el principio judicial non bis in ídem que establece que una persona no puede ser juzgada o sancionada dos veces por los mismos hechos. Los inhabilitados por Russián recibieron en principio una pena principal, consistente en una multa, y meses o hasta años después recibieron una pena "accesoria" que consistió en la inhabilitación.

Enrique Sánchez Falcón, abogado de Leopoldo López, recordó que los artículos 42 y 65 de la Constitución exigen sentencia firme y cedió la mayor parte de su tiempo a su representado. Silvio Castellano, representante de Humberto Bello, expresó su sorpresa porque a pesar del establecimiento de sanciones de tipo penal en contra de los afectados, ninguno de ellos se encuentra en prisión o perseguido por procesos penales.

Por su parte Orlando Ochoa, defensor de Antonio Barreto Sira, leyó un extracto de un documento de la República de 1861 en el que se establecía limitaciones para las autoridades encargadas de sanciones administrativas, argumentando que nunca en el país estos funcionarios han podido impedir a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Todos los juristas coincidieron que el artículo al establecer que el contralor puede sancionar "sin que medie otro procedimiento", viola el derecho a la defensa.

LA PREGUNTA DE RONDÓN HAAZ

Por el estado asistieron representantes de la Contraloría, la Asamblea Nacional, la Procuraduría y el Ministerio Público quienes al unísono pidieron que la sala declare la constitucionalidad del artículo 105 de la Contraloría. De acuerdo con los representantes del organismo este se ha establecido en un elemento imprescindible para la lucha contra la corrupción y para el logro del Estado de derecho y de justicia.

Consideraron que el procedimiento administrativo de la instancia es una garantía del debido proceso e indicaron que no hay una doble sanción por cuanto las medidas son de diferentes tipos: "Se ha tratado de vender que las inhabilitaciones limitan el derecho a elegir, pero se oculta las razones de las inhabilitaciones", dijo Rosana Orihuela, representante del MP.

El magistrado Pedro Rondón Haaz fue el único de los seis integrantes de la Sala Constitucional que preguntó al consultar a los representantes del MP cómo relacionaban los artículos 42 y 65 de la CN con el artículo 105 de la LOC.

Orihuela, respondió que no se pueden separar los contenidos de ambos articulados con un "bisturí" y que las sanciones administrativas no son incompatibles con las restricciones de derechos políticos.





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