Consejos comunales determinarán el consumo en las regiones

Por Venezuela Real - 5 de Agosto, 2008, 10:52, Categoría: Economía

KATIUSKA HERNÁNDEZ
El Nacional
05 de agosto de 2008

Se prevén sanciones contra el contrabando y acaparamiento

La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria le otorga poder a los consejos comunales para que junto con el Ejecutivo establezcan quiénes tendrán prioridad en el suministro de servicios y en la colocación de productos e insumos. Igualmente tendrán la facultad de determinar el consumo comunal por rubro e identificar a la población beneficiaria de los alimentos.

"El Ejecutivo, en conjunto con los consejos comunales de cada región, determinará los niveles de consumo comunal por rubro e identificará a los beneficiarios con base en parámetros objetivos que permitan el acceso prioritario de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica", establece el artículo 36.

Además, los consejos comunales se encargarán de fijar el consumo de acuerdo con la condición social de las personas, su grado de exclusión y el acceso a los alimentos prioritarios. Igualmente, en este artículo se señala que el Estado y la comunidad garantizarán un límite mínimo o necesario de alimentos "manteniendo valores ideales que no se traduzcan en un consumo exagerado".

En las regiones donde operen productores, agroindustrias y empresas procesadores se dará prioridad al abastecimiento de esa comunidad antes de autorizar la salida del producto hacia otras zonas del país.

La ley también reconoce como mecanismo de intercambio y pago el trueque y otras modalidades no monetarias, al igual que la compra venta como característica mercantil.

"Son actividades de intercambio, distribución y comercialización de productos agroalimentarios las acciones y funciones facilitadoras del flujo de bienes, servicios y saberes, incluyendo el trueque, la compra, venta, pignoración, determinación de precios de productos e insumos para la alimentación y la producción agrícola, así como el destino de los excedentes, formas válidas de equivalencias y acciones de comercialización", dicta el artículo 32.

Igualmente, la ley le otorga un papel protagónico a los consejos comunales en las decisiones de planificación de la producción e incluso en casos en que se tenga que asignar prioridad para el suministro y colocación de productos e insumos. El artículo 35 indica que el Ejecutivo podrá establecer los sujetos beneficiarios a los que se les dará prioridad para la colocación de los productos agrícolas, suministros de insumos y uso de servicios requeridos en la producción.

"El Ejecutivo, en conjunto con los consejos comunales de cada región, definirán los requerimientos mínimos para el suministro de insumos y servicios que garanticen las condiciones de producción por rubro y por región, e identificará los sujetos beneficiarios", dicta la ley.

Se crean igualmente las asambleas agrarias, que servirán de espacio para concertar y planificar la producción, intercambio y distribución de los productos donde actuarán los gremios tradicionales, el Gobierno y los consejos de campesinos o productores.

Por ley se crea además la reserva estratégica de alimentos por un mínimo de 90 días. El viceministro de Agricultura, Richard Canán, dijo que en algunos rubros ya se cuenta con una reserva para garantizar el abastecimiento.

Sanciones.
El artículo 105 de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria establece que el Estado, a través de los órganos competentes, aplicarán multas, decomiso, cierre temporal de establecimiento e incluso se contempla prisión para quienes infrinjan la ley y cometan delitos de acaparamiento, extracción o contrabando, destrucción de alimentos y otras irregularidades.

El artículo 110 especifica que cuando la infracción haya sido cometida de manera reiterada, la multa se incrementará 50% por cada nueva infracción hasta un máximo de 5.000 unidades tributarias (230.000 bolívares fuertes) y el cierre temporal del establecimiento hasta por un máximo de 15 días continuos.

Por ilícitos leves como no registrarse, no presentar declaraciones exigidas por los organismos, aportar información falsa y negarse a prestar el apoyo en casos de fiscalizaciones e inspecciones entre otros, la multa es de entre 10 y 100 unidades tributarias (cada unidad equivale a 46 bolívares fuertes).

Por ilícitos graves como no acatar las órdenes de los organismos competentes, incumplir las normas de importación o exportación, obstaculizar las inspecciones y fiscalizaciones y no presentar las declaraciones exigidas, las sanciones serán de entre 500 y 1.000 unidades tributarias.

Por extracción de alimentos o productos agrícolas serán multados con entre 10 y 50 unidades tributarias y el decomiso de la mercancía. Por daño premeditado de la producción, obstrucción, destrucción o deterioro de las reservas estratégicas se prevé prisión de 6 meses a 3 años y multas entre 1.000 y 10.000 unidades tributarias.

La ley establece sanciones a quienes incumplan con la norma de la Superintendencia de Silos Almacenes y Depósitos que exige las guías de movilización de alimentos. En tal sentido el artículo 121 fija como multa para quienes incumplan las restricciones o prohibiciones a la movilización de alimentos o productos agrícolas entre 30 y 3.000 unidades tributarias y el decomiso de la mercancía.





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