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El socialismo según la Habilitante
Por Venezuela Real - 5 de Agosto, 2008, 11:00, Categoría: Política Nacional
EQUIPO NACIÓN
El Nacional 05 de agosto de 2008 Un mapa de navegación sobre el nuevo andamiaje legal aprobado por Hugo Chávez Una visión global de las 26 leyes confirma la ampliación del poder del Ejecutivo Nacional y la introducción de cambios rechazados el 2 de diciembre Un retrato del socialismo propuesto por el presidente Hugo Chávez se puede dibujar a partir de las 26 leyes aprobadas el viernes por el jefe del Estado gracias a los poderes habilitantes que le concedió la Asamblea Nacional hace año y medio. La mayoría de los instrumentos legales –15 en total– regulan directamente materias del ámbito económico, como las finanzas públicas, la banca, el turismo, el sector agroalimentario y el acceso a bienes y servicios. El número habla por sí mismo del énfasis presidencial de establecer nuevas definiciones en el campo de la economía, un asunto que el propio Chávez ha calificado de crucial para concretar el proyecto socialista que había sido rechazado por el electorado el 2 de diciembre en el referéndum constitucional. Las leyes restantes, otras 11, abarcan modificaciones en el régimen de administración pública e instituciones como la Fuerza Armada y la Procuraduría. También incluyen temas como la vivienda, la seguridad social, los espacios acuáticos, las canalizaciones y el sistema ferroviario. Un mapa de los cambios medulares se despliega en la tabla de la siguiente página. Pero una visión de conjunto sobre el alcance de los cambios del "paquete habilitante" permite advertir la tendencia a la centralización, la ampliación de poderes del Gobierno y del fortalecimiento de la presencia popular en las relaciones económicas. La Ley de Acceso a Bienes y Servicios, por ejemplo, declara la utilidad pública e interés social de todos aquellos elementos necesarios para la cadena de producción y comercialización final de los bienes y servicios de primera necesidad, como los alimentos. Esto permitirá al Gobierno expropiar desde una finca hasta un silo, por ejemplosin necesidad de que la Asamblea Nacional dé su visto bueno como ha hecho hasta la fecha. El artículo excede, incluso, la propuesta de reforma constitucional que conservaba la facultad parlamentaria de definir la utilidad pública de un bien. Jorge Pabón, ex decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la UCV, dijo lo siguiente: "Es un acto de obscenidad constitucional tratar de imponer la reforma que fue rechazada". Opina que tiene que concluir el actual período constitucional para que se intenten modificaciones con la misma orientación. La Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria establece que los consejos comunales, junto con el Ejecutivo, determinarán los rubros que se van a consumir en cada región. Además crea la reserva estratégica de alimentos por 90 días. La Ley de Fomento de la Economía Popular legaliza el trueque, como una manera de intercambio solidario dentro de jurisdicciones específicas. Monedas como la lionza, que existe en Yaracuy, adquiere rango legal. Se establecen además ocho tipos de organizaciones socioproductivas denominadas así: empresa de propiedad social directa o comunal, empresa de propiedad social indirecta, empresa de producción social, empresa de distribución social, empresa de autogestión, unidad productiva familiar y grupos de intercambio solidario, y grupos de trueque comunitario. El manejo descentralizado de la industria turística queda minimizado en la ley orgánica de la materia. Por ejemplo, queda eliminado el carácter legal del Consejo Nacional del Turismo que agrupaba a todas las cámaras privadas. En la reforma de la Fuerza Armada Nacional se define la institución como bolivariana, término que cataloga el proyecto político presidencial. Se crearon las milicias a partir de los reservistas, lo que reforzó las inquietudes de los analistas sobre la definición apolítica de los hombres en armas. En la ley sobre la administración pública se agregó un artículo que permite al Presidente de la República designar autoridades regionales con competencias y presupuesto para ejecutar planes definidos por el Gobierno central. La figura recuerda a los vicepresidentes provinciales que fueron propuestos en la reforma constitucional en el marco de los principios de la nueva geometría del poder. Las misiones, a través de la reforma de la administración pública, se legalizaron aunque no se les dio estatus constitucional como estaba establecido. Se podrán activar para atender las necesidades más urgentes y sentidas de la población. Hay instrumentos que no se desarrollaron. Por ejemplo, las modificaciones a la ley orgánica de seguridad social dejaron pendientes el desarrollo de los regímenes de pensiones y salud. |
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