Alegatos por las inhabilitaciones

Por Venezuela Real - 6 de Agosto, 2008, 10:46, Categoría: Estado de Derecho

Alberto Arteaga Sánchez
El Univesal
06 de agosto de 2008

La inhabilitación política es una pena y no una sanción administrativa

Debo confesar que esperaba con ansiedad la oportunidad para oír los alegatos que podrían formularse en contra de las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría a tenor de lo dispuesto por el artículo 105 de la ley que rige a este organismo.

No son pocas las leyes, decretos y ordenanzas que contienen dispositivos que coliden con la Constitución, sobre todo en materia de derechos fundamentales, los cuales, por ello, deben ser desaplicados o declarada su nulidad.

Una ley, como la de Vagos y Maleantes, de triste recordación, que imponía "penas" de privación de libertad bajo la fórmula encubierta de "medidas administrativas de seguridad", aplicadas por gobernadores y prefectos, fue anulada por la extinta Corte Suprema de Justicia en 1996, después de 60 años de vigencia y de atropellos.

Hoy, bajo el manto de una Constitución garantista, ejemplo en materia de resguardo formal de los derechos humanos, que, de manera expresa e inequívoca, sólo impide la elección para cargos de elección popular, bajo la fórmula de la inhabilitación política específica, a los "condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público", después de cumplida la condena y en esos casos, salvo por otras condenas a las penas de presidio o de prisión, como inhabilitación política genérica, que se impone durante el tiempo de ejecución de la pena principal, se sostiene que el contralor sí puede inhabilitar, porque se trata de una sanción administrativa que le está atribuida a él por ley. De esta forma, por obra y gracia de una ley, en contra del Código Penal y de la Constitución, una pena se convierte en una sanción administrativa y un funcionario resulta investido de la condición de juez penal, el cual, sin proceso previo y sin condena por un delito, puede degradar cívicamente a un ciudadano.

Con esta interpretación, la ley de Vagos y Maleantes cobra vida, cualquier funcionario puede privar de su libertad a un ciudadano si una norma legal o reglamentaria se lo permite y la exigencia fundamental de que no hay condena penal sin juicio queda en el cesto de la basura.

La inhabilitación política es, simplemente, una pena y no una sanción administrativa, porque así lo dispone el Código Penal (art. 24) y la Constitución así lo consagra, al no permitirla, de manera expresa en cuanto a los cargos de elección popular (art. 65) sino por una condena por un delito que sólo puede ser dictada por un juez. Pretender, por lo demás, que la sentencia de condena sea la de la Sala Constitucional que conoce de la nulidad es un exabrupto que, en definitiva, reconoce que hace falta una sentencia para inhabilitar y que, por tanto, los que no han recurrido al TSJ y han sido inhabilitados por el contralor, no lo estarían.

No hace falta ser abogado para entender lo que dice la Constitución. La inhabilitación política es una pena y no una sanción administrativa porque así lo dispone la Carta Magna y el Código Penal, a diferencia de una multa, que puede ser pena o sanción administrativa. Y el contralor no es juez penal y por ello, no puede imponer penas, aunque lo diga la Ley de Contraloría, que no está por encima de la Constitución.





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