Ley de Administración Pública suprime garantía sobre DDHH

Por Venezuela Real - 6 de Agosto, 2008, 10:32, Categoría: Estado de Derecho

OLP
El Universal
06 de agosto de 2008

El artículo 70 faculta al Presidente a designar autoridades regionales

El decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública, dictado por la Habilitante y vigente desde del 1 de agosto, introdujo cambios sustanciales en comparación con la ley similar de la Habilitante de 2001, que ahora quedó derogada.

Uno de ellos es que se eliminó el desarrollo de la garantía del derecho a petición, que estaba contenido en el artículo 10 de la ley anterior, relacionado con la responsabilidad de los funcionarios públicos y funcionarias públicas por violación de derechos humanos. En esa norma se establecía textualmente:

"Sin perjuicio del derecho de acceso a la Justicia establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, los particulares cuyos derechos humanos hayan sido violados o menoscabados por un acto u orden de un funcionario público o funcionaria pública, podrán, directamente o a través de su representante, acudir ante el Ministerio Público para que éste ejerza las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubiere incurrido dicho funcionario o funcionaria. Igualmente, podrán acudir ante la Defensoría del Pueblo para que ésta inste al Ministerio Público a ejercer dichas acciones y, además, para que la Defensoría del Pueblo solicite ante el Consejo Moral Republicano que adopte las medidas...".

Sobre esta materia, la nueva ley sólo conservó el artículo 9 relacionado con la "Garantía del derecho a petición", el cual obliga a los funcionarios a recibir y atender oportuna y adecuadamente las solicitudes "sin excepción". De no hacerlo, dice, "serán sancionados de conformidad con la ley".

Otro aspecto resaltante es la incorporación de la facultad presidencial de "designar autoridades regionales" para planificar, ejecutar y controlar las políticas, planes y proyectos de ordenación y desarrollo del territorio". Juristas opinan que este aspecto va en contra de los principios de participación y de democracia.
 
Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos
Qué estipula

Se trasladaron los incentivos fiscales previstos en la derogada Ley de Reactivación de la Marina Mercante (2000) a un nuevo capítulo de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, pero se eliminó un incentivo fiscal fundamental que es la exoneración de tasas aduanales para la traída de los buques, lo que, según el abogado experto en Derecho marítimo, Aurelio Fernández-Concheso, hace que el registro a Bandera venezolana de un buque sea extremadamente oneroso y "represente un serio peligro para el desarrollo de la marina mercante venezolana".

Se eliminaron las exenciones para yates y embarcaciones de recreo.

El Instituto Nacional de Espacios Acuáticos era el ente de políticas y gestión del sector acuático, ahora pasa a ser el Ministerio de Infraestructura el ente planificador de políticas, lo cual "va en contra del proceso de descentralización", dice Fernández-Concheso.

Los conceptos relacionados con el Derecho internacional, como mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva, entre otros, no sufrieron modificaciones.

¿Constitucional?


Según el abogado Aurelio Fernández-Concheso -experto en Derecho marítimo- "salvo por el hecho de que no se consultó, no se perciben elementos de inconstitucionalidad" en el Decreto N° 6.126 con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos.

Cómo afecta

La eliminación de la exención de tasas aduanales para la traída de buques la sentirá en su bolsillo el ciudadano, aunque no pueda verlo en forma directa. El abogado Fernández-Concheso señala que al menos 90% de los productos que se consumen en Venezuela, o sus insumos, vienen por vía marítima. "Buques más caros van a originar que por la vía del flete se incrementen los precios de los productos. Eso presiona sobre la inflación", señala. Agrega que "cuando la gente vaya al Puerto Libre de Margarita, creyendo que está comprando los productos libres de impuestos, en realidad estarán pagando un impuesto indirectamente, que es el del buque en el que viene la mercancía".

Los servicios públicos marítimos, como los ferries, no van a poder mejorar la calidad. Según el abogado, desde la promulgación de la Ley, traer un ferry a Venezuela cuesta aproximadamente 600 mil dólares más (el 1% de los 60 millones de dólares de su precio aproximado).

Habrá que esperar para evaluar las consecuencias de que sea el Minfra el que asuma directamente la planificación de políticas acuáticas, lo que estaba a cargo de un ente descentralizado.
 
 
 
 
 





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