Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios

Por Venezuela Real - 6 de Agosto, 2008, 10:44, Categoría: Política Nacional

El Universal
06 de agosto de 2008

Qué estipula

Se consideran de utilidad pública e interés social todos los bienes necesarios para desarrollar actividades de producción de bienes y servicios básicos.

El Estado, cuando las circunstancias lo requieran, podrá dictar medidas excepcionales destinadas a evitar el alza indebida de los precios, acaparamiento y boicot de productos y servicios.

Para quienes incurran en especulación, acaparamiento y boicot se estipulan cierres temporales por 90 días, o definitivos, y sanciones entre 100 y 5.000 UT; también hay penas entre 2 y 10 años de prisión. Se amplía la competencia del órgano rector en materia de fiscalización a toda la cadena de distribución, producción y consumo, como importadores, productores, fabricantes, distribuidores y comercializadores.

Se derogan la Ley de Protección al Consumidor y el Usuario, la Ley contra el Acaparamiento. Se elimina el Indecu y se crea el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios.

¿Constitucional?
NO

Según el abogado constitucionalista Gerardo Fernández, este instrumento legal contiene aspectos violatorios de la Constitución Nacional vigente (1999) que establece en su artículo 115 la garantía al derecho de propiedad. "Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes". Y de acuerdo a la lectura de esta ley se deja abierta la "posibilidad de confiscar y de lograr adquisiciones forzosas", por tanto son atentatorias de la propiedad.

Cómo afecta

El exceso en los controles y medidas de fiscalización podría afectar la rentabilidad de los negocios, lo que podría derivar en que muchas empresas decidan cerrar sus puertas, considera el abogado José Vicente Haro.

De ser aplicados correctamente, los mecanismos de control podrían evitar la especulación, usura y acaparamiento de productos básicos.

La fiscalización excesiva e injustificada así como la ocupación de empresas productivas desestimularían la producción afectando la disponibilidad de bienes y servicios, aseguró Haro.

Destaca Gerardo Fernández en su análisis del nuevo instrumento que deroga a la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario y el Decreto especial de Ley contra el Acaparamiento, que "se evidencian grandes perturbaciones de la actividad productiva".

En el espíritu de la ley, observó el constitucionalista, "no se incluyen incentivos para impulsar y recuperar el aparato productivo nacional"
 
 





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