Se expande el poder del Estado sobre los procesos económicos

Por Venezuela Real - 6 de Agosto, 2008, 10:08, Categoría: Economía

SUHELIS TEJERO PUNTES / MARIELA LEÓN
EL UNIVERSAL
06 de agosto de 2008

Con una de las leyes se corre el riesgo de militarización de la cadena de producción

En una economía ya controlada por la vía de los precios y del acceso a los dólares, ahora el Gobierno refuerza la posibilidad de intervenir todavía con más ímpetu. Con la aprobación que concretó el Ejecutivo de un grupo de leyes, a través de la Habilitante, el Estado ahora ensancha su poderío sobre los procesos económicos y no quedan dudas de que el saldo final de esta intervención sobre el aparato productivo será negativo.

A esta conclusión llegaron abogados constitucionalistas consultados por El Universal sobre el alcance que tendrán las nuevas normas habilitantes que fueron publicadas esta semana.

Las 26 leyes aprobadas por el Ejecutivo, en el límite temporal permitido por la Habilitante, imponen "más controles y más centralismo" de Estado sobre la actividad económica, comercial y financiera del país.

Gerardo Fernández, abogado constitucionalista, aseguró que en el conjunto de leyes de espectro económico se observa un marcado determinismo oficial en la toma de decisiones. "Miraflores asume aún más control en la economía y en las finanzas" internas.

Fernández refirió que de este "paquete legislativo" surgen "grandes perturbaciones" para el aparato productivo del país. En las leyes de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, prevalece el "carácter punitivo y sancionatorio" y una agudización del "Estado policía. No habla de incentivar e impulsar la producción" local.

En estos instrumentos el Estado emplaza a las empresas e industrias a "adecuarse a un modelo socialista" y si esto no llegara a suceder, en opinión de las autoridades, "se puede expropiar, interrumpir la producción e interrumpir huelgas de trabajadores. Es una espada de Damocles que tienen los productores para invertir y expandirse; si no hay producción, hay más desabastecimiento y el consumidor es el más afectado".

Destacó que en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria es posible la "militarización de la cadena de producción, distribución y comercialización, pues se deja en manos de la Reserva la custodia de bienes y productos ante una eventual contingencia" nacional y "esto crea incertidumbre institucional".

Sin cumplir los pasos

Por su parte, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José Vicente Haro, coincide con Fernández en las consecuencias nefastas que tendrán las normativas sobre el aparato productivo.

Aseguró que se amplían excesiva e injustificadamente los poderes del Estado para regular determinados aspectos económicos y citó como ejemplo la eliminación del paso previo a la expropiación de un bien, que era la declaratoria de utilidad pública por parte de la Asamblea Nacional (AN), en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

"El campo de acción es amplísimo, tan amplio como estaba previsto en la reforma constitucional", expresó el abogado constitucionalista.

Detalló que este concepto se mantiene en la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, a través del control definido sobre las cadenas de comercialización, pues aseguró que este aspecto estaba previsto en las modificaciones a la Constitución Nacional que fueron rechazadas en diciembre.

Haro, además, cuestionó las normas en sí porque no se cumplieron los pasos previos para su aprobación. "Se omitieron los procedimientos de consulta, en virtud de lo estipulado en la Ley de Administración Pública, estas normas estarían viciadas de nulidad", enfatizó.










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