Interpretación forzada

Por Venezuela Real - 7 de Agosto, 2008, 22:04, Categoría: Estado de Derecho

Carlos Crespo
TalCual
07 de agosto de 2008

Juristas consultados coinciden en señalar que la decisión del TSJ sobre los inhabilitados viola los derechos políticos de candidatos y electores
Para los juristas los magistrados hicieron una interpretación forzada de la Constitución

C omo "pobres, improcedentes y contrarios a la Constitución" calificaron un grupo de juristas a parte de los argumentos dados por cinco de los seis magistrados que conforman la Sala Constitucional y que decidieron declarar la constitucionalidad del artículo 105 de la Ley de Contraloría, que permite sancionar, hasta por quince años y sin que "medie otro procedimiento", a quienes considere responsables de irregularidades administrativas.

Para los abogados, si bien la decisión viola los derechos políticos de candidatos y electores, no existe otra instancia jurídica interna a la que puedan recurrir los afectados para la interpretación del texto constitucional, mientras que los organismos internacionales suelen tomar años para emitir una decisión sobre casos como el venezolano.

Aunque todavía no ha sido publicada la sentencia, pues falta la consignación del voto salvado del magistrado Pedro Rondón Haaz, parte de los argumentos de los magistrados se pudieron conocer por una nota de prensa del máximo tribunal, en el que se establecen algunos de los razonamientos de la sala para su decisión. Igualmente, quedan pendientes las sentencias de la sala Político Administrativa sobre los casos particulares de otros aspirantes.

CARTA MAGNA VIOLADA

Uno de los argumentos expuestos en la sentencia se refiere al artículo 42 de la Constitución, que exige una sentencia judicial para la suspensión de derechos ciudadanos. De acuerdo con los magistrados esto sólo se limitaría a los derechos "relativos a la nacionalidad", lo que no abarcaría el derecho a elegir y ser elegido.

El ex magistrado de la extinta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Juan Carlos Apitz, señala el argumento como una interpretación "forzada" de la constitución que busca legitimar las acciones del contralor. "La nacionalidad deriva de la condición de ciudadano y ésta genera nacionalidad, que es sólo una identidad.

La ciudadanía te genera otros derechos, como los políticos: a elegir, a votar y el derecho a ser electo, por lo que esto no puede ser separado".

Con esta interpretación coincide el abogado constitucionalista, José Vicente Haro, quien además considera que con el dictamen se establece un precedente jurídico negativo: "Hay una interpretación extremadamente forzada para sostener que la CN no reserva exclusivamente al Poder Judicial las decisiones de inhabilitación; que esto no es sólo una competencia de los tribunales penales (...) con lo que se crean las condiciones para que la inhabilitación sea una herramienta de la cual pueda echar mano el Gobierno".

El decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, Jorge Pabón, argumenta que la decisión deslegitima a la propia sala encargada de interpretar la Carta Magna: "Había muy poco juego para la argumentación teórica, habida cuenta de que la constitución es muy clara tanto en su artículo 65 y 42, en donde se establece que los derechos políticos sólo pueden limitarse por sentencia firme".

CIDH O REFERENDO

Pocas son las opciones que les quedan a los inhabilitados y ninguna de ellas apunta al corto plazo.

La más clara es la apelación al Sistema Interamericano de Justicia, buscando un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, para Haro y Pabón ésta es una opción que suele tardar años y cuya efectividad es cuestionable: "Hay que aclarar que si bien estas instancias, conforme a la Convención Americana, pueden emitir recomendaciones importantes y medidas cautelares, órdenes al Estado y condenarlo, no pueden llegar a anular directamente la Ley, porque ésta forma parte del ordenamiento jurídico venezolano". El abogado propone, en cambio, la convocatoria a un referendo abrogatorio del artículo 105 de la LOC, para que los ciudadanos decidan sobre las facultades sancionatorias del Contralor.

Apitz, sin embargo, no descarta del todo que el Estado se acoja a una decisión que condene las inhabilitaciones en el futuro: "Venezuela tiene normas en la misma Constitución que exigen el cumplimiento de estas sentencias de tribunales internacionales. Es signataria de la Convención Interamericana Americana de Derechos Humanos. De no acatarla, Venezuela se pone al margen en materia de derechos humanos", indica.







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