En Brasil no hay inhabilitados

Por Venezuela Real - 8 de Agosto, 2008, 15:15, Categoría: Política Internacional

Carlos Crespo
TalCual
08 de agosto de 2008

Al contrario del TSJ venezolano, el Tribunal Supremo de Brasil decidió que es necesaria una sentencia judicial para impedirle a los ciudadanos participar como candidatos a elecciones

Al día siguiente que en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia decidiera que las inhabilitaciones son constitucionales, el Tribunal Supremo Federal brasileño (STF, por sus siglas en portugués) decidió que sólo aquellos ciudadanos que hayan sido condenados de manera definitivamente firme por la justicia pueden ser despojados del derecho a postularse a procesos electorales en ese país.

Según explican medios locales, el máximo tribunal decidió rechazar una petición hecha por la Asociación de Magistrados de Brasil (AMB), apoyada por la Procuraduría General Brasileña, que solicitaba impedir la postulación de los candidatos condenados en cualquier instancia judicial para las elecciones municipales de Brasil que se realizarán en octubre de este año.

En el fallo, respaldado por nueve de los once magistrados de la instancia, se establecen dos principios jurídicos para rechazar la petición: la presunción de inocencia de los candidatos, así como que son los mismos ciudadanos los que deben decidir si los postulados son aptos para ejercer los cargos de elección popular.

"Solamente los electores disponen del poder soberano y legítimo para rechazar, a través del ejercicio del voto, a los candidatos ímprobos; son los únicos jueces facultados para escoger", argumentó el presidente del STF, Celso de Mello, durante la consignación de su voto ante el Tribunal, que llegó a la decisión luego de más de ocho horas de deliberación.

Al igual que en el caso venezolano, en el que se elaboró la llamada lista Russián, en Brasil la AMB había elaborado un listado de dirigentes políticos "con ficha sucia" (con proceso judiciales abiertos) en la que se incluyó a los aspirantes a alcaldes de las ciudades brasileñas más importantes. Entre los dirigentes presentes en el documento aparecían Marta Suplicy, ex ministra de Turismo, y Paulo Maluf, ex gobernador estatal, los dos candidatos con más posibilidades para hacerse con la Alcaldía de Sao Paulo, la capital económica del país.

El presidente de la AMB, Claudio Dell'Orto, explicó a medios brasileños que una vez electos las candidatos con procesos judiciales abiertos, estos gozarían de inmunidad parlamentaria y otras prebendas políticas, por lo que debía restringirse los derechos políticos de los indiciados: "Pretendíamos vetar a candidatos que tuvieran un pasado marcado por conductas que revelan improbidad, falta de moralidad en la gestión de los recursos públicos", aseguró.

ARGUMENTOS DISTINTOS

La decisión de la justicia brasileña parece guiarse por lo establecido en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que exige la existencia de una sentencia judicial firme para la suspensión de derechos políticos y contrasta con la argumentación dada por la Sala Constitucional del TSJ para legalizar las inhabilitaciones políticas.

En la ponencia del magistrado Arcadio Delgado que estableció la constitucionalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de Contraloría, norma que otorga la posibilidad al Contralor para suspender los derechos políticos de los ciudadanos sin que medie un procedimiento penal, el TSJ argumentó que no se violaba la presunción de inocencia ni el debido proceso, pues el procedimiento administrativo de este órgano es suficiente para la suspensión de derechos políticos.

Asimismo, los cinco magistrados que aprobaron la sentencia argumentaron que el requerimiento de una sentencia judicial para la suspensión de derechos ciudadanos establecido en el artículo 42 de la Carta Magna sólo se refiere a la pérdida de la nacionalidad, lo que fue considerado como un argumento "pobre" por varios juristas venezolanos. En todo caso, la sentencia del tribunal brasileño parece tomar mayor importancia con la visita de una delegación del parlamento de Mercosur al país para evaluar la situación de las inhabilitaciones políticas venezolanas.






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