Catedráticos solicitan formar un frente contra las 26 leyes

Por Venezuela Real - 9 de Agosto, 2008, 10:49, Categoría: Estado de Derecho

JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
09 de agosto de 2008

Afirman que los textos no existen porque no se publicaron a tiempo

Por considerarlas un "atentado contra el Estado de Derecho" y un "autogolpe", los profesores de Derecho de distintas universidades del país rechazaron el contenido de las últimas 26 leyes dictadas por el presidente Hugo Chávez en uso de los poderes especiales que le cedió el Parlamento y pidieron a los venezolanos "generar movimientos de resistencia civil" que permitan "defender la democracia".

En rueda de prensa celebrada ayer en la sede del Instituto de Previsión del Profesorado de la Universidad Central de Venezuela, el presidente de la asociación de docentes de esa casa de estudios, Víctor Márquez, leyó un pronunciamiento en el que los catedráticos solicitaron a los ciudadanos participar en la marcha que hoy recorrerá el centro de la ciudad y que originalmente había sido convocada para protestar contra las inhabilitaciones políticas.

Asimismo anunció que próximamente se reunirán con distintos sectores del país para definir las acciones a seguir.

Un nuevo golpe

Por su parte, el profesor Manuel Rachadell afirmó que con los polémicos instrumentos "se ha violado de forma flagrante el ordenamiento constitucional" y agregó: "Hasta ahora el régimen había venido tratando de guardar las formas, pero es tan abusiva la inconstitucionalidad de estos decretos que marcan un punto de inflexión".

El jurista sustentó sus acusaciones en el hecho de que algunos textos regulan derechos constitucionales (las orgánicas) y que contienen propuestas del rechazado proyecto de reforma constitucional. Acto seguido mencionó los casos de las leyes de Seguridad y Soberanía Alimentaria, donde se autorizan las expropiaciones de industrias de alimentos; de la Administración Pública; la cual faculta al jefe del Estado para designar a autoridades regionales que estarán por encima de los gobernadores; y de la Fuerza Armada, en la que se rebautiza a la Reserva como Milicia.

Rachadell rechazó que hubiera sido la oposición la que le dio la idea al Gobierno de incorporar algunas de las propuestas contenidas en el proyecto de modificación a la Carta Magna en leyes.

"La oposición señaló que algunas cosas se podían concretar en leyes, pero lo que se podía no se hizo. La reducción de la jornada de trabajo a 6 horas se podía haber hecho con una reforma a la Ley del Trabajo, pero no se hizo; lo mismo que la extensión del Seguro Social a los trabajadores por cuenta propia, pero tampoco lo hicieron. Así quedó demostrado que estas medidas eran demagógicas y que buscaban que la gente aprobara la reelección presidencial indefinida", remató.

No existen

El ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, José Peña Solís, calificó de "fantasía" el pensar que cualquier impugnación de los instrumentos pueda prosperar en el Máximo Juzgado, en especial "luego de lo ocurrido con las inhabilitaciones" que el contralor Clodosbaldo Russián ha impuesto a cientos de ciudadanos, los cuales no podrán postularse en los venideros comicios.

Propuso a los ciudadanos no atender a las 26 leyes, bajo el siguiente argumento: "Son inexistentes por una razón elemental de Derecho constitucional, cuando al presidente se le delega la competencia para legislar, se le pone un plazo y si dentro de ese plazo el presidente no legisla, pues fenece el poder y, si lo hace después, entonces incurre en usurpación de autoridad. Estos decretos son inexistentes, porque lo que le da vida es el conocimiento por parte de los ciudadanos. Lo que los hace vinculante para los poderes y ciudadanos es su publicación. Si no se publicaron dentro del lapso no existen y no se pueden cumplir".

Esta afirmación responde al hecho de que las leyes hubieran sido anunciadas en Gaceta el día que vencieron los poderes especiales del mandatario (31 de julio), pero los textos no fueron publicados sino hasta tres días después.

Por último, sugirió que se recogieran las firmas para someter a referendo los decretos.
 







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