MANUEL RACHADELL : "Gobierno actúa como si acabara de triunfar el golpe del 4F"

Por Venezuela Real - 10 de Agosto, 2008, 19:55, Categoría: Estado de Derecho

EDGAR LÓPEZ
El Nacional
10 de agosto de 2008`

En opinión del académico, la Asamblea Nacional no sólo ha renunciado a su función de legislar, sino también de controlar los actos de Gobierno y el uso del presupuesto nacional. Considera que no hay contrapesos institucionales y que la Sala Constitucional del TSJ está aplicando el Derecho que parece, pero no el Derecho que es

M anuel Rachadell tiene 42 años y 7 meses enseñando a sus alumnos cómo utilizar el Derecho en procura de una justicia verdadera.

Para que su actividad docente no sea inútil ha tenido que incorporar a sus clases explicaciones sobre el contraste de las más nobles teorías jurídicas con lo que sucede en Venezuela en materia de legislación y administración de justicia. Con preocupación, afirma que actualmente la justicia que se requiere no se va a encontrar en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

–¿En Derecho, cómo se denomina lo que acaba de ocurrir con la promulgación de 26 decretos leyes sin consulta, sin participación de la ciudadanía y como reedición de varias propuestas de la reforma constitucional que fueron rechazadas el 2 de diciembre?
–Se llama vía de hecho, que es cuando un acto del Poder Público que no se fundamenta en una norma superior tiene la apariencia de Derecho.

–¿Y en criollo, cómo se llama lo que acaba de ocurrir?
–Un fraude. Es una actuación que marca un punto de inflexión en la evolución del régimen porque ya se pierde, completamente, el respeto a las formas jurídicas. El Gobierno está actuando como si el golpe del 4 de febrero de 2002 acabara de triunfar y se hubiera instaurado un régimen de facto.


–El debate comenzó con el cuestionamiento de la delegación legislativa al Presidente de la República. Se advirtió que los 11 ámbitos de La Ley Habilitante daban cabida a cualquier cosa. ¿Cuáles son los límites lógicos?
–La Asamblea Nacional le dio al Presidente una ley de plenos poderes y sobre eso hay experiencia en la historia, por ejemplo, con Hitler. Los ámbitos de la delegación son tan amplios que la Asamblea Nacional pidió una reunión con el Presidente para preguntarle sobre cuáles asuntos podía legislar; qué era lo que les quedaba. Entre otros excesos, Chávez dictó leyes orgánicas sin cumplir las exigencias de la Constitución, por ejemplo, cuando se trata de la regulación de derechos humanos.

¿Es que acaso ninguno de los seis magistrados de la Sala Constitucional sabe de los principios que usted describe, pues, al parecer, nadie salvó su voto cuando le confirieron carácter orgánico a siete de los decretos-leyes recién promulgados?
–Sí saben. Y a pesar de ello han dictado sentencias a través de las cuales ratifican que el Presidente sí puede regular derechos fundamentales. Lo que la Sala Constitucional está aplicando es el Derecho que parece, pero no el Derecho que es.

–Antes de las últimas 26 leyes, el Presidente dictó otras cinco vía habilitante. ¿En 18 meses la Asamblea Nacional no habría podido hacer ese mismo trabajo?
–Claro que sí, y sin renunciar a sus facultades. Pero es que la Asamblea Nacional viene renunciando a sus atribuciones no sólo de legislar, sino también de controlar la administración y de regir el uso del presupuesto nacional. El Presidente, a través de la creación de diversos fondos, recibe el dinero directamente y los dispone de forma discrecional. Eso tiene una explicación: estamos hablando de unos diputados carentes de prestigio, sin méritos conocidos, que llegan a los cargos en el portaaviones del Presidente.


Están dispuestos a dar todo el poder que el Presidente pida porque de él deriva su investidura. También pasa lo mismo con los otros poderes, sobre todo con el Poder Judicial.

–¿Qué significa que no haya contrapesos institucionales?
–Que no existe verdadera división de poderes públicos, lo cual es esencial en democracia.


–Cualquiera de los diputados oficialistas pudiera responderle que así lo requiere la revolución.
 –Por eso es que digo que están actuando como si el golpe de Estado del 4 de febrero hubiera triunfado. Se despojan de toda facultad de control y se subordinan al caudillo de la revolución sin ningún tipo de respeto a las instituciones.


–En otra época operó la llamada "guanábana" y, en la práctica, ello significaba la repartición del poder y de los órganos del poder público entre dos partidos políticos, AD y Copei. ¿Acaso eso no impilicaba un déficit de democracia?
–Pero había un pacto institucional que garantizaba los contrapesos. Por ejemplo, el contralor general de la República era del principal partido de oposición para que pudiera controlar al Gobierno con sujeción a la ley.

Ahora el contralor está plegado al Gobierno. Es agente de un proceso subyugado a un liderazgo unipersonal. Todos estos decretos leyes que esconden la imposición de la reforma constitucional rechazada el 2 de diciembre están orientados a incrementar el poder de una sola persona: Hugo Rafael Chávez Frías. No se está diseñando un Estado para el futuro, con instituciones que puedan funcionar con otro Presidente de la República. ¿Tú te imaginas a Cilia Flores, a Nicolás Maduro, a Aristóbulo Istúriz con cuatro soles? Es un régimen personalista. Todo este aparataje jurídico se derrumbaría con un relevo presidencial, pues está hecho como un traje a la medida.

–¿Si no hay contrapesos institucionales, qué garantía de democracia queda?
–No hay garantía de democracia, pues todo está sujeto a la voluntad del Presidente. Si él quiere mantener algunos ámbitos de democracia, los tenemos; si no lo quiere, no los tenemos. Todavía hay ámbitos democráticos, por ejemplo, la universidad. Pero en cualquier momento puede venir una ley que acabe con la autonomía universitaria y no será suficiente invocar la Constitución. La carta magna consagra la participación ciudadana en la gestión pública y ordena que las leyes deben ser amplia y suficientemente consultadas. La Ley Orgánica de la Administración Pública establece que las normas aprobadas sin una rigurosa consulta son nulas. Pero en la práctica todo eso se ha convertido en letra muerta. Y la única posibilidad de oposición que Chávez sugiere es demandar ante la Sala Constitucional.

–¿Los magistrados del TSJ desconocen la necesidad de la consulta pública de una ley antes de su promulgación?
–La conocen, pero no la aplican.

–¿Por qué?
–Porque no estamos en un Estado de Derecho. Se ha venido perdiendo de manera progresiva y actualmente tenemos una legalidad similar a la que existe en Zimbawe o en Bielorrusia.

–Quizás se trate del llamado derecho revolucionario.
–El derecho revolucionario no existe, porque sería admitir la adaptación de las normas a las necesidades del momento. La revolución que necesitamos es la preservación del Estado de Derecho. No necesitamos magistrados que inventen teorías para legitimar la imposición de reglas por vías de hecho.


–Chávez tiene legitimidad de origen, por su ascenso al poder a través de elecciones, e incluso, legitimidad de desempeño, pues fue reelecto y superó un referéndum revocatorio. ¿Cómo pudiera desconocerse que Chávez es Presidente por voluntad popular?
–Hay una jerarquía de las normas. Las leyes y las decisiones de los tribunales deben estar sujetas a la Constitución. La idea de legitimidad que autoriza al Presidente a hacer lo que sea sin respetar esa jerarquía es inadmisible. Por eso digo, son vías de hecho.

–¿Si se irrespeta el Estado de Derecho, cuál es la salida?
–Hay que agotar los mecanismos legales. Impugnar ante la Sala Constitucional, aunque sólo sea para que quede registro. Creo que, en este momento, la salida es política.

Hay que derrotar al Gobierno electoralmente y eso se puede hacer el próximo 23 de noviembre cuando elijamos gobernadores y alcaldes.
 
 
 

 

Ante el déficit de justicia insta a revertir el fraude habilitante en las elecciones del 23-N





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