Cambio de actitud

Por Venezuela Real - 11 de Agosto, 2008, 18:10, Categoría: Oposición/Resistencia

Carlos Crespo
TalCual
11 de agosto de 2008

A diferencia del 2001 cuando el protagonismo fue del empresariado, la oposición está confrontando el nuevo paquete de leyes habilitantes a través de la política
Los partidos están retomando el control de la confrontación política 

L a aguas han regresado a sus cauce en la oposición.

Al menos, así lo ven los actores que participaron en la confrontación política de finales de 2001, contra la promulgación de 49 leyes habilitantes, que terminó con la convocatoria a paro de distintos sectores gremiales y el inicio de una crisis que llevó a la salida momentánea de Chávez del poder en abril de 2002.

El Presidente había recibido poderes especiales por un año de parte de la Asamblea Nacional (AN) para legislar en distintas materias, casi todas referidas al ámbito económico. Sin embargo, al igual que ahora, el Ejecutivo esperó hasta el último día para promulgar 13 leyes, que se aprobaron sin mayor participación de la opinión pública y fueron publicadas en gacetas extraordinarias.

Dos instrumentos legales concentraron la controversia: la Ley de Tierras con la que se autorizaba al Ejecutivo a expropiar terrenos si estos no cumplían con un mínimo de área cultivable y la Ley de Costas que permitía a las autoridades reservarse los predios ubicados a menos de 100 metros de la costas.

Ambos textos fueron considerados como atentados contra la propiedad privada por los empresarios y provocaron que la central patronal asumiera el protagonismo de las protestas contra los decretos.

Luego que el Ejecutivo se negara a cambiar el contenido de las leyes, Fedecámaras convocó a un paro el 10 de diciembre. Hoy, a diferencia de hace siete años, son los partidos y la sociedad civil quienes encabezan las protestas contra el nuevo paquete de leyes.


CUESTIÓN DE ROLES
Para la ex presidenta de Fedecámaras, Albis Muñoz, el liderazgo asumido por los empresarios en aquella oportunidad se debió a la horfandad política existente en la sociedad. "Había un vacío que trató de llenarse (...) La actuación del sector empresarial fue una reacción por sentirse amenazado en cuanto a lo que tenía que ver la libertad de emprendimiento y el respeto a la propiedad privada", afirma Muñoz.

Para la época, explica el analista político Ricardo Sucre, el desprestigio de los partidos políticos les hacía imposible ponerse al frente de la protesta: "(Fedecámaras) asumió un liderazgo político que no le correspondía. En ese entonces la política estaba liderada por las élites caraqueñas, económicas, de los medios de comunicación y de alguna manera los actores políticos fueron desplazados o fueron meros ejecutantes de estrategias".

Ambos coinciden en señalar que la reacción de la central empresarial en este caso no ha sido la misma, debido a que los partidos, luego de la experiencia de hace seis años, han retomado el control de la confrontación política, instituyendo una estrategia de corte más electoral y menos conflictivo.

A esto se agrega que muchos de los actores que participaron en la conflictividad de 2002, entre ellos los empresarios, han perdido credibilidad ante la sociedad: "Su debilidad es el peso muerto de errores que cometieron en esa época. Ahora, ante cualquier cosa que diga Fedecámaras el Gobierno va a decir: ahí están los golpistas", dice Sucre.

El analista admite, sin embargo, que el cambio en la estrategia y los actores opositores no se deben enteramente a una evolución política de la sociedad, sino a que parte de los protagonistas de los conflictos han encontrado la manera de relacionarse con el Ejecutivo.

"Las élites se han acomodado con el Gobierno. Tal vez no estén bien en términos políticos o de hegemonía, pero están haciendo dinero como nunca antes, más o menos con ciertos canales. Siento que las élites, no todas pero sí las principales; la bancaria y la de los medios, a pesar del ataque del Gobierno, aprendieron a convivir con él".

Sucre igualmente considera que el Gobierno también ha aprendido la "lección" evitando la confrontación directa, como lo hiciera a finales del 2001, y más bien ha preferido introducir las leyes sin buscar controversia, limitándose a defender el articulado : "De hecho el Presidente ni siquiera ha hablado de esas leyes en actos, sólo en un
Aló Presidente y echando chistes y broma (...) el Gobierno trata ahora, más bien, de divinizar la leyes porque entendieron que si confrontan de alguna manera, hay una reacción".
EL ELEMENTO ELECTORAL
Para el dirigente político Pompeyo Márquez, el cambio de actores se produjo por la diferencia de contextos. Mientras en aquel momento los sectores económicos se vieron afectados, la cercanía de las elecciones regionales hace que los partidos se vean más directamente señalados por los 26 decretos leyes que emitió el Ejecutivo.

Márquez considera que, al igual que el 2-D, el protagonismo no ha sido asumido exclusivamente por los partidos, sino por diversas organizaciones sociales que se sienten amenazadas por los textos legales: "En esta oportunidad (Chávez) da el zarpazo cuando se está justamente en el campo de la definición electoral.

Ese mismo contexto, sin embargo, permite la movilización contra el paquete en 335 municipios y 24 estados. "Creo que una vez zanjada la problemática electoral se debe convocar a una movilización de los partidos y la sociedad civil contra estas leyes".
¿MISIÓN GUARIMBA ? En todo caso, la aprobación entre gallos y media noche, de 26 normas por parte del Ejecutivo, en el último día de vigencia de la Habilitante, lleva a pensar sobre las razones por las cuales el Gobierno decidió repetir la misma conducta que hace siete años condujo a la mayor crisis política nacional.

Tras el fracaso de la reforma constitucional, el repliegue en la implantación de un nuevo currículo, la derogación de la Ley Sapo, el reencuentro con los empresarios y el llamado agónico a normalizar las relaciones con EEUU, es posible que el Gobierno haya detectado la necesidad de forzar un acto que permita recomponer ante el pueblo una imagen revolucionaria desdibujada que pierde solidez.

O quizás, pueda que se trate de un intento deliberado por resuscitar la polarización y promover una acción desesperada entre la oposición. El paro petrolero de 2002 y la guarimba en marzo de 2004, permitieron al Gobierno sostener durante años, la imagen de una oposición violenta, fascista y antinacional. Pero el tiempo transcurrido ha enseñado que la salida está en las urnas y no en la vía insurrecccional.







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