Jurisprudencia de Corte-IDH favorece defensa de derechos políticos

Por Venezuela Real - 11 de Agosto, 2008, 11:48, Categoría: Derechos Humanos

VANESSA GÓMEZ Q.
El Nacional
11 de agosto de 2008

ALIRIO ABREU BURELLI  -  CIDH podría gestionar de oficio una medida provisional
El ex magistrado de la máxima instancia judicial interamericana considera que el caso del alcalde de Chacao, Leopoldo López, será bien acogido por los jueces. El Estado ya no puede alegar el agotamiento de los recursos internos
Abreu Burelli dijo que las violaciones de los derechos políticos se están replicando en el continente

El caso del alcalde de Chacao, Leopoldo López, es emblemático no sólo en el país sino también fuera, pues la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos admitió el expediente sobre la violación de sus derechos políticos.

Luego de la advertencia que hizo la Comisión acerca del inminente "retardo injustificado" del Tribunal Supremo de Justicia, que hasta el lunes pasado no había fijado posición con respecto al caso López (y de otros cientos de inhabilitados), la respuesta fue contundente: Las inhabilitaciones administrativas dictadas por la Contraloría ni son inconstitucionales ni violan los pactos internacionales.

Lejos quedaron "las ilusiones", como afirmó López, de convertirse en el alcalde metropolitano, porque ante la inhabilitación, convalidada y ratificada, el Consejo Nacional Electoral no permitirá su inscripción.

Las sentencias del Poder Judicial dan punto final al proceso nacional, pero ante el Sistema Interamericano la lucha apenas comienza.

El pasado 28 de julio, la CIDH admitió el caso y ahora sólo falta determinar si es posible que se eleve ante la Corte-IDH una petición de medidas provisionales que serían de obligatorio cumplimiento para el Estado.

El ex magistrado de la CorteIDH Alirio Abreu Burelli duda que tal situación pudiera concretarse en pocos días, pero no descarta que, de oficio, sea elevada la solicitud: "La Comisión se cuida mucho de dictar esas medidas y puede ordenarlas de oficio aunque no las soliciten, pero ya no creo que la dicten en estos días".

–¿Por qué cree que los abogados de López no solicitaron medidas ante la CIDH?
–Ha habido una gran discusión sobre el carácter vinculante de las medidas cautelares, pero las provisionales de la Corte-IDH sí lo son, entonces la Comisión ha tenido como cierta mesura. La Comisión lo que pudo haber hecho era pedirle a la Corte, ya conociendo el caso, que dictara medidas provisionales ordenando al Estado que inscribiera a estas personas hasta que se decidiera el asunto en la Corte, pero no las pidieron.

–Ahora que ha sido admitido el caso ¿Qué corresponde?
–El debate. El Estado ya no puede alegar el agotamiento de los recursos internos porque no respondió en su momento, pero sí puede hacer otras defensas.

–¿Es decir que no cabe decir que la decisión se tomó y no hay denegación de justicia?
–No se trata de eso. Ante la respuesta de la Sala Político Administrativa y de la Constitucional ya igual quedaron agotados los recursos internos, eso no lo podría alegar el Estado, lo que realmente toca ahora es la propia audiencia con las víctimas y con el Estado, y el informe final de la Comisión cuando resuelve si pasa el asunto a la Corte o hace recomendaciones al Estado, o si simplemente deja el caso así e informa a la OEA sobre la violación de esos derechos políticos.

–¿Qué opina de que este caso se haya admitido en menos de cuatro meses?
–Me parece que la Comisión le ha dado gran relevancia.

Hay casos que para la Comisión revisten tanta urgencia que le dan prioridad, no es que unos sean más importantes que otros, sino que es cuestión de tiempo, porque podría hacerse irreparable la lesión.

Jurisprudencia

–¿Cuál es la jurisprudencia de la Corte-IDH en materia de derechos políticos?
–La única que existe es la de una comunidad indígena llamada Yátama de Nicaragua.

Fue un problema también de restricciones electorales a esa comunidad, el asunto es más o menos parecido a lo que está pasando aquí. Dejaron fuera de un proceso electoral a esta comunidad que se había constituido en partido político, aunque le habían reconocido el estatus de partido político luego se dictó una resolución administrativa que no les permitió postularse.

–¿Cuál fue la decisión de la Corte?
–Que se había violado el artículo 23, lo que se alega hoy aquí, que los derechos políticos y especialmente los derechos electorales de esta comunidad estaban siendo vulnerados. Los Yátama no participaron en el proceso, pero en el siguiente sí y de paso el Estado tuvo que repararle todos los daños.

–¿El Estado nicaragüense perdió porque pretendía limitar los derechos políticos a través de una resolución administrativa?
–Sí, era una decisión administrativa e inconstitucional porque creaba un estado de discriminación con respecto a los demás postulados y ante los electores, también en el plano nacional era inminentemente inconstitucional.

–¿Cuál cree que sea la esperanza del caso López ante la Corte-IDH?
–La Corte es reconocida universalmente como un órgano independiente. Yo creo que este caso va a tener la mejor recepción y pienso que la decisión va a ser como en el caso Yátama: una violación de derechos políticos.

–¿Por qué se muestra tan confiado?
–Estoy seguro de que va a tener una buena receptividad porque precisamente ese es un fenómeno que se está desencadenando en nuestros países, las violaciones de los derechos políticos. Creo que es muy oportuno que la Corte analice este caso que se está repitiendo en el país y también en otros de la región.
 







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