Chávez eliminó la consulta previa de los decretos leyes

Por http://www.zoomblog.com/images/bold.gifVenezuela Real - 12 de Agosto, 2008, 15:17, Categoría: Política Nacional

EDGAR LÓPEZ
El Nacional
12 de agosto de 2008

Reforma legal debilita la participación ciudadana en la gestión pública
Gerardo Fernández y Rafael Badell afirman que todos los cambios son nulos y que el Presidente debe responder por no haber realizado un debate amplio y plural
El parlamentarismo de calle sólo tendría sentido para corregir errores, dijo Gerardo Fernández

El presidente Hugo Chávez ha afirmado que los 26 decretos leyes publicados en Gaceta Oficial el pasado 31 de julio fueron consultados y debatidos. No dio mayores detalles.

Sin embargo, no podría ser cualquier consulta, sino sólo la establecida con carácter obligatorio en la Ley Orgánica de la Administración Pública, específicamente en el Título IV, denominado: De la Participación Social de la Gestión Pública. En ella, de forma expresa se establece que las normas aprobadas sin el procedimiento de consulta correspondiente son nulas.

Como única excepción, la ley implanta que el Presidente de la República, los gobernadores o los alcaldes podrán prescindir de la consulta pública previa "en casos de emergencia manifiesta y por fuerza de la obligación del Estado en la seguridad y protección de la sociedad". Un ejemplo de la situación descrita podría consistir en la necesidad de dar soporte jurídico a medidas para atender una catástrofe natural.

Ahora, a través de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública (a la sazón, uno de los 26 decretos leyes), se agrega otra excepción: "los casos de legislación excepcional previstos en la Constitución", se lee en el artículo 140.

Y, entre esos casos, cabe la habilitación para legislar que la Asamblea Nacional pudiera conceder, como en efecto ha concedido, al Presidente de la República.

En resumen, al dictar los decretos sin la consulta que exige la ley, Chávez habría violado el derecho constitucional a la participación ciudadana en la gestión pública y, por ello, tendría que responder ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, así lo argumentó el representante de Ciudadanía Activa, Carlos Vecchio, al interponer la primera impugnación de los decretos leyes, el pasado 4 de agosto.

Sólo a futuro el presidente Chávez no tendría que rendirle cuentas a nadie. Aprovechó la habilitante para eliminar la obligatoriedad de la consulta previa de decretos leyes dictados, como en efecto los ha dictado.

Corregir a posteriori.

En opinión del constitucionalista Gerardo Fernández, la anulación de la participación ciudadana en la promulgación de decretos leyes revela que Chávez estaba consciente de la obligación que tenía de someter a consulta todos los que dictó durante los 18 meses de su habilitación legislativa: "Es una grosera violación de la Constitución y las leyes, que ahora se pretende subsanar con la reforma del artículo 140 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Sin embargo, no hay dudas de que en el momento en que hizo el cambio regía una ley que le impedía actuar unilateralmente como lo hizo. Tampoco hay dudas de que en este caso no procede una aplicación retroactiva de la referida reforma".

Fernández considera que la habilitación presidencial para legislar se ha concedido como si se tratara de un cheque en blanco. "Pero cuando el Poder Ejecutivo asume las facultades de la Asamblea Nacional, la participación ciudadana adquiere mayor relevancia; se convierte en la única garantía de control sobre la regulación de derechos fundamentales, sobre todo porque se han ampliado casi ilimitadamente los ámbitos de la habilitación presidencial", insistió el abogado.

En cuanto al parlamentarismo de calle, que algunos diputados oficialistas han ofrecido para tratar de cubrir las exigencias de consulta, Fernández advirtió que ello sólo tendría sentido si la Asamblea Nacional, luego de haber recuperado sus facultades legislativas, está dispuesta a corregir los errores que habría cometido el presidente Chávez.

Totalmente nulos.

El administrativista Rafael Badell es tajante: "Todos los decretos leyes dictados en ejecución de la Ley Habilitante son nulos, desde que carecieron del procedimiento previo de consulta pública que garantiza la participación ciudadana".

Badell explicó que con la habilitación legislativa concedida al Presidente de la República la participación ciudadana no desparece: "Antes, por el contrario, se impone como necesidad de una sociedad democrática y participativa que guía la actividad del poder público." Desde su punto de vista, cuando el Presidente legisla por delegación es lógico que el trámite esté sujeto al mismo condicionamiento de la participación ciudadana que impone el artículo 137 (ahora 140) de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

"La AN está obligada, según el artículo 211 de la Constitución, a consultar a los ciudadanos durante el procedimiento de aprobación de las leyes. Esta circunstancia, aunada a las proclamas de participación que se encuentran a lo largo de todo el texto constitucional, así como el hecho de que esta actividad tenga fundamento en un acto delegatorio de la Asamblea, tal y como califica el artículo 203 de la Constitución a la Habilitante, imponen la consulta y llevan a la nulidad de los decretos leyes dictados por el Ejecutivo Nacional, en el marco de la Ley Habilitante", insistió Badell.

 






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