El guión aprendido

Por Venezuela Real - 12 de Agosto, 2008, 15:28, Categoría: Derechos Humanos

ANDRÉS CAÑIZÁLEZ
El Nacional
12 de agosto de 2008

El jueves pasado en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica, tuvo lugar una escena típica de la mecánica nacional de los últimos años. El representante del Estado, Germán Saltrón, ante la contundencia de los alegatos presentados, en el juicio por las agresiones contra periodistas de RCTV, finalmente terminó apelando a la descalificación. Pedro Nikken y Carlos Ayala son unos mentirosos, sostuvo Saltrón ante los jueces del máximo tribunal continental, cuando ya no tenía posibilidades de refutar lo sostenido por los dos abogados que representan a los trabajadores del canal de Quinta Crespo.

El caso llegó a instancias internacionales por la inacción de la justicia venezolana, y particularmente de la Fiscalía, en investigar, esclarecer y establecer sanciones por la ola de agresiones contra comunicadores, y ataques a medios de comunicación en el lapso 2001-2004. Conocido en la CIDH como el caso "Luisana Ríos y otros", este proceso entró en su fase final con la audiencia pública celebrada en San José de Costa Rica el pasado jueves. De acuerdo con el registro llevado a cabo por reconocidas organizaciones defensoras de derechos humanos, suman más de 300 los hechos de violencia física o verbal contra trabajadores de los medios en el período 2001-2004. No hubo castigo ejemplar para los responsables, ni condena pública por parte de las más altas autoridades; dicha combinación resultó fatal, pues terminó dando este mensaje: agredir a un periodista es tolerado por las autoridades. Estos hechos de violencia fueron en algunos casos antecedidos por un discurso presidencial que estigmatiza la función periodística, pues le endilga a los reporteros y representantes de los medios las etiquetas de fascistas, golpistas, enemigos del pueblo.

Saltrón, en representación del Estado, no pudo contrarrestar los hechos fehacientes: centenares de periodistas agredidos sin que la Fiscalía pueda demostrar que actuó con diligencia; la persistencia de un discurso estigmatizador pronunciado desde la más alta esfera pública, junto con la falta de condenas oficiales de tales hechos de violencia física o verbal. En una suerte de guión aprendido y ante la falta de argumentos o pruebas para rebatir lo planteado por Nikken y Ayala, terminó acusándolos de mentirosos. Difícilmente los jueces de la CIDH terminen comprando tales descalificaciones. Nikken, en su momento, fue presidente de esa misma Corte, en tanto que Ayala estuvo al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, se trata de dos abogados venezolanos con amplia y reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos en el Sistema Interamericano.

El testigo presentado por el Estado resultó ser Andrés Izarra, quien pese a insistir en que hablaba a título personal, en sus propias intervenciones no logró deslastrase de su condición de ministro de Comunicación e Información y presidente de Telesur. La tesis estatal consistió en demostrar que los medios, y particularmente RCTV, tuvieron un papel activo tanto en el golpe de Estado de abril de 2002 como en el paro petrolero. Tal planteamiento resultó endeble, pues si bien es compartida la crítica hacia el papel mediático en el contexto de la crisis venezolana, este juicio llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no para juzgar a los medios por su posición política, sino para determinar la responsabilidad del Estado venezolano en resguardar la seguridad de los periodistas en el ejercicio de sus funciones profesionales, así como su deber de investigar y sancionar los hechos violentos del período ya mencionado. Es sobre estos aspectos que habrá una sentencia.






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