Presos en protesta

Por Venezuela Real - 13 de Agosto, 2008, 15:06, Categoría: Derechos Humanos

Patricia Clarembaux
TalCual
13 de agosto de 2008

En diez huelgas registradas en las cárceles los reclamos no varían: fin a la dilación procesal y alternativas de cumplimiento de pena
Este año se han concretado diez autosecuestros en los centros de reclusión venezolanos

 l autosecuestro de 198 mujeres y cuatro hombres en el Internado Judicial de Vista Hermosa, en el estado Bolívar, es el décimo incidente de protesta ocurrido en los penales venezolanos en lo que va de 2008.

En esta oportunidad, los reclusos manifiestan su descontento por el traslado del líder Wilmer Brizuela –alias "Wilmito"– y cuatro internos más a la Comunidad Penitenciaria de Coro, el penal modelo del Ministerio de Interior y Justicia para la aplicación de su plan de humanización penitenciaria.

Aunque esta vez los reos protestan por el traslado de un "pran" (cabecilla en la jerga carcelaria), en otras oportunidades las solicitudes han sido las mismas: la reducción de la dilación procesal y el cumplimiento de fórmulas alternativas para el cumplimiento de la pena, sin privación de libertad, tal como lo establece el artículo 272 de la Constitución.

El criminólogo Elio Gómez Grillo entiende las preocupaciones de los penados. Considera que quienes cumplen su condena con medidas no privativas de libertad reinciden menos, 4% aproximadamente: "En Venezuela, la ausencia de medidas alternas hace que los presos reincidan entre 35% y 40%...

quizás más", asegura. Sin embargo, éste no es el único problema que enfrentan los reclusos en el cumplimiento de la condena.


EL COMIENZO
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, parece estar entendiendo la magnitud de la crisis carcelaria venezolana. La Resolución 789, publicada en la Gaceta Oficial del 7 de agosto, refleja su preocupación por el respeto a los Derechos Humanos de los 23.299 reclusos que hoy conviven en los penales.

Ortega reconoce que el Ministerio Público debe intervenir en las cárceles y brindar un sistema que asegure la rehabilitación del interno y el respeto de sus derechos.

Para lograrlo, plantea que tal como establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en su artículo 243, la libertad debe ser la regla general en todo proceso penal, mientras que la privación de libertad debe ser la excepción.

También, admite su responsabilidad como garante de la vida de los presos, subsidiario de su reinserción social (a través del trabajo, la educación, las actividades deportivas y culturales); y encargado de reducir las diferencias entre la vida en la cárcel y en libertad.

Ortega Díaz introduce la creación de las Fiscalías del Ministerio Público en el ámbito nacional con competencia penitenciaria, encargadas de vigilar el cumplimiento del régimen a través del acatamiento de la Constitución, el COPP, la Ley del Régimen Penitenciario y los instrumentos.

Estas instancias también serán responsables de que en las cárceles se garantice el respeto de los Derechos Humanos de los internos, su clasificación y agrupación, el trabajo penitenciario, la educación, la higiene ambiental, el aseo personal, la alimentación, la urbanidad de las instalaciones y la asistencia médica integral.


 







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