Interpretación discutida

Por Venezuela Real - 14 de Agosto, 2008, 12:42, Categoría: Estado de Derecho

Carlos Crespo
TalCual
14 de agosto de 2008

El jurista Luis Alcalá Corothie pedirá al TSJ la revisión de la sentencia que declara constitucional las inhabilitaciones
El abogado considera errada la interpretación del alcance del artículo 42 de la Constitución al contrastarlo con el 105 de la Ley Orgánica de Contraloría

El abogado Luis Enrique Alcalá Corothie presentará hoy un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante el cual solicita a la instancia judicial revisar la decisión de la Sala Constitucional que legalizó las inhabilitaciones políticas, por considerar que ésta viola principios jurídicos fundamentales.

En un extenso escrito que analiza la sentencia de la Sala Constitucional (SC), el jurista hace hincapié en lo que considera una interpretación "sorpresiva, errada y absurda" del alcance del artículo 42 de la Constitución al contrastarlo con el artículo 105 de la Ley Orgánica de Contraloría.

De acuerdo con el argumento central de la ponencia de Arcadio Delgado, que declaró la constitucionalidad de las inhabilitaciones políticas y fue aprobada por cinco de los seis magistrados de la SC, el mencionado artículo no se refiere a la pérdida de derechos políticos por dos razones: porque no se encuentra en el título referido a los derechos políticos en la Constitución (título IV), sino el referido a la ciudadanía (título II) y que el referido artículo sólo plantea el requerimiento de una sentencia judicial firme para la pérdida de la nacionalidad de los ciudadanos naturalizados.

Ambos argumentos son despachados por el jurista, primero al considerar que no todas las normas referidas a los derechos políticos están contempladas en el título IV de la Carta Magna, pues estos títulos están estrechamente relacionados: "Las disposiciones referidas a la ciudadanía, salvo que estén referidas a los deberes ciudadanos, son referentes a los derechos políticos, pues ella sólo se expresa y define en estos derechos y los deberes que supone".

Asimismo, el abogado recuerda de manera reiterada en su texto el contenido del artículo 42, que a su juicio diferencia entre la pérdida y la suspensión de la ciudadanía (para la que es necesaria una sentencia judicial) y hace referencia clara a la pérdida de derechos políticos de los ciudadanos: "Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la Ley" reza la norma.

La denuncia de Alcalá se inscribe dentro de lo contemplado en el artículo 5 numeral 4 de la Ley Orgánica del TSJ que les da facultad a los magistrados para revisar aquellas sentencias dictadas como consecuencia de "un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación".





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