Alimentar la anarquía

Por Venezuela Real - 15 de Agosto, 2008, 9:24, Categoría: Economía

Luisa Benavides
TalCual
15 de agosto de 2008

Extralimitación estatal y una sociedad sin organización son los parámetros que marcan la instrumentación de la nueva ley agroalimentaria

La recién decretada Ley Orgánica de Soberanía y Seguridad Agroalimentaria estimula el crecimiento de la burocracia estatal, lo que agudizará los problemas del sector agroalimentario. Ésta fue una de las conclusiones que expuso Rodrigo Agudo, consultor en materia agroalimentaria, quien propone que para garantizar la seguridad y soberanía del sector hay que realizar un consenso entre todos los actores involucrados: productores, industriales y Estado.

"La promulgación de esta Ley le da una patada al consenso aunque el Estado diga que fue concebido bajo la democracia participativa. Mientras siga esta situación los resultados van a seguir siendo los mismos: la caída de la producción nacional, la desinversión y mayor dependencia de las importaciones", señaló Agudo, quien considera que la nueva ley agroalimentaria representa una utopía incluso desde el punto de vista cultural. El experto apunta que Venezuela es un país socialmente mercenario donde la mayoría de los integrantes de la sociedad quieren que les regalen las cosas, desde los empresarios hasta los campesinos, "y aquél que le ofrezca todo esto, es bien recibido".

En el seminario "Seguridad y Soberanía Agroalimentaria" efectuado ayer en el hotel Tamanaco, Agudo también planteó que la viabilidad del aumento de la producción agrícola se consigue al respetar a los que poseen la experiencia necesaria para impulsar el sector y utilizarlos como ejemplo para motivar a otros y no "pasando por encima de ellos expropiándoles sus bienes".

"LA SOLUCIÓN NO ES MONETARIA"

Fred Aarons, abogado de la firma Aarons & Asociados, advirtió en su ponencia que las regulaciones contenidas en la Ley no garantizan mejores resultados y coloca a Venezuela como un ejemplo de este principio por lo ocurrido con la cartera agrícola entre el 2000 y el 2006, "cuando ha v! enido creciendo en desembolsos crediticios. No obstante, la eficiencia de la Pyme agrícola en relación con los desembolsos otorgados tiende a ser menor".

Aarons indicó que no existe en el país la capacidad social necesaria para adecuar la amplitud que posee la cartera agrícola con las necesidades puntuales que pueda tener el sector. Tomando en consideración que no existen criterios que determinen las prioridades y necesidades agroalimentarias.

VARIAS SENTENCIAS

Fernando Fernández, abogado de la firma Baker & McKenzie, resaltó que existe una extralimitación del Ejecutivo Nacional en la Ley Orgánica de Soberanía y Seguridad Agroalimentaria, debido a que la tipificación de delitos es tarea del Poder Legislativo y por lo tanto, indelegable. "Ahora hay posibilidades de penar a los comerciantes para inhabilitarlos hasta por diez años después de cumplida la condena. Los jueces penales inhabilitan durante la condena, pero aquí es después de la sentencia. Esto se denomina muerte civil".

Fernández explicó que la ley agroalimentaria, el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Protección a las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, están facultadas para juzgar a un individuo por un mismo hecho. "Esto genera el error de derecho, porque los ciudadanos no saben por cuál ley van a ser juzgados, además de que trae como consecuencia la posibilidad de sentencias contradictorias. Un juez puede absolver y otro juzgar", alertó el jurista.


 

 





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