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Información y Opinión
Ley contra el secuestro criminaliza el pago de rescate
Por Venezuela Real - 16 de Agosto, 2008, 15:35, Categoría: Seguridad/Inseguridad
JAVIER IGNACIO MAYORCA
El Nacional 16 de agosto de 2008 Con el nuevo instrumento se incrementará la cifra negra Toda persona que conozca de algún caso de plagio está obligada a denunciar o será sancionada La ley no impide el trabajo de los asesores de las víctimas de secuestro Cuando la ley contra el secuestro y la extorsión salga publicada en Gaceta Oficial el pago de rescates será considerado como un delito. La normativa, aprobada el jueves pasado por el Parlamento en segunda discusión, establece en el artículo 11 que el aporte de recursos para los secuestradores será considerado como un acto de complicidad. Puede ser penado con prisión de hasta 14 años. Uno de los proyectistas del texto legal, el diputado Juan José Molina, advirtió: "El familiar que paga rescate está instigando a que este delito se consolide. Uno entiende el dolor humano que hay en estos casos. Pero si se paga el rescate se está conminando a la delincuencia para que siga secuestrando", insistió. Explicó que el Estado se fijó el objetivo de impedir a toda costa que las víctimas o sus familiares paguen rescates o extorsiones. La sección tercera de la ley, relativa a la protección de los bienes de la víctima, establece que al conocerse de un secuestro, el fiscal del Ministerio Público pedirá un inventario de las posesiones y cuentas del plagiado, su cónyuge y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. En el artículo 16 se indica que los familiares de las víctimas no podrán retirar de los bancos "sumas de dinero que excedan los recursos necesarios para su subsistencia y ejercicio de sus actividades económicas o laborales". Todo retiro que se salga de los parámetros usuales deberá contar con la anuencia del Ministerio Público. Los familiares de la víctima también estarán limitados para comprar o vender bienes, muebles o inmuebles durante el proceso de secuestro. Obligados a denunciar. La ley aprobada el jueves en la Asamblea Nacional no impide la actuación de los negociadores o asesores privados en materia de secuestros, pero sí establece en su artículo 32 la obligación de denunciar a todas las personas que conozcan de algún caso. De lo contrario, podrían ser juzgados por complicidad u obstrucción de la justicia. Los organismos competentes para investigar secuestros o extorsiones serán la policía judicial y la Fuerza Armada. El artículo 30 de la norma señala que la Policía Nacional será una autoridad de apoyo, y que los cuerpos de seguridad estatales, municipales y comunales deberán crear "unidades especializadas de prevención e investigación" de plagios y extorsiones. El artículo 29 prohíbe a todas las empresas de seguros y reaseguros, tanto en Venezuela como en el exterior, la emisión de pólizas para el pago de rescates. Los bancos tampoco podrán otorgar créditos con esta finalidad. Si lo hacen serán sancionados con multa por 10.000 unidades tributarias, equivalentes a 460.000 bolívares fuertes. Finalmente, fue acogida la propuesta que obliga a todas las operadoras de telefonía fija y celular a crear unidades especiales para atender a los requerimientos del Ministerio Público en averiguaciones sobre secuestros. Las solicitudes deberán ser atendidas "en tiempo real". Devolver la norma. El penalista Fernando Fernández cree que el Presidente debería devolver al Poder Legislativo el proyecto de ley contra el secuestro y la extorsión, pues considera que fue redactada de espaldas a las víctimas. El abogado criticó la criminalización de las personas que paguen rescates, tal como está señalado en el artículo 11 de la norma. Indicó que para las personas que tienen a algún familiar secuestrado lo más importante es impedir que la situación se prolongue. "Esta ley deja inermes al secuestrado y a sus familiares. Mientras tanto, el Estado no da muestras de haber mejorado su eficacia en el combate a este delito. Es un callejón sin salida", afirmó. Indicó que hasta ahora ninguna norma penal en el país obliga al ciudadano a denunciar delitos, a menos que sea un funcionario público. Para Fernández, la ley incrementará el número de casos que no son conocidos por las autoridades, lo que se denomina cifra negra. |
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