¿Cálculo final?

Por Venezuela Real - 17 de Agosto, 2008, 9:42, Categoría: Política Nacional

Domingo Fontiveros
El Universal
17 de agosto de 2008

El Gobierno apuesta a que la población se canse de resistir sus empujones socialistas

El Gobierno agotó el tiempo hábil de su Ley Habilitante, después de haber fracasado en su proyecto de constitución para acceder al poder total. En la disyuntiva entre ajustarse a la Constitución o persistir en propósitos autoritarios, optó a última hora por anunciar las 26 leyes-decreto, conociendo que la sustancia de las mismas no cabe en el marco constitucional, y publicándolas a la postre fuera del lapso otorgado.

Haciendo un mal cálculo, ha vuelto a equivocarse políticamente, a incurrir en grosero abuso de poder y a sumergirse abiertamente en el tremedal de la inconstitucionalidad.

Al menos cuatro macro-objetivos se disciernen de las exposiciones de motivos que acompañan a varias de estas leyes. Allí están las aspiraciones, la intención real, el "leit motiv" de este régimen, similares a los del proyecto de Constitución rechazado en referéndum en diciembre pasado.

El primero que destaca entre estos motivos es la construcción del socialismo como sistema. Esta motivación es, no obstante, espúrea. La Constitución vigente plantea la construcción de una sociedad justa, plural, libre y democrática. Para nada habla de socialismo, aparte de lo que ello signifique, porque de entrada tal propósito es excluyente de cualquier otro sistema concebible.

El segundo tiene que ver con la definición del socialismo propuesto.

Allí, la propiedad privada queda desprotegida y avasallada en el espíritu y letra, mientras se acrecienta la propiedad del Estado y de la tutelada por él. Este propósito contradice las garantías consagradas en la Constitución vigente a la propiedad privada.

El tercero proviene de la proclamación de la "planificación centralizada" como instancia principal para la asignación y distribución de recursos en importantes sectores de la economía, extensible a otros sectores no explícitamente incluidos en este nuevo "paquete" de decretos. El mercado, como mecanismo para la negociación de los derechos de propiedad privada, está consagrado en la Constitución vigente, y la planificación autoridad superior anula esta previsión medular.

El último de los más relevantes, es la creación de autoridades ejecutivas con competencias territoriales que de facto se superponen a las autoridades constitucionalmente previstas y electas a nivel de estados y municipios, y deja sin efecto la descentralización administrativa que el principio organizativo del poder regional en la Constitución vigente.

Estas leyes han sido decretadas como si la Constitución vigente fuese la buscada fallidamente el año pasado, y no la de 1999 que mantiene su vigor. Es decir, el "sistema" que el régimen se empeña en imponer no está autorizado por la Constitución, y fue explícitamente rechazado por la mayoría en referéndum. La tenacidad que muestra el régimen en estas materias sigue, de paso, provocando resultados económicos crecientemente deletéreos para todo el país.

El Gobierno apuesta a que la población se canse de resistir sus empujones socialistas, totalitarios y centralistas. El pueblo, por su parte, haría mal en apostar a que el Gobierno cese en su empeño. La dirigencia democrática está, por tanto, obligada a defender a la gente sin cansancio y a derrotar al Gobierno cuántas veces sean necesarias, política y electoralmente, hasta que se encuentre la salida de este callejón.





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